EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Donald Trump ha amenazado este jueves con imponer un arancel del 100% a todos los bienes de cualquier país de la UE que apruebe un impuesto digital a los gigantes tecnológicos estadounidenses.
- ¿Quién está detrás? La Casa Blanca, amparándose en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, responde al creciente empuje del Parlamento Europeo para crear un gravamen digital comunitario de hasta 43.000 millones de euros.
- ¿Qué impacto tiene? La advertencia pone en jaque el recién cerrado acuerdo arancelario entre la UE y Washington y tensa las relaciones transatlánticas en un momento en que España —y otros cinco Estados miembros— ya aplican su propia tasa digital.
Donald Trump ha encendido este jueves una nueva mecha en la guerra comercial con Europa. El presidente de Estados Unidos ha prometido un arancel del 100% a las mercancías de cualquier país de la Unión que grave la facturación de las tecnológicas estadounidenses, un movimiento que, de cumplirse, anularía los acuerdos comerciales bilaterales e inflamaría las ya tensas relaciones transatlánticas. La escalada retórica irrumpe apenas unas horas después de que EXPANSIÓN desvelase la presión del Parlamento Europeo para alumbrar un impuesto digital paneuropeo de hasta 43.000 millones de euros.
La amenaza del magnate republicano no es nueva, pero adquiere una dimensión distinta por la inminencia de la propuesta comunitaria. “Cualquier país que imponga dicho impuesto se enfrentará inmediatamente a un arancel del 100% sobre todos los bienes enviados a los Estados Unidos”, ha escrito Trump en su red social Truth. Apoyándose en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que permite represalias comerciales si se considera que una tasa discrimina a empresas estadounidenses, el presidente advierte que “los acuerdos comerciales firmados quedarán anulados”.
El ‘tasazo’ europeo que ha encendido las alarmas en Washington
La iniciativa que exaspera a Washington se cuece en el hemiciclo de Estrasburgo. La Eurocámara está movilizando a los colegisladores —Comisión y Consejo— para diseñar un impuesto europeo sobre servicios digitales que sustituya el mosaico de tasas nacionales que ya existe en seis Estados miembros: España, Francia, Italia, Austria, Hungría y, en ciertos casos, el Reino Unido. El objetivo declarado es evitar la fragmentación fiscal y dar un blindaje jurídico a los países frente a eventuales represalias individuales de la administración estadounidense.
Sin embargo, el volumen potencial del gravamen —hasta 43.000 millones de euros, según fuentes parlamentarias— ha disparado todas las alertas. Para España, el impuesto no es una hipótesis de laboratorio: Madrid ya aplica la conocida como tasa Google, un 3% sobre los ingresos por publicidad en línea y venta de datos. Si Bruselas unifica el criterio, nuestro país reduciría el riesgo de quedar señalado aisladamente, pero pasaría a estar en el mismo barco que el resto del bloque si Trump cumple su amenaza.
La vieja disputa fiscal que envenena las negociaciones comerciales
La propuesta europea revive un contencioso que Washington lleva años ventilando. Ya en abril, Trump amenazó al Reino Unido con un “gran arancel” por su tasa digital, y hace apenas diez días puso el foco en el vino francés si París no desmantelaba su gravamen del 3%. El Parlamento Europeo, al impulsar una tasa continental, busca diluir ese señalamiento país por país, pero el efecto puede ser exactamente el contrario: un choque frontal con toda la UE.
De fondo late el gran fracaso de la vía multilateral. La Unión Europea trató de coordinar con la OCDE un impuesto global a los servicios digitales que contentase a todos. Aquella negociación se estancó y ha quedado “paralizada”, lo que empujó a distintas capitales a lanzar sus propias iniciativas. Ahora, el camino unilateral europeo coincide con el enésimo giro proteccionista de la Casa Blanca, justo cuando Bruselas acababa de sellar un acuerdo arancelario con Estados Unidos —firmado, pero aún por implementar en muchos de sus capítulos— que esta amenaza podría desbaratar de raíz.
Si Europa avanza con el gravamen digital, el arancel del 100% no solo borrará las últimas concesiones comerciales; convertirá a la UE en el primer campo de batalla del proteccionismo trumpista a gran escala.
El Eje del Poder Europeo
La andanada de Trump desnuda de nuevo las costuras internas de la Unión. Mientras Francia, España e Italia llevan tiempo reclamando que las grandes plataformas tributen donde generan valor, los países frugales del norte —con Países Bajos, Irlanda y los nórdicos a la cabeza— siempre han mirado con recelo cualquier impuesto que pudiera alejar inversiones tecnológicas o desencadenar guerras comerciales. El pulso de la Eurocámara consigue alinear momentáneamente a las dos almas del bloque, pero a costa de poner a todos bajo la misma diana de la administración estadounidense.
Para España, la aritmética es delicada. La tasa Google representa una fuente de ingresos modesta —unos mil millones al año—, pero su eliminación adecuaría las cuentas a los nuevos márgenes que exige el Pacto de Estabilidad recién reformado. Ahora, sin embargo, Madrid puede estar a punto de perder mucho más: la amenaza arancelaria sobre las exportaciones agroalimentarias, el automóvil o el vino supera con creces cualquier rédito fiscal. Fuentes comunitarias consultadas por esta redacción advierten de que la Comisión Europea prepara contramedidas de urgencia —incluyendo una lista negra de productos estadounidenses—, pero nadie en Bruselas quiere ser quien apriete el botón de una guerra comercial a gran escala mientras los fondos Next Generation siguen necesitando estabilidad macroeconómica.
La lectura estratégica va más allá de las cifras de hoy. El giro de la Casa Blanca empuja a la Unión a una encrucijada conocida: elegir entre defender su autonomía regulatoria o proteger sus exportaciones. La crisis del Boeing-Airbus o los aranceles al acero bajo la Administración Biden mostraron que la UE sabe manejar la escalada, pero en aquel momento la amenaza nunca se acercó al 100% de todos los bienes. Ahora, con la legislatura comunitaria a mitad de recorrido y el Parlamento Europeo presionando para dar un golpe de efecto fiscal, la decisión puede marcar el modelo de relación transatlántica para la próxima década.
La Comisión tiene sobre la mesa la posibilidad de activar el Mecanismo de Control de Inversiones Extranjeras o de acelerar la entrada en vigor de la Ley de Servicios Digitales como barreras indirectas. Mientras tanto, Trump repite su libreto de 2018: señalar a Europa como un actor hostil que “se aprovecha” de Silicon Valley. El conflicto está servido y las próximas semanas serán cruciales. El Ecofin de julio, las cumbres del G7 y la reacción del Consejo Europeo dictarán si estamos ante una nueva etapa de guerra comercial o si, por el contrario, la diplomacia encuentra un último resquicio para un acuerdo global que ya se da por muerto.
En Moncloa, la amenaza se sigue con máxima atención. El Gobierno lleva meses defendiendo en Bruselas la necesidad de un marco europeo que no deje desnudos a los países del sur frente a Washington, pero ahora teme que el remedio sea peor que la enfermedad. La vicepresidenta económica ha convocado una reunión de urgencia con las patronales agrícola y del automóvil, los dos sectores más expuestos a un arancel plano del 100%. La factura potencial para las exportaciones españolas podría superar los 35.000 millones de euros, según cálculos de las organizaciones empresariales. Una cifra suficientemente alta como para que la diplomacia europea intente, una vez más, desactivar el ultimátum antes de que sea tarde.
