La Audiencia Nacional ha obligado a Alcoa a devolver 36,6 millones de euros en ayudas compensatorias por emisiones de CO2 a la planta de aluminio de San Cibrao, en Lugo. La sentencia, fechada el 25 de mayo de 2026 y conocida este jueves, respalda al Ministerio de Industria y condena en costas a la multinacional estadounidense.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Audiencia Nacional confirma que Alcoa debe reintegrar 36,6 millones de euros más intereses de demora, correspondientes a las ayudas al CO2 de 2017, 2018 y 2019.
- ¿Quién está detrás? El Ministerio de Industria, que en 2021 ya reclamó la devolución al considerar que la empresa incumplió las bases de la subvención.
- ¿Qué impacto tiene? La sentencia refuerza la política nacional de recuperación de ayudas públicas en industrias electrointensivas y abre un nuevo capítulo en la conflictiva relación entre Alcoa y San Cibrao.
Un fallo que cierra la vía judicial a Alcoa
La Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional considera «ajustada a derecho» la resolución del Gobierno que exigió la devolución de las compensaciones por costes indirectos de CO2. La razón principal es que Alcoa comunicó en octubre de 2020 un despido colectivo y paralizó las cubas electrolíticas, lo que supuso el cese de la producción de aluminio bruto. El tribunal recuerda que ese ERE fue anulado posteriormente por el TSXG y el Tribunal Supremo, pero subraya que «el incumplimiento viene determinado por la comunicación de la decisión empresarial de despido colectivo, y no por la comunicación individual a cada trabajador».
La empresa alegaba que al ser anulado el ERE, la comunicación de despido debía considerarse inexistente. Sin embargo, la Audiencia rechaza esa interpretación y apunta a la «mala fe» detectada por el TSXG al calcular el porcentaje de afectados para eludir la devolución de las ayudas, sin que eso impidiera el cierre de las cubas. De hecho, la multinacional no ha negado que la planta paró por completo la actividad de electrolisis.
San Cibrao, un conflicto industrial de largo recorrido
La decisión judicial afecta de lleno al complejo de San Cibrao, en el municipio lucense de Cervo, donde Alcoa completó hace menos de un año el rearranque parcial de la factoría, cuatro años después de la parada y con un calendario más lento del pactado. La ayuda por emisiones indirectas de CO2 estaba vinculada al mantenimiento de la producción de aluminio bruto, que representa el 99 % del consumo eléctrico de la planta.
El cierre total de las cubas electrolíticas supuso la pérdida de la actividad subvencionable, que consumía el 99 % de la electricidad de la planta.
La sentencia recoge que la paralización de las cubas entró «en clara contradicción con la motivación principal» del decreto de concesión de ayudas, diseñado para proteger a la industria electrointensiva de los costes de los derechos de emisión. La Audiencia no solo confirma el reintegro de 36,6 millones de euros, sino que impone las costas procesales a Alcoa y deja abierta la posibilidad de recurso de casación.
El Laboratorio Gallego
La sentencia sobre Alcoa tiene una lectura que va más allá del perímetro de la fábrica lucense. Galicia concentra algunas de las instalaciones electrointensivas más relevantes de España: desde la aluminera de San Cibrao hasta las factorías de Ferroatlántica en A Coruña o la propia metalurgia en la ría de Ferrol. El fallo de la Audiencia Nacional asienta un criterio jurídico que puede marcar otros expedientes de reintegro de ayudas al CO2 en el conjunto del Estado.
El Gobierno gallego, que ha seguido el caso de cerca desde el anuncio del ERE, ha defendido históricamente la viabilidad de San Cibrao como polo industrial. La resolución conocida este jueves devuelve presión a la Xunta para garantizar que la fábrica cumpla los compromisos de producción y empleo, al tiempo que refuerza la política nacional de recuperación de fondos públicos cuando las condiciones cambian. La incógnita ahora es si Alcoa recurrirá en casación y cómo afectarán los 36,6 millones de devolución a las cuentas de la división de aluminio en España.
Ficha del Caso
- El caso: La Audiencia Nacional confirma la devolución de 36,6 millones en ayudas al CO2 concedidas a Alcoa entre 2017 y 2019, tras la comunicación del ERE y la parada de las cubas en San Cibrao.
- Datos importantes: Resolución de Industria de 2021; sentencia del TSXG que anuló el ERE por mala fe; cierre total de la producción de aluminio bruto, el 99 % del consumo eléctrico subvencionado.
- Resumen: El fallo refuerza la capacidad del Estado para reclamar ayudas a la industria electrointensiva cuando se interrumpe la actividad, un precedente con implicaciones para toda España y un nuevo episodio en la crisis industrial de la Mariña lucense.
