EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Parlamento Europeo ha aprobado por 646 votos a favor la revisión de los derechos de los pasajeros aéreos, que simplifica indemnizaciones por retrasos, obliga a incluir el equipaje de mano en todos los billetes y garantiza asientos gratuitos para niños.
- ¿Quién está detrás? El acuerdo, fruto de un trílogo (negociación a tres entre Comisión, Consejo y Eurocámara) en el Comité de Conciliación, contó con un respaldo casi unánime de los eurodiputados.
- ¿Qué impacto tiene? Las nuevas normas beneficiarán directamente a los viajeros españoles: agilizan los reembolsos, prohíben cobrar por corregir erratas y obligan a las aerolíneas a sentar juntos a los niños menores de 14 años con sus acompañantes.
La Eurocámara dio un paso histórico esta semana al aprobar la mayor actualización en dos décadas de los derechos de los pasajeros aéreos. Con 646 votos a favor, 12 en contra y 3 abstenciones, el pleno de Estrasburgo confirmó el acuerdo alcanzado con el Consejo de la UE en el Comité de Conciliación, que refuerza las indemnizaciones por retraso, garantiza el equipaje de mano en todos los billetes y obliga a las aerolíneas a sentar gratis a las familias con niños.
Indemnizaciones más claras y equipaje de mano sin sobrecoste
El corazón de la reforma es el blindaje de los derechos que los viajeros ya conocían desde 2004, pero con una aplicación más sencilla. Las compañías aéreas seguirán debiendo compensar los retrasos superiores a tres horas, las cancelaciones sin preaviso de 14 días y las denegaciones de embarque. Las cuantías se mantienen: 250 euros para vuelos de hasta 1 500 kilómetros, 400 euros para trayectos intracomunitarios de más de 1 500 km o entre 1 500 y 3 500 km fuera de la UE, y 600 euros para los trayectos más largos. Las aerolíneas podrán reducir esas indemnizaciones en un 50% si ofrecen un transporte alternativo que no retrase al pasajero más de cuatro horas.
La gran novedad para los consumidores es la inclusión automática del equipaje de mano. A partir de ahora, todos los billetes deberán mostrar, desde el primer paso de la reserva, el precio final con una pieza de mano —un bolso o mochila pequeños— incluida. Las aerolíneas solo podrán ofrecer tarifas más baratas si el pasajero decide voluntariamente viajar sin ese bulto. Además, se prohíbe cobrar por corregir erratas en el nombre del billete y se garantiza la posibilidad de obtener la tarjeta de embarque en formato digital o impreso, sin que la compañía pueda exigir una cuenta de usuario o una aplicación específica.
Los pasajeros que elijan el reembolso en lugar de un vuelo alternativo lo recibirán de forma automática. Y, en un plazo de cuatro días desde la finalización del viaje, las aerolíneas deberán enviar instrucciones claras sobre cómo presentar una solicitud de compensación. Las reclamaciones podrán presentarse hasta nueve meses después del incidente, y las compañías tendrán 30 días para pagar o para alegar —y detallar— circunstancias extraordinarias.
Familias y pasajeros vulnerables, con más protección
Uno de los puntos más aplaudidos por las asociaciones de consumidores es la obligación de sentar juntos sin coste adicional a los niños menores de 14 años y a sus acompañantes. La misma garantía se extiende a las personas con discapacidad, movilidad reducida y mujeres embarazadas. Si el aeropuerto no asiste a un pasajero con movilidad reducida y este pierde el vuelo, la aerolínea deberá compensarle y realojarlo.
La reforma también aclara que ya no se podrá denegar el embarque a quien presente una copia impresa de una tarjeta de embarque digital. Y se consagra el derecho a utilizar el vuelo de regreso de un billete de ida y vuelta aunque no se haya hecho el trayecto de ida, sin penalización.
La Eurocámara no ha ampliado derechos alocados: ha cerrado los agujeros que la industria aérea llevaba dos décadas explotando a costa del pasajero.

Las circunstancias extraordinarias que eximen de compensación —como desastres naturales, guerras, condiciones meteorológicas extremas o huelgas de controladores— se recogen en una lista abierta. Las aerolíneas no pagarán, pero sí deberán asistir al viajero: bebida cada dos horas, comida tras tres horas y en grandes retrasos, alojamiento en hotel durante un máximo de tres noches.
El Eje del Poder Europeo
La aplastante mayoría de la votación —646 eurodiputados a favor— no oculta el pulso de fondo que esta norma ha librado durante más de trece años. Desde que la Comisión Europea presentó la primera propuesta de reforma en 2013, las aerolíneas tradicionales y las de bajo coste han tensado la cuerda. Las primeras temían perder competitividad; las segundas, ver erosionado su margen con el equipaje de mano obligatorio. El Parlamento ha inclinado la balanza del lado del consumidor y ha impuesto reglas de transparencia que afectan directamente a los buscadores y agencias de viaje online.
Para España, primer destino turístico del mundo, el impacto es doble. Los millones de pasajeros que cada año transitan por Barajas, El Prat o Palma de Mallorca contarán con una protección más musculosa. A la vez, aerolíneas como Vueling o Iberia Express —y también Ryanair, que opera cientos de rutas desde aeropuertos españoles— tendrán que adaptar sus estructuras tarifarias. El reglamento no obliga a ofrecer una maleta de cabina grande sin coste, pero garantiza que un artículo personal pequeño viaje siempre incluido, algo que hasta ahora muchas compañías ofrecían como extra de pago.
El bloque del sur, con España, Italia y Grecia a la cabeza, ha defendido los derechos de los viajeros como parte de su oferta turística. Los países del norte, más centrados en la puntualidad de sus aerolíneas de bandera, presionaron para mantener las exenciones por huelgas de tráfico aéreo. El texto final deja claro que esas huelgas no generarán indemnización. La votación de esta semana demuestra que, cuando el Parlamento logra un consenso cercano a la unanimidad, el Consejo suele plegarse. Ahora, el trámite final corresponde al Consejo, que se espera ratifique el texto a principios de agosto. Veinte días después de su publicación en el Diario Oficial, el reglamento entrará en vigor, y los Estados miembros y las empresas dispondrán de un año para aplicarlo plenamente.

