Vox consiguió derogar la ley de memoria histórica en Baleares, un hito legislativo clave, pero el Tribunal Constitucional ha suspendido su aplicación al admitir el recurso del Gobierno de Pedro Sánchez. La decisión del tribunal de garantías supone un freno judicial inmediato a una de las promesas electorales más relevantes del partido en las Islas.
La derogación de la ley de memoria histórica, un compromiso electoral de Vox
El Parlamento de Baleares aprobó a finales de 2025 la derogación de la ley de memoria democrática vigente desde 2018, bajo el Govern de la socialista Francina Armengol. Aquella normativa incluía la elaboración de un censo de elementos «franquistas» para retirarlos y prohibía actos y homenajes. Para Vox se trataba de una herramienta de confrontación que utilizaba fondos públicos para imponer una lectura sectaria del pasado.
La derogación fue un compromiso electoral fundamental de Vox en Baleares. Según fuentes del partido, la medida «devuelve las Islas al marco de la neutralidad institucional, evitando que el dinero de todos se use para promocionar una visión sesgada de la historia». Con ella, la formación cumplía uno de los grandes hitos de la legislatura y reforzaba su discurso de desmantelar lo que considera políticas de división.
El Constitucional suspende la derogación a petición del Gobierno
El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno el 9 de junio y ha acordado la suspensión de la ley autonómica. La medida entra en vigor desde la fecha de interposición y será plenamente efectiva cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El Ejecutivo de Sánchez alegó que la derogación vulnera los principios de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Con esta decisión, la ley de memoria de 2018 recupera su vigencia de forma inmediata, al menos mientras el tribunal de garantías resuelve el fondo del asunto.
La suspensión supone un mazazo judicial para una de las conquistas legislativas de Vox en la presente legislatura. El partido, no obstante, mantendrá su línea argumental y defenderá la autonomía parlamentaria de las comunidades para revisar normativas que considera contrarias a la concordia.
La suspensión frena uno de los logros parlamentarios más simbolicos de Vox en la legislatura, tras un intenso pulso político en Baleares.
La estrategia de Vox ante el control constitucional
La batalla se traslada ahora al terreno jurídico. Vox confía en que el Constitucional respete el margen de actuación de las cámaras autonómicas y en que la ponderación de los principios en liza acabe dando la razón a la mayoría parlamentaria que aprobó la derogación. Fuentes del grupo parlamentario balear consultadas por Moncloa.com subrayan que la medida contó con un respaldo mayoritario en la Cámara y que el recurso del Gobierno busca neutralizar políticas que no comparte.
Este episodio se suma a la lista de choques entre el Gobierno de Sánchez y las iniciativas autonómicas impulsadas por Vox. Lejos de debilitar al partido, la dirección nacional ve en estas suspensiones una oportunidad para reforzar su discurso de oposición sin complejos y para señalar lo que consideran un uso partidista de las instituciones del Estado. La decisión del Constitucional, por tanto, aviva un debate que Vox quiere mantener vivo de cara al próximo ciclo electoral.
