El Gobierno Vasco rechazó este viernes el pago de 51 millones de euros correspondientes a las liquidaciones de 2023 y 2024 del Fondo de Cohesión Sanitaria (FCS) y del Fondo de Garantía Asistencial (FOGA). La posición la ha hecho pública el consejero de Salud, Alberto Martínez (PNV), durante la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Qué son el FCS y el FOGA y por qué Euskadi se niega a pagar
El FCS se creó mediante el Real Decreto 1207/2006 para cubrir los gastos derivados de la atención a pacientes desplazados a otra comunidad por no existir en la suya centros de referencia para determinadas patologías. El FOGA, aprobado en 2012, compensa los desplazamientos temporales, como los ocasionados por vacaciones. Osakidetza atendió entre 2023 y 2024 a 130.952 pacientes procedentes de otras autonomías, según los datos facilitados por el Departamento de Salud.
Martínez ha argumentado que el modelo actual es “injusto y poco transparente” y que penaliza a las comunidades que declaran todos los casos. “No podemos respaldar un modelo de compensación de esta magnitud sobre una base legal tan frágil y tan poco clara. Sería irresponsable con Euskadi y con el propio Sistema Nacional de Salud”, ha sostenido.
Las cifras que sustentan la queja vasca
En la liquidación anterior del FCS, Euskadi aportó 169 millones de euros, el 60 % del total recaudado, a pesar de representar apenas el 5 % de la población. “Superamos la suma de trece comunidades autónomas juntas”, han apuntado desde el Gobierno vasco. El consejero ha insistido en que no se trata de una “discrepancia coyuntural” sino de una enmienda estructural, y ha recordado que en 2025 el propio secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, calificó de “vital importancia” repensar el mecanismo.
Sin embargo, un año después, “no se ha producido ningún avance en este ámbito”, ha lamentado Martínez, quien ha subrayado que se “perpetúa” un problema “sin ningún tipo de cobertura legal”. La parte vasca también ha señalado que el Tribunal de Cuentas ya advirtió de las deficiencias del sistema, sin que se haya creado el grupo de trabajo anunciado.
Euskadi puso el 60 % del dinero del FCS en la última liquidación, más que trece comunidades autónomas juntas.
El eco político: Madrid se suma al ‘no’ y el frente con el Ministerio
La postura vasca ha encontrado apoyo en otras comunidades. “Madrid se suma al no”, han celebrado desde el Ejecutivo de Vitoria, en alusión al Gobierno de la Comunidad de Madrid, liderado por el PP. El consejero ha asegurado que ha conseguido sumar a “otras comunidades” a su reclamación, sin precisar cuáles.
Martínez mantiene varios frentes abiertos con la ministra de Sanidad, Mónica García (Sumar), y ya en 2025 pidió la revisión del FCS al comprobar que Euskadi pagó 169 millones. “No cuestionamos la existencia de mecanismos de cohesión y garantía, sino la forma en la que se están calculando y liquidando, sin el rigor normativo que exigen sus importantes repercusiones económicas”, ha explicado.
El Departamento de Salud vasco ha insistido en que las estimaciones no son homogéneas y que las comunidades cumplidoras que declaran todas las asistencias pueden resultar perjudicadas. La Comisión Mixta del Concierto Económico no tiene competencias directas sobre esta materia, pero el pulso entre Euskadi y el Ministerio añade un nuevo capítulo a las tensiones financieras entre ambas administraciones.
