El turismo en Canarias es un espejo con dos caras perfectamente nítidas: por un lado, los registros de pernoctaciones baten marcas año tras año y consolidan al archipiélago entre los destinos más deseados de Europa; por otro, la presión sobre la vivienda y el territorio no deja de crecer, alimentando un malestar social que ya se ha expresado en las calles. Los últimos datos de la agencia estadística europea (Eurostat) sitúan a Canarias como la cuarta región europea con mayor densidad de pernoctaciones en viviendas turísticas, con alrededor de 13.000 noches reservadas por cada 1.000 habitantes, un volumen que casi duplica la intensidad que se observa en otras zonas turísticas del país.
El crecimiento es especialmente llamativo si se observa la serie histórica: **en apenas siete años, las reservas a través de plataformas como Airbnb, Booking y Expedia se han multiplicado por dos**, un ritmo que no se corresponde con el aumento de la oferta de vivienda residencial. El geógrafo Agustín Cocola, de la Universitat Rovira i Virgili, sostiene que «el alquiler turístico ya ha transformado estructuralmente muchos mercados locales y, aunque el crecimiento se frene, el volumen acumulado sigue siendo muy alto». La isla de Tenerife ilustra esa transformación con toda crudeza: entre 2018 y 2025, las pernoctaciones en viviendas vacacionales pasaron de 5,4 a 12,5 millones, un incremento del 132,9% que convierte a la provincia de Santa Cruz de Tenerife en una de las que más actividad registran en España.
13.000 noches por cada 1.000 habitantes y un turista que se queda más tiempo
La presión no se reparte de manera uniforme. Puerto de la Cruz, en Tenerife, aparece ya como la séptima ciudad española con mayor intensidad de viviendas turísticas, después de que las noches de estancia por habitante crecieran un 106,9% en el mismo periodo. **El 60% de las reservas procede de visitantes internacionales, pero el turismo nacional también ha ganado peso**: las pernoctaciones de españoles en este tipo de alojamiento se han más que duplicado desde 2018, contribuyendo a una demanda que no entiende de temporadas cortas. Los extranjeros han pasado de una estancia media de 11,2 noches en 2018 a más de 23 días en 2025, un dato que el investigador Claudio Milano vincula con el fenómeno de los «nómadas digitales y residentes flotantes» que tensionan aun más el mercado.
Canarias acumula, además, una marcada estacionalidad que agrava la sensación de colapso. Los turistas foráneos prefieren los meses de invierno —diciembre y enero son los picos históricos—, mientras que los españoles se concentran en julio y agosto. Incluso en pleno verano, por cada 1.000 habitantes pernoctan 189 extranjeros más que españoles, lo que explica por qué la oferta residencial disponible para la población local se reduce de forma casi permanente.
Una ley que frena licencias pero no rebaja la presión
El Gobierno de Canarias, presidido por Fernando Clavijo (Coalición Canaria), respondió a las masivas protestas ciudadanas con la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas. La norma prohíbe nuevas altas de pisos turísticos durante al menos cinco años —salvo que los ayuntamientos acrediten que existe margen— y veta por completo el uso vacacional en viviendas protegidas (VPO). Además, impone un tope general del 10% por municipio y entrega el control del suelo residencial a las comunidades de vecinos y a los alcaldes.
Sin embargo, la medida ha logrado contener el ascenso de la oferta, pero no ha rebajado la crisis de la vivienda. El antropólogo Claudio Milano advierte de que «nunca hubo tanta presión como en los últimos 15 años», y señala que las plataformas turísticas «se meten en nuestras fincas» al convertir viviendas residenciales en activos vacacionales. **La fiscalización sigue siendo el gran punto débil**: las multinacionales carecen de sede fiscal en España y, como apunta el economista Pablo Tucat, «es complicado aplicar medidas disuasorias fiscales y existe una falta de fiscalización real del cumplimiento».
El alquiler turístico ya ha transformado estructuralmente muchos mercados locales y el volumen acumulado sigue siendo muy alto.
El Pulso Territorial
El archipiélago gobernado por Clavijo —cuya coalición con el PP y la Agrupación Socialista Gomera le otorga estabilidad parlamentaria— enfrenta un dilema que va mucho más allá de una estadística de Eurostat. La presión de las viviendas turísticas, que ya alcanza las 13.000 noches por cada 1.000 habitantes, es casi el doble de la que soportan otras comunidades turísticas del país, lo que sitúa a Canarias en una posición de riesgo estructural. La comparación con otras autonomías insulares cubiertas por este diario —como las Islas Baleares, donde la saturación turística también genera protestas— evidencia que el problema no es exclusivo de un territorio, sino una tensión común a los modelos de monocultivo turístico.
La incertidumbre sobre la eficacia real de la moratoria de licencias es la gran pregunta. Ningún indicador de mercado muestra aún un abaratamiento de los alquileres residenciales, y los especialistas consultados coinciden en que se trata más de una fase de ajuste que de un cambio de tendencia. Las próximas elecciones autonómicas están previstas para 2027, y el debate sobre el reparto de la riqueza turística promete ocupar un lugar central en la campaña. Mientras tanto, la tensión social se mantiene latente: las manifestaciones de los últimos años no han cesado del todo y los colectivos vecinales exigen medidas más drásticas. El pulso entre el derecho a la vivienda y el motor económico del archipiélago apenas acaba de empezar.
Ficha Autonómica
- El caso: Canarias se ha consolidado como la cuarta región europea con más pernoctaciones en viviendas turísticas, con 13.000 noches por cada 1.000 habitantes. Las reservas en plataformas como Airbnb se han duplicado desde 2018, agravando la crisis de acceso a la vivienda.
- Datos importantes: Tenerife concentra el mayor volumen de pernoctaciones (12,5 millones en 2025, un 132,9% más que en 2018). El Gobierno de Canarias aprobó la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, que congela nuevas licencias durante cinco años y fija un tope del 10% por municipio.
- Resumen: Aunque la ley ha frenado la expansión de la oferta turística, no ha logrado rebajar los precios del alquiler ni reducir la presión sobre el parque residencial. Los expertos apuntan a una fase de ajuste, no a un cambio de tendencia, mientras la fiscalización real sigue siendo un desafío.
