EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Los embajadores de los Estados miembros han acordado el 21.º paquete de sanciones contra Rusia, el primero sin el veto de Hungría. Incluye restricciones energéticas, la ampliación de la lista negra a 32 bancos rusos y 42 buques, y mantiene el tope al crudo en 44,10 dólares por barril.
- ¿Quién está detrás? La propuesta la ha impulsado la Comisión Europea con el respaldo mayoritario del Consejo. Grecia y Portugal han negociado exenciones clave; Francia, Italia, Austria y Bulgaria han matizado otros aspectos.
- ¿Qué impacto tiene? Para España, el alcance es indirecto, pero la decisión consolida la presión económica sobre Moscú y pone a prueba la cohesión interna de la UE justo cuando las divergencias nacionales se hacen más visibles.
El Consejo de la Unión Europea ha dado luz verde este jueves a un nuevo capítulo de presión contra el Kremlin. Los embajadores de los Veintisiete han alcanzado el acuerdo sobre el 21.º paquete de sanciones, a la espera de su formalización por el procedimiento escrito. Por primera vez en meses, Hungría no ha ejercido su veto: la derrota electoral de Viktor Orbán ha descongelado un mecanismo que en esta ronda ha sacado a la luz las discrepancias de otros socios.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró el pacto recordando que, «en un momento en que Ucrania ha ganado impulso militar, nuestras sanciones siguen debilitando los cimientos económicos del esfuerzo bélico ruso». Bruselas añade 32 nuevos bancos rusos a la lista de entidades a las que se prohíben transacciones, 42 buques y varias empresas de criptomonedas vinculadas a la comercialización de petróleo.
La caída de Orbán y el nuevo tablero de las sanciones
Sin el bloqueo permanente de Budapest, los focos se desplazan hacia los intereses nacionales de otros Estados miembros. El paquete incluye la prórroga del tope al precio del barril de crudo ruso, fijado en 44,10 dólares, cuando su ajuste al mercado lo habría disparado a entre 58 y 65 dólares. La Comisión estima que esta medida costará a Moscú 3.500 millones de euros en doce meses, ya que el 20 % del crudo ruso es transportado por operadores comunitarios. Pero la negociación ha estado a punto de descarrilar por la oposición de Atenas.
Grecia obtuvo una exención de un año para que la naviera Dynagas pueda seguir transportando gas natural licuado ruso a terceros países. A cambio, el Gobierno heleno aceptó mantener el precio máximo del petróleo. La cesión, muy criticada por los defensores de una línea dura, evidencia que el fin del veto húngaro no disipa las fracturas: las traslada a la mesa pública.
Pescado, patriarcas y bancos: los otros vetos que regresan
Portugal, con el respaldo de Alemania y Polonia, frenó la propuesta de prohibir las importaciones de pescado ruso, alegando que la medida dañaría más su industria del bacalao que a los intereses rusos. La Comisión cedió. Mientras, Bulgaria bloqueó la inclusión del patriarca Kiril en la lista de sancionados, por la afinidad histórica de la iglesia ortodoxa bulgara con la rusa. Y Austria mantiene vivo un contencioso: pide descongelar 2.000 millones de activos rusos como compensación por la multa impuesta por Moscú a Raiffeisen Bank International. La Comisión teme que eso pueda interpretarse como una relajación de las sanciones.
El paquete, finalmente, ha pospuesto la prohibición formal de entrada a combatientes rusos en la UE. Francia e Italia mostraron dudas sobre sus efectos para solicitantes de asilo, desertores y personas que busquen protección internacional. La medida queda en el aire.
Sin el veto hungaro, los socios comunitarios han vuelto a defender sus propios intereses con una franqueza que antes quedaba enterrada bajo la atención mediática de Budapest.
Más allá de las exenciones, la lectura estratégica apunta a un cambio de dinámica. La retirada del veto de Orbán no significa que la UE se alinee sin fisuras; más bien, muestra que las rebajas nacionales se negocian abiertamente tras la derrota electoral en Hungría. Para algunos analistas, la atención mediática que concentraban los vetos húngaros ocultaba la oposición soterrada de otros países en las rondas anteriores.
El Eje del Poder Europeo
El pulso interno en el Consejo coloca a los habituales ejes en posiciones cambiantes. El eje franco-alemán, que en esta ocasión ha respaldado la mayoría de las medidas, ha debido lidiar con las objeciones del sur: Grecia y Portugal han logrado contrapartidas que hace un año habrían sido impensables. Los frugales (Países Bajos, Austria, Finlandia) temen que estas concesiones agrieten la credibilidad del instrumento sancionador. Y los países del este, sin Hungría liderando las objeciones, han mantenido un perfil pragmático, salvo Polonia, que secundo a Berlín en la oposición al veto pesquero.
Para España, el paquete no impone costes directos reseñables, pero sí plantea un dilema de fondo. El Gobierno de Sánchez, tradicionalmente alineado con las posiciones más exigentes hacia Moscú, observa cómo los mecanismos de exención se multiplican cada vez que un socio grande aprieta. En Moncloa existe la preocupación de que esta dinámica erosione la unidad europea y dé argumentos a quienes, dentro de la propia UE, piden suavizar la presión.
Observamos un patrón similar al que se vivió durante el diseño del tope al gas en 2022: cada Estado acepta el principio de la sanción, pero negocia una salvedad para proteger sus intereses domésticos. La gran diferencia es que ahora el protagonista incómodo no es Budapest, sino un conjunto difuso de capitales que se sienten más libres para airear sus quejas. A medio plazo, si esta geometría variable se consolida, el valor disuasorio de los paquetes perderá fuerza.
La próxima cita relevante será la formalización del acuerdo por el Consejo los próximos días y, sobre todo, la cumbre de otoño, donde se espera que los líderes debatan la renovación automática de ciertas medidas. Entretanto, el debate sobre la coherencia de las sanciones está servido.
