El Parlament de Cataluña acelera para blindarse contra los discursos de odio en la última semana del periodo de sesiones. Representantes del PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP, que suman 107 de los 135 diputados, ultimaron este jueves una reforma del reglamento que busca dotar de mayor seguridad jurídica a las sanciones por manifestaciones que vulneren derechos fundamentales. La intención de los grupos es cerrar los flecos de la propuesta la próxima semana y presentarla, muy probablemente, de forma conjunta.
Un consenso amplio pero con líneas rojas
El principal escollo de la negociación ha sido delimitar qué se entiende exactamente por discurso de odio en el ejercicio de la función parlamentaria. Los partidos han tratado de trazar una frontera nítida entre la libertad de expresión de los diputados y aquellas intervenciones que puedan incitar a la discriminación o atentar contra la dignidad de otros parlamentarios. De la precisión de esa definición depende que la Presidencia del Parlament pueda activar el nuevo régimen sancionador sin que se cuestione su imparcialidad.
La reforma toma cuerpo después de que la Comisión del Estatuto de los Diputados considerase recientemente que Sílvia Orriols, líder de Aliança Catalana, y Joan Garriga, portavoz de Vox, vulneraron de forma leve el Código de Conducta de la Cámara. En el caso de Orriols, la infracción se derivó de unas declaraciones en las que acusó a la diputada de ERC Najat Driouech de “normalizar la misoginia y el fundamentalismo islámico” por llevar hiyab. El expediente de Garriga responde a dos episodios: la exhibición de carteles con el lema “Companys asesino” y unas palabras en el pleno de mayo de 2025 en las que vinculó al PSOE con el uso de dinero público para “drogas y prostitutas”.
Estos antecedentes han empujado a los grupos a buscar un mecanismo que traslade al Reglamento parte del régimen sancionador que ahora recoge el Código de Conducta. La idea es que no quede en un código de autorregulación de cumplimiento discutible, sino que tenga rango normativo pleno y aplicación directa por la Mesa del Parlament.
La reforma llega con un consenso insólito en una Cámara polarizada, pero la batalla real se librará en la primera sanción.
El espejo de Bruselas y el modelo sancionador
Los negociadores han mirado al Parlamento Europeo, cuyo Reglamento integra de forma unificada las normas de conducta y las sanciones. La regulación europea prohíbe el lenguaje ofensivo y prevé medidas que van desde la retirada de la palabra hasta la suspensión temporal de la actividad parlamentaria o la pérdida de indemnizaciones. El objetivo es replicar ese esquema: tipificar las conductas como leves, graves y muy graves, y articular un catálogo de sanciones que incluya amonestaciones públicas, multas de entre 600 y 12.000 euros y la posibilidad de proponer al pleno la suspensión temporal del diputado.
La principal novedad es que estas sanciones no dependerán exclusivamente de un expediente dilatado en el tiempo, sino que la Presidencia podrá intervenir de oficio cuando se produzca una intervención que encaje en los supuestos tipificados. Aunque los detalles aún se están perfilando, fuentes parlamentarias admiten que el mayor reto sigue siendo evitar que el sistema se convierta en una herramienta para silenciar al adversario político.
Lo que esta reforma silencia (y lo que grita)
Analizamos con detenimiento los movimientos de los grupos. El acuerdo entre PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP supone un frente común prácticamente inédito en esta legislatura, que deja aislados a Vox, Aliança Catalana y al PP. Pero la unanimidad aparente encierra tensiones subterráneas. La CUP, por ejemplo, siempre ha recelado de cualquier limitación a la libertad de expresión en sede parlamentaria, mientras que Junts y ERC compiten por ver quién se muestra más firme frente a la ultraderecha. El PSC, en cambio, necesita el acuerdo para proyectar una imagen de solidez institucional que refuerce al presidente Illa.
El precedente catalán más claro lo encontramos en la reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados de 2023, que incorporó la posibilidad de suspender a los parlamentarios que alterasen el orden de las sesiones. Aquella modificación se aplicó con criterios muy restrictivos y no evitó que algunos diputados siguieran bordeando los límites del decoro. El reto del Parlament es construir un sistema que, sin caer en la arbitrariedad, ponga coto a discursos que, como los de Orriols o Garriga, ya han sido considerados ilícitos por el propio órgano de garantías de la Cámara.
El riesgo de que la reforma acabe judicializada es alto. Cualquier sanción firme será recurrida ante el Tribunal Constitucional con el argumento de la inviolabilidad parlamentaria, y ahí es donde se pondrá a prueba la solidez jurídica de la nueva norma. La sensatez aconsejaría un despliegue gradual y muy prudente, pero la presión mediática y el clima polarizado pueden forzar decisiones precipitadas.
El siguiente hito será el registro de la proposición de reforma, probablemente la semana que viene. A partir de ahí, el calendario parlamentario marcará los tiempos, aunque el consenso alcanzado debería garantizar una tramitación rápida. Lo que está en juego no es solo la imagen de la Cámara catalana, sino el delicado equilibrio entre combatir el odio y preservar un debate libre. Y en ese equilibrio, la primera palabra que se calle marcará la segunda y la tercera. El Parlament se adentra en un territorio donde cada coma cuenta.
