EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? CCOO ha anunciado este viernes que recurrirá la ley que permite informes urbanísticos privados en Canarias, aprobada el miércoles por el Parlamento autonómico.
- ¿Quién está detrás? La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Canarias, con el respaldo de su estructura confederal. El Gobierno de Canarias, liderado por Coalición Canaria y el PP, impulsó la norma.
- ¿Qué impacto tiene? El recurso abre un frente judicial que puede paralizar la tramitación de licencias basadas en informes privados y cuestiona la privatización del control urbanístico en las islas.
El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha anunciado este viernes que emprenderá acciones legales contra la ley que permite a los promotores recurrir a informes urbanísticos privados en Canarias. La norma fue aprobada el miércoles en el Parlamento de Canarias con los votos a favor de los grupos que sostienen al gobierno de Fernando Clavijo (CC, PP, ASG y AHI), el rechazo del PSOE y Nueva Canarias (NC), y la abstención de Vox.
La ley, que nació de un decreto-ley del Gobierno de Canarias en abril de 2025, permite que los informes técnicos de conformidad urbanística —necesarios para obtener licencias de construcción— sean emitidos por colegios profesionales o entidades colaboradoras contratadas por el propio promotor, en lugar de ser elaborados exclusivamente por los servicios técnicos municipales. El objetivo oficial es agilizar la concesión de licencias. La crítica sindical, sin embargo, apunta en dirección contraria: se trata, según CCOO, de la «privatización» del control del suelo.
Una ley polémica que agiliza licencias pero debilita controles públicos
Para Comisiones Obreras, la nueva regulación supone «un paso decisivo en la privatización de funciones públicas esenciales para el control del territorio». El sindicato sostiene que estas funciones, históricamente reservadas a la Administración, quedarán ahora sometidas «a lógicas privadas y mercantiles» en un archipiélago con una elevada presión urbanística. De hecho, la norma permite que si el informe privado es favorable, no sea obligatorio un informe técnico municipal ni una verificación pública posterior.
Inés Trujillo, secretaria de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Canarias, subrayó que el mecanismo «desplaza a los servicios técnicos municipales en una materia vinculada al ejercicio de potestades públicas» y alertó de que la fórmula puede «alterar el régimen de equipamientos, dotaciones y usos del suelo». El sindicato también denuncia que obliga a los ayuntamientos a un acuerdo plenario si quieren rechazar un informe privado, lo que, a su juicio, «invade la autonomía local».
Las funciones que determinan qué se construye y bajo qué condiciones no deben convertirse en una prestación sujeta a rentabilidad.
El recurso de CCOO y los argumentos jurídicos
CCOO estudiará distintas vías jurídicas. El sindicato entiende que la ley conculca la doctrina del Tribunal Supremo sobre el ejercicio de potestades públicas y constituye «una huida del derecho administrativo», al trasladar funciones sometidas al estatuto de los empleados públicos a entidades de derecho privado. Además, advierte de que el sistema permite que los grandes promotores contraten los informes, mientras la ciudadanía queda en situación de desigualdad: el coste de los informes oscila entre el 0,5% y el 3% del presupuesto de ejecución.
La nueva normativa también establece que las viviendas calificadas como asequibles incentivadas lo serán solo durante siete años, tras los cuales, salvo excepciones, pasarán a ser viviendas libres. Para CCOO, la emergencia habitacional se utiliza «como coartada para crear un nuevo mercado en torno a las licencias», y la solución a la crisis de vivienda no debería pasar por «facilitar una vía de pago a los grandes promotores».
El Pulso Territorial
El choque entre el Gobierno de Canarias y CCOO no es un episodio aislado. La comunidad, gobernada por una coalición liderada por Coalición Canaria y el PP —con los apoyos puntuales de ASG y AHI—, ha apostado por desregular determinados controles administrativos para acelerar la construcción de vivienda. La ley de informes privados se suma a otras medidas de simplificación burocrática que han encontrado resistencia en los sindicatos y en los partidos de izquierda. El PSOE, principal fuerza de la oposición, y Nueva Canarias votaron en contra; Vox se abstuvo.
Canarias es la tercera comunidad con mayor presión turística y urbanística del Estado, según datos del INE, y la tensión sobre el suelo es especialmente intensa en las islas capitalinas. La decisión de abrir el control urbanístico a agentes privados se produce, además, en un contexto en el que otras comunidades como Baleares también ensayan fórmulas de colaboración público-privada en la gestión del territorio, aunque ninguna ha llegado tan lejos como para eliminar la obligatoriedad del informe público favorable. El recurso que anuncia CCOO puede sentar un precedente: si los tribunales le dan la razón, la norma podría quedar suspendida, con efectos inmediatos sobre las licencias en tramitación. Las próximas elecciones autonómicas, previstas para 2027, añaden una capa de incertidumbre al futuro de esta ley.
Ficha Autonómica
- El caso: CCOO recurre la ley canaria que permite informes urbanísticos privados para la obtención de licencias de construcción. La norma fue aprobada esta semana con la oposición de PSOE y NC y la abstención de Vox.
- Datos importantes: El decreto-ley data de abril de 2025; ahora tramitado como proyecto de ley. Los informes pueden costar entre el 0,5% y el 3% del presupuesto de obra. Las viviendas asequibles incentivadas solo mantienen esa calificación durante siete años.
- Resumen: El sindicato estudia acciones judiciales por invasión de competencias municipales y privatización del control del suelo. La viabilidad del recurso y sus consecuencias políticas marcarán los próximos pasos del gobierno canario en materia de vivienda.
