El PNV defenderá en Madrid que el nuevo Estatuto vasco se pacte primero en Euskadi y se respete después en el Congreso. La formación jeltzale llevará esa posición al Gobierno central y a los grupos parlamentarios de la Cámara Baja, en la línea del mensaje que trasladó su candidata por Gipuzkoa, Maribel Vaquero, durante el acto del 47 aniversario del Estatuto de Gernika.
Vaquero, acompañada por los cabezas de lista de Bizkaia y Araba, Idoia Sagastizabal y Gorka Urtaran, fijó ese doble objetivo: que el Estado desarrolle por completo el texto vigente y que acepte el nuevo marco ‘que se acuerde en Euskadi’. La dirigente jeltzale reclamó que el Congreso ‘no sea un muro’ y acepte el texto acordado en Euskadi.
El acto se celebró el pasado domingo, cuando se cumplían 47 años de la ratificación del Estatuto en referéndum, el 25 de octubre de 1979. El texto ha sido desde entonces el marco de referencia del autogobierno vasco y su reforma se ha abordado en varias legislaturas sin alcanzar un acuerdo definitivo.
Qué pide el PNV a Madrid y por qué lo plantea ahora
La reclamación se despliega en dos vías. La primera afecta al Estatuto vigente: los jeltzales sostienen que el Estado debe culminar su desarrollo y cerrar el listado de competencias pendientes de traspaso, un asunto que se canaliza a través de la Comisión Mixta de Transferencias entre el Gobierno central y el Ejecutivo vasco. La segunda vía afecta a la reforma: el Congreso debería tramitar el texto que previamente se acuerde en Euskadi.
Ese planteamiento exige un acuerdo interno previo. El PNV gobierna en coalición con el PSE-EE en el Ejecutivo que preside el lehendakari, Imanol Pradales, de modo que cualquier texto necesita el respaldo de ambos socios y, además, una mayoría parlamentaria que ningún grupo posee por sí solo.
La reforma del Estatuto exige primero mayoría absoluta en el Parlamento Vasco, después una ley orgánica en las Cortes y, finalmente, la ratificación de la ciudadanía en referéndum.
El Parlamento Vasco cuenta con 75 escaños y la mayoría absoluta se sitúa en 38, una cifra que ninguna formación ha alcanzado por sí sola desde la recuperación de la Cámara. El acuerdo entre al menos dos grupos es, por tanto, condición previa a cualquier negociación con Madrid.
El procedimiento que fija el Estatuto de Gernika
La reforma se regula en el artículo 46 del Estatuto. Requiere la mayoría absoluta del Parlamento Vasco, después una ley orgánica de las Cortes Generales y, finalmente, la ratificación de la ciudadanía en referéndum. Los tres pasos son consecutivos y ninguno puede obviarse.
Ese diseño convierte la negociación en un proceso de dos direcciones. Lo que se pacte en Vitoria-Gasteiz condiciona lo que se vote en Madrid y, a la inversa, el resultado en el Congreso determina el texto que se sometería a consulta. La Comisión Mixta de Transferencias opera en un plano distinto: el del traspaso de competencias del Estatuto actual, que no exige reforma legal.
El precedente del plan Ibarretxe y el peso del voto vasco
El antecedente más citado es el plan Ibarretxe. El Parlamento Vasco aprobó en diciembre de 2004 una propuesta de nuevo estatuto político y el Congreso la rechazó en febrero de 2005. Desde entonces, la Cámara vasca ha abordado la cuestión en distintas ponencias sin reunir la mayoría exigida.
La comparación con otras comunidades aporta otra referencia. El Estatuto catalán aprobado en 2006 fue revisado por el Tribunal Constitucional en 2010, que anuló o reinterpretó varios artículos. Cualquier reforma vasca queda expuesta al mismo filtro de constitucionalidad.
A eso se suma la aritmética del Congreso. El PNV ha actuado como socio parlamentario del Gobierno central en varias legislaturas y su voto resulta relevante en votaciones ajustadas, de modo que su capacidad de influencia depende tanto del número de escaños como de la coyuntura de cada investidura.
El mensaje trasladado el domingo no incluye plazos. La formación jeltzale sitúa el foco en que la secuencia se respete: primero el acuerdo en Euskadi, después la tramitación en Madrid. Con 38 escaños como umbral en la Cámara vasca y una ley orgánica como paso final, el calendario dependerá de la negociación entre grupos y no de una fecha prefijada.
