Probar el presunto tráfico de influencias de José Luis Rodríguez Zapatero en el rescate de Plus Ultra se va a convertir en misión casi imposible para la Fiscalía Anticorrupción y el juez instructor de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, donde se investiga el rescate de la aerolínea por parte del Estado español, a no ser que alguien lo confiese dentro de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), organismo dependiente de Hacienda sobre el que supuestamente el ex presidente socialista habría influido para que prestase 53 millones de euros a la compañía aérea.
Zapatero está acusado también de blanqueo de capitales, pero el principal delito que le «persigue» es el de tráfico de influencias. En su contra han declarado ya, uno presencialmente y otros dos por escrito, otros tres imputados. El primero y más importante ha sido su ex socio Julio Martínez Martínez, que ha dicho que Zapatero hizo presión ante «alguien» para lograr el rescate de Plus Ultra, aunque no ha sabido determinar sobre quien. Algo parecido ha ocurrido con las declaraciones por escrito de Julio Martínez Sola, ex presidente de la compañía y del ex CEO de la misma, Roberto Roselli. Martínez Sola está llamado a declarar el 7 de septiembre y Roselli justo un día después. Es de esperar que no van a cambiar ni una coma de su declaración escrita y ya presentada en la Audiencia.
Pero el problema que presentan los tres imputados es el mismo, ninguno sabe decir al juez con quien habría hablado Zapatero para «presionar» en el rescate de Plus Ultra. Una «presión» que siempre ha negado el ex presidente, tanto en su declaración judicial como en la entrevista que ofreció a RTVE hace unos días. No obstante, probar sobre qué funcionario se ha cometido el tráfico de influencias no es una premisa absoluta para acabar en una condena si se acumulan suficientes indicios. Es difícil, pero no imposible.
Martínez Martínez explicó ante el juez instructor que él por si mismo y su empresa Análisis Relevante eran incapaces de acceder a las administraciones públicas ni de obtener financiación privada o pública para Plus Ultra. Ante el juez, Martínez Martínez dejó claro que «era Zapatero quien marcaba los pasos a seguir». El juez Calama preguntó a Martínez sobre una reunión del ex presidente con el entonces ministro de la Seguridad Social José Luis Escrivá, pero el empresario contestó desconocer el contenido de esa reunión. En cualquier caso, ambos protagonistas de ese encuentro han negado públicamente haber conversado sobre Plus Ultra.
Plus Ultra supo el rescate antes de ser aprobado
Lo que sí parece probado es que los beneficiarios del rescate supieron del éxito de las gestiones antes de que el consejo de ministros decidiera el mismo en marzo de 2021. La prueba es un mensaje de whatsapp que Martínez Martínez envió a Rodolfo Reyes, entonces director general de la aerolínea, el 26 de febrero de 2021. La cuestión es que la reunión del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), que se creó por la SEPI para administrar las ayudas post Covid, se produciría cuatro días más tarde de este anuncio. El rescate llegaría en el Consejo de ministros del 9 de marzo.
Solo unos días antes, el 19 de febrero de 2021, Idella Consultoría Estratégica, otra empresa de Martínez Martínez, había suscrito un contrato de éxito de gestión con Plus Ultra por el 1% de comisión sobre el montante adjudicado, como fue de 53 millones Idella cobró 530.000 euros. Ligada a este cobro estaría la creación de una sociedad off shore en Dubái, a donde habrían sido transferidos estos fondos.
Zapatero ha negado también ante el juez cualquier relación con el cobro de esa comisión ni del traslado de la misma a una sociedad en Dubái. Es más, ante el juez y en la entrevista para televisión ha dicho lo mismo: es «una invención absoluta o un error» y añadió ante el juez Calama que «en mi vida he oído hablar de una sociedad offshore y ni sé lo que es».
Los únicos hechos reconocidos por el ex presidente del Gobierno tienen que ver con su contratación por parte de Análisis Relevante para realizar informes de auditoría, de manera lícita. Otra duda que surge es si esos trabajos costaban los 490.000 euros que la empresa de Martínez Martínez transfirió a las cuentas de Zapatero. El ex presidente siempre ha mantenido que «lógicamente tenía derecho a percibir una retribución» y que el trabajo fue «intenso» y reiteró que «en mi vida he negociado una comisión».
El ex presidente de Plus Ultra, en su declaración escrita, aseguró que tuvo conocimiento de los cobros, a través de Martínez Martínez, cuando le comunicó que habían creado una finance boutique y entendió que «por ahí vendrá la mordida», junto a su socio Roberto Roselli, Martínez Sola asegura en su escrito que a partir de entonces «tuvimos plena conciencia de que el señor Martínez Martínez y el señor Zapatero sí tenían la pretensión de cobrar por las gestiones a realizar, lo cual fue asumido por ambos de forma sobrevenida de salvar a la compañía, aun cuando desconociesen qué acuerdos internos pudiesen tener entre ellos».
Las conversaciones sobre Zapatero
Sin embargo, los informes de la UDEF apuntan claramente a las conversaciones mantenidas entre Martínez Martínez, Martínez Sola, Roberto Rosell y Rodolfo Reyes como determinantes para probar la implicación de Rodríguez Zapatero en la concesión de la ayuda.
Por eso la estrategia de defensa el ex presidente ha consistido desde el primer momento en intentar anular la causa por defectos formales, desde la vulneración de derechos fundamentales; errores al utilizar información aportada por la policía americana, a su juicio, sin las garantías necesarias; investigación prospectiva, una causa general contra él; excesos de la Policía investigando más allá de la supuesta influencia en autoridades del Gobierno para el rescate de Plus Ultra y excesos del juez instructor por el interrogatorio sobre las joyas incautadas en la caja fuerte de su oficina.
El abogado de Zapatero, Víctor Moreno, catedrático de derecho penal, ha intentado en varias ocasiones invalidar la información aportada por la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI) a la Policía española con el contenido del teléfono de quien fuera el máximo accionista de Plus Ultra, el venezolano Rodolfo Reyes, ahora en busca y captura por la Audiencia Nacional. Sobre esas conversaciones versan todas las acusaciones al ex presidente. Sin esas conversaciones toda la causa decaería.
La policía de EEUU había clonado el contenido de esas conversaciones tras la detención de Reyes en una investigación sobre blanqueo de capitales. Fruto de la colaboración habitual entre policías de España y de EEUU los segundos, debido a la aparición en las conversaciones de ciudadanos españoles, entregaron el contenido del teléfono de Reyes donde es citado Zapatero en numerosas ocasiones.
Pero el ex presidente siempre ha negado su intervención y ha defendido la legalidad de sus acuerdos con Análisis Relevante, algo que todavía estaría por demostrar, ya que algunos de esos informes serían incluso «verbales», tal y como reconoció el propio ex presidente.
Las joyas de la discordia de Zapatero
Las explicaciones de Zapatero sobre las joyas tampoco parecen convencer al juez instructor que incluso ha pedido un segundo análisis para intentar datar la fecha de fabricación de las mismas. El ex presidente ha dicho de manera extraoficial que fueron un regalo de cortesía del príncipe saudí durante una visita oficial a nuestro país mientras Zapatero era presidente del Gobierno. Una estudio de la joyería Ansorena cifraba el valor de esas joyas en 1.300.000 euros, algo elevado para un regalo de cortesía.
Por eso el juez quiere saber cuando fueron engarzadas, para poder datar si la fecha de entrega pudiera coincidir con la versión dada por Rodríguez Zapatero, que pidió tiempo al juez para «recordar» la procedencia de las mismas, pero todavía no ha comunicado oficialmente ninguna información al juzgado respecto a estas joyas.
En cualquier caso, si hubieran pasado más de cinco años de que Zapatero recibiese las joyas, algo que parece muy posible, el delito fiscal estaría prescrito. Cuestión aparte sería el incremento patrimonial no declarado.
