EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Cabildo de Lanzarote ha contratado al abogado José Antonio Choclán por 15.500 euros para presentar una querella ante el Tribunal Supremo contra la expresidenta insular y diputada Dolores Corujo (PSOE).
- ¿Quién está detrás? El gobierno insular de Coalición Canaria y PP, presidido por Oswaldo Betancort, formalizó el contrato menor al límite legal.
- ¿Qué impacto tiene? Revive un caso ya archivado por la Fiscalía del Supremo y desata acusaciones de persecución política con fondos públicos.
El Cabildo de Lanzarote ha formalizado la contratación del penalista José Antonio Choclán —conocido por defender a Víctor de Aldama en el caso Ábalos— para querellarse contra la socialista Dolores Corujo ante el Tribunal Supremo. La operación, por 15.500 euros, llega después de que la Fiscalía del alto tribunal archivara una denuncia prácticamente idéntica por falta de indicios penales.
El expediente, firmado por el Consejo de Gobierno insular, se tramitó por en un plazo récord, según fuentes del Cabildo. El contrato menor asciende a 14.500 euros más 1.015 euros de IGIC, rozando el tope de los 15.000 euros sin IVA que permite la legislación de contratos. La justificación oficial se ampara en la saturación de la asesoría jurídica insular, que cuenta con solo tres letrados para un sinfín de procedimientos desde 2012.
Una querella sin indicios y con abogado mediático
La denuncia original la presentó David Monte, director insular de Presidencia del Cabildo y asesor del senador de Coalición Canaria Pedro Sanginés. Monte acusó a Corujo de irregularidades en la incorporación del exconsejero Juan Manuel Sosa al grupo de gobierno socialista en 2020, supuestamente para evitar una moción de censura de CC y el PP. La Fiscalía de Arrecife remitió el caso al Supremo porque Corujo, como diputada del Congreso, está aforada. En su archivo, el Ministerio Público negó tajantemente la existencia de indicios penales.
Choclán no es un desconocido en Canarias. Ya ha defendido al presidente regional, Fernando Clavijo (CC), en el caso Grúas, a la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, y a empresarios como Juan Francisco Rosa o Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas. Su bufete madrileño facturará ahora al erario público lanzaroteño por un pleito que, en palabras de la oposición, carece de base.
La respuesta de Corujo y la oposición socialista
En una nota de prensa, Dolores Corujo calificó la contratación como «un intento a la desesperada de Oswaldo Betancort» de mantener viva una «persecución judicial». La socialista reprocha que se empleen fondos públicos «con el único fin de inhabilitarla» y recuerda que la Fiscalía ya archivó el asunto. También critica el sueldo de Monte —»más de 5.000 euros al mes»— y el doble rasero: «Poco le importa el dinero público cuando dilapida más de cinco mil euros al mes en pagar al abogado CC en el Cabildo».
El grupo de gobierno insular insiste en que la querella es necesaria y que la asesoría jurídica propia no puede asumirla por falta de especialización penal. El documento de contratación, sin embargo, no detalla por qué se descarta recurrir a la Abogacía del Estado o a otros servicios jurídicos autonómicos.
La Fiscalía ya dijo que no hay caso. Insistir con fondos públicos es una anomalía que recorre Canarias.
El Pulso Territorial
El Cabildo de Lanzarote está gobernado por una coalición de Coalición Canaria y PP desde las elecciones de 2023, con Oswaldo Betancort al frente. La operación contra Corujo, ex presidenta insular y hoy diputada en el Congreso, encaja en una dinámica de confrontación judicial que no es nueva en las islas. El mismo presidente canario, Fernando Clavijo, recurrió a Choclán para defenderse en el caso Grúas, y en otros cabildos se han repetido contratos de letrados externos para causas políticas. Lanzarote, con una población de 156.000 habitantes, destina ahora 15.500 euros a este pleito, una cifra modesta en términos absolutos pero que equivale al coste de un plan de empleo local para diez jóvenes. La comparación con otras islas del archipiélago, donde gobiernos insulares de distinto signo también han afrontado gastos judiciales de alto perfil, muestra que la práctica no es excepcional; sin embargo, en ningún caso se había reabierto un expediente ya archivado por la Fiscalía del Supremo.
Lo que viene ahora es la presentación formal de la querella ante el alto tribunal, que previsiblemente la inadmitirá o la archivar en línea con el criterio fiscal. Pero en el plano político, el relato ya está instalado: a dos años vista de las próximas municipales y autonómicas, el gobierno de CC y PP utiliza la vía penal para desgastar al principal referente socialista en la isla. La incógnita es si el Tribunal Supremo cortará de raíz esta estrategia o si, por el contrario, el mero hecho de ser llamado a declarar bastará para cumplir el objetivo electoral.
Ficha Autonómica
- El caso: El Cabildo de Lanzarote contrata por 15.500 euros al bufete del penalista José Antonio Choclán, abogado de Aldama, para querellarse contra la expresidenta insular y diputada socialista Dolores Corujo.
- Datos importantes: Contrato menor (14.500 € + 1.015 € de IGIC), límite legal; querella ante el Tribunal Supremo porque Corujo es aforada; la Fiscalía del mismo tribunal ya archivó en 2025 una denuncia idéntica por falta de indicios; el gobierno de CC y PP justifica la contratación externa por saturación de la asesoría jurídica insular (3 letrados).
- Resumen: El movimiento judicial carece de base penal clara y ha sido denunciado como persecución política con fondos públicos. La querella está pendiente de presentación y su previsible archivo no frenará la polémica política de cara a las elecciones de 2027.
