La comisión de control y transparencia de la Policía vasca ha decidido suspender tres investigaciones sobre operativos de la Ertzaintza en Rekalde (Bilbao), Vitoria-Gasteiz y Sestao. Los expedientes quedan paralizados por la falta de autorización judicial para acceder a los atestados policiales, un cambio de criterio que estrena la nueva dirección del organismo.
El órgano encargado de supervisar las actuaciones de la policía autónoma y de los cuerpos locales ha dado luz verde, en cambio, a un dictamen sobre una detención de la Policía Local de Getxo. En ese caso, al no existir procedimiento judicial abierto, la comisión ha estimado que los dos agentes actuaron con “plena proporcionalidad”.
El nuevo criterio de la comisión y los expedientes suspendidos
La comisión, presidida desde hace unos meses por el exvocal del Consejo General del Poder Judicial Enrique Lucas, ha acordado no emitir informes mientras la autoridad judicial no conceda acceso al material de la Ertzaintza. La decisión supone un giro respecto a la etapa de Juan Luis Ibarra, expresidente del Tribunal Superior del País Vasco, quien defendía que la labor de la comisión era “totalmente diferente” a la via penal y no requería ese permiso.
Los tres expedientes suspendidos afectan a sucesos ocurridos entre abril de 2025 y febrero de 2026. El primero se refiere a la intervención de la Ertzaintza en el barrio bilbaíno de Rekalde, donde un joven sufrió lesiones en un testículo. El juzgado número 4 de Bilbao denegó el acceso al atestado en unos términos que la comisión califica de “claros y terminantes, que no dejan lugar a la duda”.
El segundo caso se remonta a los disturbios ocurridos en Vitoria-Gasteiz en octubre de 2025, tras la visita de la Falange. Tras las cargas de la Brigada Móvil, un varón denunció heridas en la cara presuntamente causadas por un proyectil de ‘foam’. La unidad de Asuntos Internos pidió permiso al Tribunal de Instancia de Vitoria, que declaró los sumarios inaccesibles para las partes no personadas.
La comisión deja claro que no emitirá informe “hasta que la autoridad judicial no apruebe el acceso al atestado o recaiga resolución firme”.
El tercer expediente hace referencia a una actuación ocurrida a finales de febrero de 2026 en la calle José Antonio Aguirre de Sestao. Una patrulla camuflada de la Ertzaintza empleó la fuerza contra un grupo de personas que zarandeó el vehículo policial. Tres personas fueron detenidas; una de ellas refirió dolor testicular y su madre presentó un parte de lesiones del hospital de Cruces. En este caso, los argumentos de la comisión son los mismos que en los anteriores: sin permiso judicial para ver la documentación, la investigación queda en suspenso.
El caso Getxo: dictamen favorable sin procedimiento judicial
La comisión sí ha podido emitir su parecer sobre una detención de la Policía Local de Getxo, ya que no pesaba sobre ella actuación judicial alguna. Los dos agentes municipales intervinientes actuaron, según el órgano, ajustándose a los criterios de proporcionalidad. No obstante, el informe señala que “debió aplicarse un plus de diligencia” tras la fuga momentánea del detenido y los golpes registrados en el vídeo de la reducción.
Entre las recomendaciones que emite la comisión está la “generalización” de las cámaras unipersonales (‘bodycams’) también en los cuerpos locales para evitar interpretaciones dispares de las grabaciones ciudadanas. Asimismo, se pide regular el “afojamiento” de los grilletes para que no se conviertan en un riesgo añadido.
Este cambio de criterio, que después de años de ininterrumpida elaboración de informes deja ahora tres expedientes en vilo, podría tener consecuencias sobre otros casos judicializados. El más inmediato es la revisión del operativo desplegado en el aeropuerto de Loiu durante el recibimiento de activistas de la flotilla Global Summud, que también se encuentra bajo investigación judicial. De mantenerse el mismo criterio, la comisión no emitiría conclusiones ni recomendaciones sobre ese despliegue policial.
La comisión de control, de la transparencia a la suspensión
La comisión de control y transparencia de la Policía vasca fue creada para analizar operativos controvertidos de la Ertzaintza y de las policías locales y proponer mejoras en los protocolos de actuación. Durante la presidencia de Juan Luis Ibarra, el organismo defendió que su labor era ajena a la jurisdicción penal y llegó a reprochar a Asuntos Internos que intentara condicionar la entrega de documentación a una autorización judicial expresa.
En aquellas memorias, se recogía que “los responsables policiales” se habían “auto-otorgado” la “facultad de establecer una nueva condición”. Con la llegada de Enrique Lucas, exvocal del CGPJ a propuesta del PNV, la comisión ha dado por válido el criterio de que Asuntos Internos no entregue el material si el juzgado no lo autoriza. Los tres expedientes ahora suspendidos son los primeros en toda la historia del organismo que no reciben informe por este motivo.
La decisión se produce mientras la comisión mantiene sobre la mesa otros encargos, como la revisión de la actuación policial en el aeropuerto de Loiu, y deja abierto el debate sobre el equilibrio entre la transparencia en la actuación de los cuerpos policiales vascos y el respeto al secreto de las diligencias judiciales.
