El príncipe Andrés, apartado de la vida pública y despojado de sus títulos reales, sigue figurando en los planes de contingencia del Gobierno británico para recibir un funeral ceremonial, una revelación que ha desatado un nuevo debate político sobre los límites del honor de Estado. Según documentos publicados por Mail on Sunday y confirmados por Royal Central, el duque de York, de 66 años, permanece en una lista confidencial de miembros de la familia real cuyos funerales se planifican con antelación dentro de las llamadas operaciones bridge.
Ni el Palacio de Buckingham, ni el propio príncipe, ni la Oficina del Gabinete han comentado oficialmente la existencia de esos preparativos. Sin embargo, las fuentes citadas apuntan a que los planes no han sido abandonados, sino simplemente revisados tras la pérdida del tratamiento de Alteza Real y el título de príncipe que el rey Carlos III le retiró en 2025, después de las nuevas revelaciones sobre sus vínculos con el fallecido agresor sexual Jeffrey Epstein.
Un funeral en Windsor y una inhumación en Frogmore
Los detalles concretos del ceremonial permanecen bajo llave, pero los comentaristas reales creen que la ceremonia se celebraría en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor, el mismo escenario que acogió los funerales de la reina Isabel II y del duque de Edimburgo. El entierro, según las mismas filtraciones, se realizaría en el cementerio real de Frogmore, donde reposan varios miembros de la familia, incluidos Eduardo VIII y Wallis Simpson.
La posibilidad de que el contribuyente británico sufra gue parte del coste ha encendido las críticas. La abogada estadounidense Gloria Allred, que ha representado a varias víctimas de Epstein, cuestionó por qué Andrés merecería el honor de un funeral real y advirtió de que enviaría un mensaje equivocado a las víctimas. Otro letrado, Spencer Kuvin, calificó la perspectiva de que los fondos públicos contribuyan como “una vergüenza para la Corona”.
Reacción política: “ninguna circunstancia” para un funeral real
El malestar ha llegado al Parlamento. La diputada conservadora Alicia Kearns afirmó que no hay circunstancias en las que Andrés deba recibir un funeral de Estado, mientras que su compañero de partido, Joe Robertson, insistió en que cualquier ceremonia debería costearse exclusivamente con fondos privados.
Los planes funerarios de la Corona operan en una capa burocrática que apenas distingue entre el mérito personal y la inercia institucional; ese desfase es precisamente lo que ahora irrita a la opinión pública.
La planificación de exequias para altos miembros de la realeza es una rutina administrativa, no un indicio de problemas de salud. El propio Andrés, que sirvió en la Marina Real durante la Guerra de las Malvinas, podría contar con portadores del féretro voluntarios de las Fuerzas Armadas. El contralmirante retirado Chris Parry ha señalado que, pese a haber perdido sus nombramientos honoríficos, muchos marinos estarían dispuestos a rendir ese último servicio a quien fue compañero de armas.
La memoria institucional frente a la rendición de cuentas
Que un miembro caído en desgracia conserve un sitio en los planes fúnebres del Estado no es una extravagancia británica. En casi todas las monarquías europeas, las contingencias sucesorias y ceremoniales se revisan de forma periódica, pero rara vez se eliminan del todo. La diferencia radica en la presión democrática: cuando el personaje acumula un historial tan dañino como el de Andrés, la inercia burocrática choca de frente con la exigencia de ejemplaridad que las propias casas reales han incorporado a su discurso de modernización.
En la Corona británica el dilema es especialmente agudo porque el funeral de un hijo de soberano es, además de un acto familiar, un evento de Estado que implica a las Fuerzas Armadas y a las instituciones. La pregunta no es tanto si Andrés merece un homenaje —nadie habla de rehabilitación— sino si la maquinaria del protocolo puede desengancharse a tiempo de un nombre que el propio rey ha borrado de la vida pública.
La Casa del Rey en España, por ejemplo, ha extremado en los últimos años la separación entre la institución y las conductas privadas de algunos de sus integrantes, hasta el punto de que el funeral del rey Juan Carlos, cuando llegue, se espera austero y desprovisto de la pompa que este plan británico aún contempla. Salvadas las distancias constitucionales, el debate de fondo es el mismo: qué honores de Estado sobreviven a la pérdida del respeto público.
Claves del Protocolo y Estado
- Contexto del acto: Los planes bridge son rutinarios para los miembros sénior de la familia real y no implican urgencia médica. La inclusión del príncipe Andrés se mantiene pese a su retirada de la vida oficial.
- El detalle de protocolo: La ceremonia apunta a la capilla de San Jorge con portadores militares voluntarios, preservando la liturgia de un funeral real pero con un debate abierto sobre si el erario público debe sufragarlo.
- Próximos pasos: El Gobierno británico no ha anunciado cambios; la controversia podría empujar a una revisión discreta que limite la participación estatal o derive los costes a la familia.
