La Generalitat Valenciana ha aprobado una inversión de 56,4 millones de euros para limpiar 400 hectáreas de los cauces del barranco del Poyo, el río Túria, el Magro y el barranco de Picassent y plantar 400.000 árboles autóctonos. La actuación, la mayor renaturalización de barrancos impulsada hasta ahora por un gobierno autonómico, persigue un doble objetivo: reducir el riesgo de riadas en las comarcas más castigadas por la DANA y frenar la expansión de la caña invasora, altamente inflamable.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Consell ha presupuestado 56,4 millones para despejar 160 kilómetros de cauces en 53 municipios y plantar 400.000 árboles de ribera.
- ¿Quién está detrás? La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Recuperación, con el comisionado Raúl Mérida al frente.
- ¿Qué impacto tiene? Se espera aumentar la capacidad hidráulica de los cauces, crear zonas verdes públicas y prevenir incendios en una superficie equivalente a 570 campos de fútbol.
La iniciativa se enmarca dentro del Plan Endavant, la hoja de ruta del Consell de Pérez Llorca para la reconstrucción tras la DANA que asoló la Comunitat Valenciana en octubre de 2024. El comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida, ha subrayado que la intervención “va a incrementar la capacidad hidráulica de estas cuencas” y, al mismo tiempo, “reconciliar a la ciudadanía con sus barrancos”. 160 kilómetros de lechos fluviales serán saneados, sobre todo en aquellas zonas donde la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) —organismo dependiente del Gobierno central— no ha llegado a actuar desde la catástrofe.
El último empujón que los cauces necesitaban tras la DANA
Los 53 términos municipales beneficiados se reparten entre las cuencas del Poyo (11 localidades como Paiporta, Catarroja o Aldaia), el Túria (14, desde Calles hasta Quart de Poblet), el Magro (23, con Requena y Algemesí a la cabeza) y el barranco de Picassent (3). La limpieza de cañas es la clave. Durante la riada, más de 20.000 toneladas de esta especie invasora fueron arrastradas, elevando hasta un 50% el poder destructivo del agua al acumularse en puentes y estrechamientos.
La vicepresidenta tercera y consellera, Paula Tuzón, ya había adelantado que la retirada de residuos vegetales fue la partida más cara de la emergencia, con 225 millones. Ahora, con los cauces aún obstruidos por cañas secas y árboles dañados, la Generalitat opta por una solución estructural. De la retirada de escombros se pasa a la renaturalización. “Hay que mantener la regulación hidrológica”, insiste Mérida, y “para ello es necesario retirar obstáculos y ejecutar un plan integral de erradicación de caña invasora”.
Bomberos verdes: por qué plantar 400.000 árboles también es prevención de incendios
La caña común (Arundo donax) no solo reduce la sección útil del cauce; sus hojas secas y tallos huecos la convierten en un acelerador del fuego en verano. En la cuenca del Magro, que en 2022 sufrió varios incendios forestales, la presencia de esta especie duplica la carga de combustible fino. Sustituirla por bosque de ribera autóctono —chopos, sauces, fresnos— mejora la infiltración del agua y crea cortafuegos naturales.
El proyecto contempla además habilitar zonas verdes de paseo y ocio para devolver los barrancos a la vida cotidiana de los vecinos. “Queremos que vuelvan a percibirlos como espacios seguros”, ha explicado el comisionado. Es la primera vez que una administración autonómica asume una intervención de esta escala en cauces donde la competencia directa recae en el Estado, un gesto que el Consell justifica por la desidia de la CHJ en las zonas afectadas.
La DANA convirtió las cañas en proyectiles y los cauces en trampas; ahora la Generalitat quiere que el bosque de ribera vuelva a ser un escudo.
El Escenario Valenciano
La decisión del Consell de Pérez Llorca de invertir 56,4 millones en los cauces tiene una lectura política inmediata. El ejecutivo autonómico reprocha al Gobierno central, a través de la CHJ, su falta de actuación en los barrancos del Poyo y Picassent, una queja recurrente desde que se conocieron las cifras de arrastre de la DANA. El president Pérez Llorca mantiene así la estrategia de su antecesor, Carlos Mazón, de señalar las carencias del Estado en la reconstrucción, aunque ahora con el argumento de la acción propia en lugar del reproche vacío.
Desde el Gobierno de Pedro Sánchez no ha habido todavía una respuesta oficial, pero fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica recuerdan que los planes hidrológicos de cuenca ya contemplaban actuaciones de renaturalización para el ciclo 2027-2033. La riada del 29 de octubre de 2024 aceleró los tiempos. En el Congreso, el Grupo Popular ya ha registrado una batería de preguntas sobre las inversiones de la CHJ en las zonas damnificadas, dentro de la ofensiva más amplia del PP por capitalizar el descontento de los afectados.
Con todo, la proyección de esta obra va más allá de la contienda partidista. Los ayuntamientos, sobre todo los del cinturón metropolitano de Valencia, llevan meses reclamando una limpieza que permita afrontar el otoño con menos temor a otra avenida. La primera fase acabará en 2028, según el calendario que maneja la Conselleria, y la segunda, centrada en los barrancos de periodo de retorno T500 (como el Carraixet), se licitará cuando se hayan liberado los terrenos. Mientras, la cifra de 56,4 millones se suma a los más de 225 ya gastados en retirar residuos, un esfuerzo presupuestario que tensa aún más las cuentas de una Generalitat pendiente de la financiación autonómica.
Ficha del Caso
- El caso: La Generalitat Valenciana ejecutará la mayor renaturalización de cauces a nivel autonómico en las cuencas del Poyo, Túria, Magro y Picassent, devastadas por la DANA de 2024.
- Datos importantes: Inversión de 56,4 millones de euros para limpiar 400 hectáreas (570 campos de fútbol) y plantar 400.000 árboles en 53 municipios. Se eliminará la caña invasora en 160 kilómetros de cauces.
- Resumen: La actuación, enmarcada en el Plan Endavant, busca prevenir futuras riadas e incendios y devolver los espacios fluviales a la ciudadanía, mientras tensa la relación con el Gobierno central por la competencia de la CHJ.
