La Xunta de Galicia reúne este martes la Mesa da Seca para evaluar un posible aumento del nivel de alerta por sequía en varios municipios de la comunidad, afectados por un verano de altas temperaturas y escasas lluvias. El encuentro, presidido por la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, podría dar el paso definitivo para que las restricciones actuales pasen de ser meras recomendaciones a obligaciones de cumplimiento efectivo.
Actualmente son 32 los ayuntamientos gallegos que se mantienen en situación de prealerta, pero algunas zonas —entre ellas las cuencas del Lérez, el Anllóns y Baiona— podrían ascender hoy al nivel de alerta. La decisión se toma después de un mes de julio que las estaciones meteorológicas califican como “extremadamente seco”; en numerosos puntos de la geografía gallega no se registró ni una sola precipitación en todo el mes.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Xunta reúne este martes la Mesa da Seca para estudiar elevar la alerta por sequía en 32 municipios gallegos, tras un julio sin apenas lluvias.
- ¿Quién está detrás? La conselleira Ángeles Vázquez (PPdeG) lidera la reunión, con el respaldo del Gobierno gallego, que puede hacer obligatorias las restricciones de agua.
- ¿Qué impacto tiene? De aprobarse, se prohibirá baldear, llenar piscinas y lavar vehículos en la vía pública. Además, la Xunta reclama una implicación urgente de los ayuntamientos para reducir las fugas en las redes, que llegan a perder hasta el 70% del agua potable.
Un mes de julio sin apenas precipitaciones
El verano de 2026 está siendo especialmente seco en Galicia. Según los datos de MeteoGalicia, numerosas estaciones no registraron ni una gota de lluvia durante todo julio, lo que aceleró la evaporación y disparó el consumo de agua. La conselleira recordó que, a pesar de las abundantes lluvias de enero y febrero, la primavera y el inicio del verano carecieron de precipitaciones significativas, lo que ha mermado los recursos hídricos disponibles.
La situación ha llevado a la Xunta a plantear medidas de choque que, hasta ahora, solo tenían carácter de recomendación. “Las restricciones que ya se sugerían en las zonas del Lérez, Anllóns y Baiona podrían convertirse en obligatorias si se eleva el nivel de alerta”, declaró Vázquez a los medios. Además, la conselleira destacó que el consumo de agua sigue siendo alto y que es necesario actuar con urgencia.
Vázquez lamentó que, pese a las recomendaciones vigentes, se sigan viendo prácticas como el baldeo de calles, el llenado de piscinas o el lavado de coches en la vía pública. “Estas conductas continúan produciéndose, por lo que la Xunta estudia endurecer las limitaciones”, subrayó.
Galicia, una de las regiones más lluviosas de España, se enfrenta este verano a una paradoja: sus embalses se vacían mientras los ayuntamientos pierden hasta un 70% del agua por fugas en las redes.
En el caso concreto del río Lérez, la situación se ha estabilizado parcialmente después de que la empresa Ence dejase de captar agua del río y comenzase a a utilizar recursos hídricos regenerados. Sin embargo, la Xunta insiste en que la solución de fondo pasa por mejorar la capacidad de almacenamiento mediante la construcción de balsas distribuidas por el territorio, una infraestructura que permitiría conservar el agua de los meses lluviosos para utilizarla en épocas de escasez.
Vázquez también reclamó una mayor implicación de los ayuntamientos en el mantenimiento de las redes de abastecimiento. Según explicó, las fugas en las canalizaciones municipales pueden provocar pérdidas de entre el 30% y el 70% del agua potable, un dato que pone de relieve la urgencia de renovar unas infraestructuras envejecidas. Además, la Xunta ha solicitado al Ayuntamiento de Pontevedra la creación de una mancomunidad que coordine la gestión del abastecimiento entre los municipios afectados, aunque recordó que la iniciativa corresponde a los propios concellos.
De la recomendación a la obligación: las restricciones en el punto de mira
Si el nivel de alerta se eleva, las medidas que hoy son simples consejos se convertirán en prohibiciones de obligado cumplimiento. Entre ellas, la prohibición de baldear calles, llenar piscinas privadas o lavar vehículos en la vía pública. La Xunta espera que estas restricciones, sumadas a una mejor gestión municipal, permitan contener un consumo que, en pleno agosto, puede dispararse hasta niveles insostenibles.
El tránsito de la prealerta a la alerta no es automático: la Mesa da Seca evaluará los indicadores hidrológicos de cada zona y decidirá qué municipios pasan al nivel superior. A partir de ahí, el cumplimiento de las órdenes recaerá sobre los ayuntamientos, que deberán inspeccionar y sancionar los usos no permitidos. La Xunta insiste en que la colaboración municipal es “clave” y que la creación de mancomunidades —como la reclamada a Pontevedra— facilitaría una respuesta coordinada.
El Laboratorio Gallego
La sequía de 2026 pone a prueba el modelo de gestión del agua del PPdeG, que gobierna Galicia con mayoría absoluta desde 2009. La apuesta del ejecutivo autonómico por la construcción de balsas de almacenamiento y la exigencia de una mayor corresponsabilidad municipal conecta directamente con el debate nacional sobre el agua. Mientras el Gobierno central ha primado en los últimos años la gestión de la demanda y los caudales ecológicos, la Xunta —y, por extensión, el PP nacional— defiende la necesidad de incrementar la capacidad de embalse y mejorar la eficiencia de las redes.
No se trata de una discusión nueva. Galicia, pese a su fama de tierra lluviosa, sufre periódicamente episodios de escasez hídrica que obligan a restricciones puntuales. En 2017 y 2022, medidas similares a las que hoy se barajan afectaron a decenas de municipios. La diferencia ahora es el contexto político: Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición en Madrid, observa desde la Moncloa el laboratorio gallego como un ejemplo de gestión de crisis con acento propio. El PPdeG, con la conselleira Vázquez al frente, quiere convertir la sequía en un argumento a favor de su modelo de infraestructuras hídricas, que podría replicarse en otros puntos de España.
La oposición gallega, con el BNG y el PSdeG, ha criticado en otras ocasiones la falta de inversión en redes municipales y el retraso en la ejecución de las balsas prometidas. Sin embargo, la mayoría absoluta del PPdeG le permite imponer su hoja de ruta sin necesidad de pactos. Lo que decida la Mesa da Seca este martes no solo afectará al abastecimiento de miles de gallegos; será, además, el primer test serio para la política de agua que el PP quiere exportar al conjunto del país. De cómo se gestione la crisis y de si las restricciones dan resultado dependerá en parte la credibilidad de ese discurso. La próxima cita en el Parlamento de Galicia, prevista para septiembre, podría servir para que el BNG fuerce la comparecencia de la conselleira y ponga el foco en las inversiones pendientes.
Ficha del Caso
- El caso: La Xunta convoca la Mesa da Seca para analizar si eleva la alerta por sequía en Galicia, con 32 municipios en prealerta y un julio excepcionalmente seco.
- Datos importantes: Las estaciones meteorológicas registraron cero precipitaciones en muchas zonas; las redes municipales pierden entre el 30% y el 70% del agua; se plantea prohibir baldeos, llenado de piscinas y lavado de vehículos; la Xunta reclama la creación de una mancomunidad en Pontevedra.
- Resumen: La reunión de este martes decidirá si las restricciones pasan de recomendación a obligación, en una comunidad que, pese a su pluviosidad, arrastra déficits de almacenamiento y envejecimiento de las tuberías. La decisión tiene repercusión nacional porque el PPdeG quiere convertir su modelo de gestión del agua en un referente para el PP de Feijóo.
