EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Un incendio forestal en las Peñas de Riglos (Huesca) ha arrasado 5.200 hectáreas y ha obligado a evacuar ocho localidades.
- ¿Quién está detrás? CHA (Chunta Aragonesista) exige responsabilidades al Gobierno de Aragón y señala a las obras de la A-132 como posible origen del fuego.
- ¿Qué impacto tiene? El fuego ha devastado el entorno natural de los Mallos de Riglos y pone en jaque la economía turística y agroganadera de la comarca.
El incendio de las Peñas de Riglos (Huesca) ha calcinado ya 5.200 hectáreas y ha desalojado a los vecinos de ocho municipios.
La reacción de CHA: «Esto no puede despacharse como un simple accidente»
Según ha informado Aragón Digital, Verónica Villagrasa, portavoz y secretaria general de CHA, ha reclamado este martes al Gobierno de Aragón que dé explicaciones sobre el origen del incendio, que podría estar relacionado con los trabajos de reforma de la carretera autonómica A-132. CHA exige explicaciones sobre las obras de la A-132 y pide aclarar qué controles se realizan y qué medidas de prevención se aplican.
Villagrasa ha pedido responsabilidades políticas y ha sentenciado: «Esto no puede despacharse como un simple accidente». La formación anuncia que trasladará el asunto a las Cortes de Aragón para exigir información al Gobierno de Jorge Azcón y respaldar «a los ayuntamientos del Reino de los Mallos en su exigencia de explicaciones».
Los alcaldes de la zona llevan meses reclamando información sobre los controles de las obras. Los ayuntamientos llevan meses reclamando información sobre las garantías de seguridad, y ahora el fuego ha puesto en riesgo a la población.
La formación aragonesista también exige una evaluación de los daños que el incendio provoca, sobre el territorio, y su tejido económico, especialmente en el turismo, la hostelería, el comercio, la agricultura, la ganadería y las empresas de aventura. CHA apoya las iniciativas que los consistorios puedan impulsar, incluida la vía judicial.
La exigencia de CHA es también la de los alcaldes: saber si las obras públicas provocaron la catástrofe que ha paralizado la comarca.
5.200 hectáreas calcinadas y un golpe a la economía de los Mallos
5.200 hectáreas calcinadas y ocho pueblos desalojados es el balance provisional de un incendio que comenzó el lunes y que ha movilizado un gran despliegue de medios aéreos y terrestres. Las llamas han afectado al entorno de los Mallos de Riglos, uno de los paisajes más emblemáticos del Pirineo aragonés.
El impacto sobre la actividad económica de la zona es ya «muy importante», en palabras de Villagrasa. La comarca vive del turismo de naturaleza, la escalada y el senderismo, y la campaña de verano ha quedado interrumpida de golpe. A eso se suma el daño a explotaciones agrícolas y ganaderas, todavía por cuantificar.
El Pulso Territorial
El Gobierno de Aragón está presidido por Jorge Azcón (PP) con el apoyo externo de Vox. CHA, con tres escaños en las Cortes, ejerce una oposición nítida y ve en este incendio una oportunidad para fiscalizar la gestión de las infraestructuras autonómicas. El Gobierno de Azcón se enfrenta a una crisis de gestión forestal que puede tener repercusiones políticas en el próximo periodo de sesiones.
Aragón ha sufrido en la última década incendios de gran magnitud, como el de 2009 en el Maestrazgo, que arrasó 14.000 hectáreas. El incendio de las Peñas de Riglos es el más grave en la comunidad desde entonces y vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de extremar las precauciones en obras en entornos forestales. Los alcaldes no descartan acciones judiciales si se confirma negligencia, y CHA llevará el debate a las Cortes en septiembre.
Ficha Autonómica
- El caso: Incendio en las Peñas de Riglos (Huesca) con 5.200 hectáreas quemadas y ocho pueblos evacuados. CHA pide responsabilidades al Gobierno de Aragón por un posible vínculo con las obras de la A-132.
- Datos importantes: Superficie afectada, ocho localidades desalojadas, partido que exige (CHA), carretera autonómica bajo sospecha.
- Resumen: El origen del fuego no está confirmado. CHA llevará el caso a las Cortes de Aragón y respalda a los ayuntamientos, que podrían recurrir a la justicia. El Gobierno de Azcón aún no ha ofrecido explicaciones detalladas.
