EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Donald Trump ha firmado un memorando presidencial que autoriza a la policía federal a usar ciberherramientas ofensivas contra el cibercrimen transnacional en EE. UU.
- ¿Quién está detrás? El programa estará supervisado por el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional, con participación de empresas privadas contratadas.
- ¿Qué impacto tiene? Para España, abre un nuevo marco de cooperación público-privada en ciberseguridad que puede afectar a la colaboración transatlántica y a tecnológicas españolas con intereses en EE. UU.
Donald Trump ha firmado un memorando que autoriza a la policía federal a usar ciberherramientas ofensivas contra el cibercrimen en EE. UU.
El texto, publicado por la Casa Blanca, amplía la lucha contra el ransomware y otras estafas cibernéticas impulsadas por organizaciones criminales transnacionales. Incorporar al sector privado no es un detalle menor.
Qué autoriza exactamente el memorando
El programa se asienta en el Centro Nacional de Coordinación (NCC), creado en 2025 mediante una orden ejecutiva para proteger al pueblo estadounidense. Dos directores ejecutivos, uno del Departamento de Justicia y otro del Departamento de Seguridad Nacional, aprobarán las operaciones cibernéticas. Eso sí: las que generen consecuencias críticas quedarán fuera de su competencia.
El papel del sector privado: contratos, fianzas y supervisión federal
Las empresas participantes firmarán contratos con el Departamento de Justicia o con el Departamento de Seguridad Nacional. Deberán superar un proceso de selección riguroso y depositar una fianza mínima de un millón de dólares. La cifra no es trivial. Washington quiere cadenas de responsabilidad claras.
También podrán firmar acuerdos comerciales con otras empresas para recopilar información de amenazas y con agencias federales, estatales, locales, y tribales. La supervisión, no obstante, sigue siendo siempre gubernamental. Ninguna operación podrá aprobarse sin cumplir los procedimientos operativos que se publicarán en un plazo de 60 días.
Uno de los puntos más delicados del memorando es la obligación de detener cualquier operación si se detecta que afecta a una persona estadounidense, a sistemas situados en EE. UU. o bajo control de ciudadanos americanos. El protocolo prevé minimización de datos y notificación inmediata al Departamento de Justicia. No hay margen para daños colaterales.
El sector privado aporta la tecnología; Washington mantiene el mando, la supervisión y la responsabilidad jurídica de cada operación.
Los directores ejecutivos del programa tendrán 60 días para fijar los estándares técnicos, de seguridad y de personal. También podrán exigir informes periódicos y evaluar a las empresas al menos una vez al año. El primer informe completo sobre el estado de de programa llegará a los 180 días.
Para España, el memorando no impone obligaciones directas, pero define el terreno de juego. Las tecnológicas españolas con negocio en EE. UU. observan cómo Washington normaliza la colaboración ofensiva con contratistas privados. Telefónica o Indra, por citar dos nombres, compiten en ciberseguridad industrial y pueden verse afectadas por este nuevo marco.
El Gobierno español no se ha pronunciado oficialmente sobre el memorando, según pudo constatar esta redacción al cierre de la pieza. La posición de Bruselas tampoco está definida, aunque la Comisión Europea mantiene su propio marco de cooperación público-privada en ciberseguridad.
La Lógica de Washington
Washington parte de una idea sencilla: el Estado tiene la autoridad, pero la innovación vive en el sector privado. El memorando convierte esa ventaja en política de seguridad nacional. Conecta con el manual clásico del complejo industrial-militar estadounidense, desde el Proyecto Manhattan hasta los contratistas que sostuvieron la logística militar en Afganistán.
Para la administración Trump, el cibercrimen es una amenaza transnacional comparable al narcotráfico o al terrorismo. Al implicar a empresas tecnológicas, el presidente amplía la coalición de seguridad nacional sin aumentar el tamaño del Gobierno federal. La Casa Blanca busca eficacia operativa sin pasar por el Congreso. El próximo movimiento será la publicación de los procedimientos operativos, prevista en un plazo de 60 días.
Ficha del Caso
- El caso: Donald Trump firma un memorando para autorizar operaciones cibernéticas ofensivas contra organizaciones criminales transnacionales y suma al sector privado bajo supervisión federal.
- Datos clave: 60 días para fijar procedimientos operativos, fianza mínima de un millón de dólares, informe a 180 días y revisión anual de empresas.
- Para España: El memorando no impone obligaciones directas, pero influye en el modelo de colaboración público-privada en ciberseguridad que observan tecnológicas como Telefónica o Indra.
