Vox ha marcado los límites del pacto con el PP y ha tensado al Consell de Juanfran Pérez Llorca en las Corts.
Un Debate de Política General que deja al descubierto la grieta
El Debate de Política General que las Corts Valencianes (el parlamento unicameral de la Comunitat Valenciana, con 99 escaños) han acogido esta semana ha colocado al pacto PP-Vox frente a su propio espejo. El síndic de Vox (el portavoz del grupo parlamentario en las Corts), José María Llanos, subió a la tribuna con dos avisos guardados para el president de la Generalitat (el jefe del ejecutivo autonómico), Juanfran Pérez Llorca, y ninguno sonaba a cortesía parlamentaria.
El primero tuvo que ver con un silencio. Durante las dos horas de discurso del president, según denunció Llanos, la llamada «prioridad nacional» no apareció ni una sola vez. Ese concepto, recordó, fue la base que permitió cerrar el apoyo de Vox a los presupuestos de 2026. «Ha sido la base para que se haya cerrado el apoyo a los presupuestos por parte de Vox, y no le he oído nombrarlo ni una sola vez», lamentó. «Los acuerdos hay que cumplirlos, y la prioridad nacional, también», añadió.
La Oficina de Retorno que Vox creó y ya no reconoce
El segundo aviso fue una corrección en toda regla. Por la mañana, el president había anunciado que la Oficina de Arraigo y Retorno ya está operativa «para ordenar las políticas de integración migratoria, acompañar procesos de inserción laboral y educativa, facilitar la homologación de títulos y articular programas de retorno voluntario». Para Vox, ese catálogo no se corresponde con lo pactado. El organismo nació como condición de la formación para aprobar las cuentas de 2026 y, en su idea original, debía servir sobre todo para el retorno de los inmigrantes. «Para eso se ha creado, Sr. Pérez Llorca; para el retorno, no para otra cosa, que le he visto un poco confundido», espetó Llanos.
A ese doble reproche se sumó el resto del discurso, un retrato de país en clave de campaña. El síndic dibujó un panorama de deterioro social y de seguridad —agresiones sexuales, tráfico de drogas, homicidios, y robos con violencia, según su intervención— para reclamar un cambio de las políticas estatales. Y sacó pecho por lo pactado con el PP: sus medidas, dijo, han traído un «principio de desahogo» frente al «estrangulamiento» que atribuyó al Botànic (el gobierno de coalición de PSPV y Compromís entre 2015 y 2023). Con la vista en las urnas, avisó de que el proyecto de Vox «va más allá» de lo firmado.
El pacto PP-Vox en Valencia no se mide en titulares, sino en oficinas que unos creen propias y otros consideran incumplidas.
La réplica del president no entró al cuerpo a cuerpo. Juanfran Pérez Llorca volvió a agradecer a Vox su altura de miras en episodios como la DANA (la depresión aislada en niveles altos que causó las inundaciones de octubre y noviembre de 2024) y compró algunas de sus tesis sobre inmigración, entre ellas que los menores migrantes «con quien mejor están es con sus familias». El gesto, más de contención que de confrontación, retrata la dependencia del Consell (el gobierno de la Generalitat Valenciana, el equivalente autonómico del Consejo de Ministros) respecto a sus socios.
Desde la oposición, el cerco llegó por el otro flanco. El PSPV (la federación valenciana del PSOE) apretó al president con un dosier y sostiene que, si el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, conocía la existencia de corrupción, debe producirse un cese. Los socialistas también han preguntado si el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, está detrás de ese dosier. Compromís (la coalición valencianista), por boca de su síndic, Joan Baldoví, fue más lejos y reclamó un cambio de Gobierno.
El Escenario Valenciano
El pacto PP-Vox en la Comunitat Valenciana entra en una fase delicada. Vox ha convertido la «prioridad nacional» en su vara de medir y amenaza con revisar su apoyo si el Consell no la incorpora a su relato. El president, mientras tanto, gobierna con el equilibrio justo: agradece la altura de miras de sus socios en la DANA y adopta parte de su agenda migratoria, pero evita pronunciarse en los términos que Vox exige. La oposición explota la sensación de interinidad que, a su juicio, rodea a Pérez Llorca, y presiona por el flanco de la corrupción y de la gestión.
La lectura nacional no es menor. Vox usa los parlamentos autonómicos para marcar el ritmo del PP en toda España, y el caso valenciano funciona como laboratorio de lo que después llega al Congreso de los Diputados. Para el PP, sostener el apoyo de la derecha radical sin ceder la «prioridad nacional» es un equilibrio que no siempre sale bien; para el Gobierno de Pedro Sánchez, cada choque del Consell confirma la fragilidad de sus rivales. A eso se suma el calendario: el pulso por las cuentas de 2027 medirá hasta dónde aguanta el entendimiento.
Ficha del Caso
- El caso: El Debate de Política General en las Corts deja al descubierto las tensiones del pacto PP-Vox, con dos avisos de Vox al president Pérez Llorca por la «prioridad nacional» y la Oficina de Arraigo y Retorno.
- Datos importantes: Vox condicionó su voto a los presupuestos de 2026 a la creación de la Oficina de Arraigo y Retorno; su síndic, José María Llanos, reprochó al president no citar la prioridad nacional en dos horas de discurso.
- Resumen: El entendimiento entre PP y Vox sigue en pie, pero Vox eleva el precio de su apoyo mientras PSPV y Compromís presionan al Consell por la corrupción y la gestión.
