EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El embajador de Estados Unidos en China, David Perdue, aseguró que Donald Trump preguntó a Xi Jinping si quería comprar armamento estadounidense; el presidente lo desmintió este lunes y el Departamento de Estado negó que exista oferta alguna a Pekín.
- ¿Quién está detrás? La Casa Blanca, el Departamento de Estado y el propio embajador, cuyo relato no ha respaldado ningún otro miembro de la administración.
- ¿Qué impacto tiene? Refuerza la venta pendiente de armas a Taiwán y añade ruido a la relación comercial con China, con efecto indirecto sobre sectores españoles como el porcino y la automoción.
Donald Trump desmintió este lunes a su embajador en Pekín y dejó la venta de armas a Taiwán sobre la mesa.
La historia la puso en circulación David Perdue, exsenador republicano por Georgia y hoy embajador de Estados Unidos en China, en una entrevista concedida el domingo a Fox News. Según su relato, Trump preguntó a su homólogo chino si quería comprar armamento estadounidense durante la última visita de Estado entre ambos países. ‘El presidente Trump repite que vendemos armas a otros países del mundo. De hecho, le preguntó al presidente Xi si le gustaría comprar algunas’, sostuvo.
El Departamento de Estado se desmarcó de su propio embajador con una frase de manual que deja poco margen: ‘La ley estadounidense prohíbe la venta de armas a China y no existe ninguna oferta ni plan de vender armas a China’. La distancia entre ambas declaraciones es elocuente. El relato de Perdue no encontró eco en ningún otro despacho de la administración.
Al ser preguntado por esas declaraciones, Trump reaccionó con sorpresa. ‘¿A China? ¿Te refieres a Taiwán?’, respondió. ‘No había oído hablar de eso. Voy a tener que preguntarle. Podrían querer comprarlas, porque fabricamos mejor equipo que ellos, así que quizá sea una buena idea. Pero no lo discutimos’.
El resultado del episodio es una corrección en toda regla a su propio embajador y, de paso, una confirmación involuntaria: la venta de armas a la isla sigue viva en la agenda de la Casa Blanca, aunque nadie la haya anunciado de forma formal.
Cada paquete de armas que sale del Departamento de Estado hacia Taipéi es una decisión política, no una operación comercial.
La reacción de Pekín no ha trascendido por ahora.
Del plató de Fox News a la sala de prensa: la Casa Blanca corrige a su embajador
Qué compra Taiwán y qué marco legal ata las manos de Washington
La Ley de Relaciones con Taiwán de 1979, aprobada por el Congreso semanas después de que la Casa Blanca reconociera a Pekín, obliga a Estados Unidos a facilitar a la isla los medios defensivos que necesite para mantener su capacidad de autodefensa. Es el texto que sostiene todo lo demás y lleva casi medio siglo en vigor.
Sobre esa base, cada venta se notifica al Capitolio, que dispone de 30 días para intentar bloquearla mediante una resolución conjunta. Nunca lo ha conseguido. El paquete aprobado y todavía sin entregar a Taipéi ronda los 20.000 millones de dólares, según los recuentos que siguen las comisiones de Exteriores de ambas cámaras. Dentro hay cazas F-16V, lanzacohetes HIMARS, misiles Harpoon, carros Abrams, y sistemas antiaéreos NASAMS.
Y debajo de todo esto está el silicio. La taiwanesa TSMC fabrica alrededor del 90% de los chips más avanzados del planeta. Un bloqueo del estrecho no sería un problema asiático: sería un problema industrial europeo.
La dependencia es mutua.
La Lógica de Washington
Desde dentro del sistema americano, la lógica es más sencilla de lo que parece. Trump no ve el armamento como ayuda exterior, sino como producto: la industria de defensa estadounidense fabrica el mejor material del mercado y quien quiera protegerse debería pagarlo. Es la misma doctrina que aplica cuando reclama a los socios europeos de la OTAN que gasten más y compren más en América. Bajo ese prisma, la relación con Taiwán deja de ser una carga y se convierte en un negocio, y la frase del presidente sobre que ‘fabricamos mejor equipo que ellos’ encaja en ese marco sin ningún esfuerzo.
El precedente histórico es claro. En 1992, George H. W. Bush aprobó la venta de 150 cazas F-16 a Taipéi en plena campaña de reelección, con la factoría de Fort Worth como telón de fondo y una furia china que no impidió que los aviones se entregaran. Diez años antes, Ronald Reagan había cerrado con las Seis Garantías el compromiso de no consultar a Pekín las ventas de armas a la isla. Ninguna administración, republicana o demócrata, ha dado marcha atrás desde entonces.
La coalición que sostiene esa política es inusualmente amplia. El respaldo a Taipéi es uno de los pocos asuntos verdaderamente bipartidistas del Capitolio, y las sucesivas leyes de autorización de defensa han ido engordando los programas de cooperación militar año tras año. La base electoral del presidente, poco entusiasta de aventuras exteriores, acepta mejor un marco de ‘ventas, no regalos’. El asunto entró en en la agenda con un relato que le permite mostrarse firme con China sin gastar un dólar propio.
Para España, el riesgo no está en el anuncio, sino en la respuesta. Pekín ya utilizó en 2024 la investigación antidumping sobre el porcino europeo como represalia a los aranceles comunitarios al coche eléctrico, y España es el primer proveedor europeo de ese mercado, con más de 1.000 millones de euros anuales en juego. A eso se suma la dependencia del silicio taiwanés: las plantas de Zaragoza, Valencia y Barcelona ensamblan vehículos que no se pueden fabricar sin los chips de TSMC. La próxima ventana clave es administrativa. Cualquier paquete nuevo debe notificarse al Congreso, que abre entonces un plazo de 30 días para intentar tumbarlo, y ahí se verá si el episodio Perdue cambia algo o queda en anécdota. La incógnita, honestamente, sigue siendo qué se dijo exactamente en aquella conversación.
Ficha del Caso
- El caso: El embajador Perdue afirma que Trump ofreció armas a Xi durante una visita de Estado. La Casa Blanca lo desmiente y el Departamento de Estado reafirma el foco en Taipéi.
- Datos clave: Unos 20.000 millones de dólares en ventas aprobadas y sin entregar a Taiwán; 30 días de plazo para que el Congreso bloquee cada operación; más de 1.000 millones de euros anuales de porcino español en el mercado chino.
- Para España: El golpe no vendría de la venta, sino de la represalia china sobre el agroalimentario y de una crisis de chips que paralizaría la industria del automóvil.
