El dinero que sostenía el Acuerdo de Paz de Colombia está en el aire. El anuncio de Abelardo De La Espriella de acabar con la implementación del acuerdo enciende una alerta directa para España, uno de los principales socios europeos del proceso y de la cooperación para el desarrollo en las regiones más golpeadas por el conflicto.
Vamos por partes, porque aquí se mezclan dos planos. Uno es la política interna colombiana: quién gana, quién pierde y qué ocurre con la hoja de ruta pactada en 2016. El otro es la proyección exterior de un proceso que Bruselas y España financiaron como apuesta estratégica de estabilidad, inversión y prestigio diplomático en América Latina.
La dimensión económica del acuerdo se ha vuelto el argumento central del debate. No hablamos solo de dejación de armas ni de discursos de paz, sino de una arquitectura de inversión que orientó recursos públicos, privados y de cooperación internacional hacia los municipios más pobres y violentos del país.
Qué se juega Colombia si se desmonta el Acuerdo de Paz
El Acuerdo de 2016 creó categorías territoriales concretas: 344 municipios Zomac y 170 municipios Pdet, en buena medida superpuestos, donde se concentró inversión para cerrar brechas históricas de infraestructura, servicios y derechos. No fue una declaración de intenciones: se tradujo en capítulos específicos de los Planes Nacionales de Desarrollo, en el Plan Marco de Implementación, en el Ocad Paz, en el Fondo Multidonante de Naciones Unidas y en el mecanismo de Obras por Impuestos.
Las cifras ayudan a dimensionar lo que está en juego. Según el análisis de La República, en casi diez años se han destinado más de $152 billones a la implementación del Acuerdo. De ese total, cerca de $75 billones provienen del Presupuesto General de la Nación, $34,8 billones del Sistema General de Participaciones, $19 billones del Sistema General de Regalías y $4,7 billones mediante Obras por Impuestos.
Durante el Gobierno de Gustavo Petro se registró el mayor esfuerzo inversor del período. Se destinaron más de $61 billones en el cuatrienio, con un crecimiento del 80,8% de las fuentes controladas directamente por el Gobierno nacional frente al ciclo anterior. En 2025, el Presupuesto General de la Nación superó los $10 billones para la implementación, mientras Obras por Impuestos alcanzó un récord de $1,15 billones.
Desmontar esta arquitectura significará menos inversión, más pobreza y mayor desigualdad precisamente donde Colombia necesita cerrar brechas para competir en turismo, agroindustria, logística, actividad portuaria, energía y servicios. Esa es la preocupación que empieza a recorrer a empresarios, mandatarios locales y comunidades.
El detalle que casi nadie cuenta es que este desmontaje no se limita a una decisión presupuestaria interna. Toca de lleno los incentivos, la seguridad jurídica y la continuidad de los proyectos financiados por la cooperación internacional.
Por qué España y la Unión Europea miran con inquietud
España fue un actor europeo de primera línea en el respaldo al proceso de paz colombiano. Su cooperación, canalizada en parte mediante fondos europeos, apostó por la estabilización territorial, el desarrollo rural, la protección de líderes sociales y la presencia institucional en zonas históricamente olvidadas.
El anuncio de De La Espriella introduce una variable de riesgo para la influencia española y europea en el posconflicto. Si la institucionalidad del acuerdo se desmantela, los programas financiados desde Madrid y Bruselas quedan expuestos a reproches, bloqueos o simple irrelevancia. Es la diferencia entre ser actor central del proceso o quedar reducido a espectador de una reversión.
Conviene recordar que Colombia no es un país cualquiera para España. Es su principal socio político y económico de referencia en América Latina, con intereses empresariales relevantes en banca, infraestructuras, energía, agua y consultoría. La estabilidad colombiana y el respeto a los acuerdos son condiciones de fondo para que esa relación conserve su profundidad.
Las mismas cifras del acuerdo muestran que la cooperación internacional no actuó sola: funcionó como complemento de los recursos públicos y de la inversión privada. Si se elimina el capítulo de paz del Plan Nacional de Desarrollo, se resquebraja también la mesa donde España ha sentado su estrategia de cooperación y diplomacia económica.
Lo que está verdaderamente en disputa
Este no es un conflicto únicamente entre partidarios y detractores del acuerdo. Es una pugna sobre qué modelo de desarrollo se aplica a los territorios que sufrieron la violencia. Durante años, el instrumento del acuerdo permitió priorizar inversión con reglas especiales y trazabilidad de recursos. Eliminarlo no es un simple ajuste fiscal: redefine quién financia, quién ejecuta y quién responde en esas regiones.
El precedente importa. En Europa, los programas de cohesión territorial han demostrado que la inversión sostenida en zonas rezagadas funciona cuando hay arquitectura institucional estable. En Colombia, Obras por Impuestos fue un mecanismo ingenioso para involucrar al sector privado en regiones de alto riesgo, con incentivos claros y supervisión pública. Su desarticulación produce una señal de inestabilidad que se traduce en proyectos congelados, confianza debilitada y menor apetito inversor.
Para España, la lección es directa: la cooperación es más eficaz cuando se apoya en instituciones locales previsibles y en planes de desarrollo con respaldo normativo. Si esa base desaparece, también se diluye el retorno en términos de estabilidad, influencia y oportunidades para las empresas españolas que han mirado a Colombia como puerta de entrada a la región.
Queda por ver si el anuncio se transforma en norma o queda en un envite político. Pero la señal ya está lanzada. Y como suele ocurrir en estos casos, la incertidumbre hace pagar antes a los territorios más pobres. La diferencia, esta vez, es que España y la Unión Europea también tienen fichas sobre la mesa.
Los 152 billones ya invertidos convierten el acuerdo en una cuestión de territorio, desarrollo y estabilidad, no solo de ideología.
📌 Ficha del Caso
- Ficha sobre el caso: El Acuerdo de Paz de 2016 creó una arquitectura de inversión para los municipios más golpeados por el conflicto en Colombia. Su posible desmonte amenaza la continuidad de la apuesta española y europea en el posconflicto.
- Datos importantes: 344 municipios Zomac, 170 municipios Pdet y más de 152 billones de pesos destinados a la implementación en casi diez años, según La República. España y la UE fueron socios financiadores del proceso.
- Resumen: España ve en riesgo su influencia, su cooperación y la previsibilidad de sus intereses empresariales si la arquitectura del acuerdo se desmantela.
