António Costa ha abierto esta semana una ronda de contactos en las capitales para cerrar el presupuesto comunitario 2028-2034 antes de que el calendario electoral convierta el acuerdo en una misión imposible. La gira, que arrancó en Eslovaquia, busca desatascar un marco financiero plurianual de casi dos billones de euros y marcará la posición negociadora de España en Bruselas.
El presidente del Consejo Europeo pretende reunirse con presidentes y primeros ministros de los distintos bloques que hoy fracturan el Consejo. No es una simple ronda protocolaria: Costa necesita cerrar el acuerdo político antes de fin de año y evitar que las elecciones de 2027 en Francia, España e Italia congelen las mayorías y obliguen a reabrir la negociación.
El calendario tiene actores concretos. La presidencia semestral irlandesa debe presentar una propuesta actualizada en octubre y, si el consenso no cuaja, el arranque del nuevo ciclo presupuestario el 1 de enero de 2028 quedaría en riesgo. Fuentes de la negociación citadas por La Razón advierten de que el mayor enemigo del pacto no es un país concreto, sino el tiempo y la acumulación de citas electorales.
Por qué el calendario se ha convertido en el primer escollo
La fractura de fondo no es menor. Alemania y Países Bajos, contribuyentes netos del presupuesto europeo, califican de irreal la propuesta actual y presionan para situar el techo de gasto cerca del 1,1% de la renta nacional bruta (RNB). El canciller alemán, Friedrich Merz, llegó a plantear en Dublín recortes de varios cientos de miles de millones en agricultura y desarrollo regional.
Enfrente se sitúan los ‘Amigos de la Cohesión’. España, Italia y Polonia defienden que el marco financiero es la única herramienta de inversión común capaz de blindar la convergencia regional y financiar defensa e industria. España teme que los recortes de los frugales asfixien a las comunidades autónomas y a los perceptores de fondos de cohesión, mientras intenta sumar al debate una partida de seguridad sin renunciar a las ayudas tradicionales.
Lo que se negocia en esta gira no es un ajuste contable; es la distribución del poder financiero de la UE durante los próximos siete años.
La arquitectura del nuevo presupuesto: de 52 programas a 16 y un plan por país
La Comisión Europea ha propuesto una simplificación radical. La propuesta reduce los programas comunitarios de 52 a 16 e integra cohesión y agricultura en Planes Nacionales y Regionales de Asociación. El Parlamento Europeo recela de esa renacionalización: sostiene que resta transparencia y aleja a las administraciones locales de la gestión de los fondos que históricamente han administrado.
La Eurocámara ha elevado su propia exigencia. Reclama que el presupuesto alcance el 1,27% de la RNB, unos 200.000 millones de euros adicionales respecto a la propuesta de la Comisión, y propone nuevos recursos propios vinculados a los beneficios empresariales, los servicios digitales y el carbono para recaudar alrededor de 60.000 millones de euros anuales. Ese dinero financiaría nuevas prioridades y reduciría la dependencia de las aportaciones de los Estados.
Seguridad y competitividad son las dos grandes novedades del borrador. La partida de defensa, podría multiplicarse por diez para mejorar la movilidad militar y responder a la amenaza rusa, mientras un nuevo Fondo Europeo de Competitividad centraría su atención en inteligencia artificial, tecnologías verdes y biotecnología. España observa ese equilibrio con interés, pero también con cautela sobre el encaje de los fondos regionales.
La base jurídica del marco financiero plurianual exige unanimidad en el Consejo y consentimiento del Parlamento Europeo. Basta un veto para bloquear el conjunto, como demostró Hungría en 2020 durante la negociación del fondo de recuperación. Costa necesita, por tanto, no solo aproximar posiciones, sino evitar que algún líder utilice la negociación presupuestaria como moneda de cambio para otras batallas: Estado de Derecho, migración o ampliación.
El Eje del Poder Europeo
Lo que arranca en Eslovaquia es un pulso clásico entre el norte contribuyente y el sur receptor. Alemania y Países Bajos quieren disciplinar el gasto y priorizar la consolidación fiscal; España, Italia y Polonia defienden que sin un presupuesto ambicioso la UE no podrá responder a la dependencia tecnológica ni a la crisis de seguridad. En el medio quedan países como Irlanda, que preside el semestre y debe transformar posiciones extremas en una propuesta viable.
El impacto para España tiene una arista directa. Los fondos de cohesión y la PAC han financiado durante décadas proyectos regionales, explotaciones agrarias y programas de empleo; una renacionalización mal diseñada podría alterar su destino y su control. Moncloa ya ha trasladado en privado su rechazo a recortes lineales en cohesión y su disposición a ligar defensa y competitividad a nuevos recursos, no a restar dinero a las regiones más pobres.
El precedente histórico aporta una advertencia útil. Durante la crisis del euro, los recortes y la condicionalidad financiera agudizaron la fractura norte-sur; en 2020, la pandemia obligó a crear Next Generation, un fondo financiado con deuda común que rompió el tabú fiscal. El presupuesto 2028-2034 se decide bajo la sombra de ambos episodios: si se impone la lógica restrictiva, España verá reducido su margen de desarrollo regional, y si triunfa la vía inversora, el coste recaerá sobre los contribuyentes del norte.
Observamos una conclusión moderada. La gira de Costa puede cerrar un acuerdo si acota la ambición del Parlamento Europeo y convierte el rechazo del norte en una exigencia de eficiencia administrativa. La próxima gran cita será la propuesta irlandesa de octubre, seguida de la cumbre del Consejo Europeo destinada a fijar el techo definitivo. Si esa fecha falla, la negociación se reabrirá en pleno ciclo electoral, con Francia, España e Italia defendiendo el pacto ante electorados cada vez menos europeístas.
