La Junta de Andalucía mantiene intacto el contrato del Metro de Málaga: romperlo costaría hasta 926 millones de euros.
Las cuentas anuales del ejercicio 2025, consultadas por EL ESPAÑOL de Málaga, cifran en 926.411.456,86 euros la compensación prevista si la resolución del contrato derivara de un incumplimiento imputable a la Administración andaluza. El dato supone un incremento frente a los 912,5 millones calculados al cierre del año anterior y se aproxima ya a los 1.000 millones de euros, una magnitud similar a la inversión global que supondrá el desarrollo completo de la infraestructura una vez culminada la prolongación hasta el entorno del Hospital Civil.
El contrato regula la explotación de las líneas 1 y 2 del suburbano malagueño y se extiende hasta 2042. La demanda de viajeros continúa creciendo, pero la concesión no deja prácticamente ningún escenario sin regular: la cuantía de una hipotética ruptura depende de a quién corresponda la responsabilidad.
Tres escenarios y una factura millonaria
El escenario más gravoso para las arcas públicas sería un incumplimiento de la Junta de Andalucía. La sociedad concesionaria tendría derecho a 926,4 millones de euros, la cifra más alta de las tres recogidas. La compensación incluye la devolución de determinadas garantías, el Valor Patrimonial de la Inversión, los gastos de constitución, los gastos financieros capitalizados pendientes y los costes de una eventual cancelación anticipada de la financiación o de las coberturas de tipos de interés.
Si la ruptura llegara por fuerza mayor, la indemnización se reduciría a 668.103.640 euros, frente a los 648,2 millones del ejercicio anterior. El contrato reconoce además el valor actual neto de los beneficios esperados durante los cinco años siguientes, actualizado conforme a los parámetros del plan económico-financiero de la concesión.
El tercer supuesto contemplado es un incumplimiento imputable a la propia sociedad concesionaria. En ese caso, la factura se situaría en 431.496.528 euros, la menos costosa para la Administración. Aun así, sigue siendo una cantidad que cualquier responsable público en Andalucía querría evitar.
Romper el contrato del Metro de Málaga no es una hipótesis barata: la factura mínima roza los 432 millones de euros.
La protección financiera de la concesión y el respaldo al BEI
El blindaje económico no se agota en las indemnizaciones. La sociedad concesionaria ha generado 356,1 millones de euros de beneficios acumulados desde el inicio de la explotación, de los que 294 millones ya se han repartido como dividendos. El fondo francés Vauban Infrastructure Partners controla el 76% del capital, mientras que la Junta de Andalucía mantiene el porcentaje restante.
Mientras esté vigente el préstamo concedido por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), con vencimiento previsto en 2030, la Agencia de Obra Pública de Andalucía se compromete a realizar las aportaciones necesarias para que la concesionaria cumpla todas sus obligaciones de crédito. El contrato obliga además a la Administración autonómica a asegurar los recursos suficientes para cumplir los ratios financieros exigidos por la entidad europea.
De este modo, la concesión no solo regula la explotación del Metro durante casi cuatro décadas. Establece también un detallado sistema de protección económica que garantiza el equilibrio financiero del proyecto ante cualquier eventualidad, incluida una hipotética resolución anticipada que, a tenor de las cifras recogidas, tendría un elevado impacto para la Administración.
La Lectura Andaluza
En Andalucía, el Metro de Málaga es mucho más que un medio de transporte: es una pieza central de la movilidad metropolitana y un termómetro de cómo la comunidad gestiona sus grandes concesiones de infraestructuras. La Junta de Andalucía mantiene el contrato y, con ello, evita de forma prudente un coste de 926 millones que comprometería las cuentas públicas autonómicas durante años.
Para el usuario de a pie, la lectura es clara. La continuidad del servicio significa que los usuarios de las líneas 1 y 2 pueden confiar en una red que funciona con normalidad, que la demanda sigue creciendo y que no hay riesgo inmediato de un litigio millonario. Con más de 8,5 millones de habitantes en Andalucía, la estabilidad de una infraestructura como la de Málaga tiene un impacto directo en la calidad de vida metropolitana y en la competitividad de la Costa del Sol.
La proyección tampoco es menor. Con el horizonte contractual fijado en 2042 y el vencimiento del préstamo del BEI en 2030, los próximos años en Málaga estarán marcados por la ampliación hacia el Hospital Civil y por la consolidación de un modelo de financiación que ya ha repartido 294 millones de euros en dividendos. Quienes vivimos en Andalucía sabemos que la movilidad no se construye en un solo mandato: se blinda con reglas claras y contratos pensados para durar.
