Junts registra hoy en el Congreso la proposición de ley para delegar a la Generalitat las competencias de inmigración. El partido de Carles Puigdemont busca reeditar un acuerdo que Podemos vuelve a amenazar con tumbar.
La dirección neoconvergente ha aceptado recortar el preámbulo para eliminar la referencia a la cohesión social que los morados consideraron racista. La primera versión cayó en septiembre de 2025 con los votos en contra de PP, Vox, Podemos y dos diputados de Sumar.
Por qué Junts retira la cláusula que enfadó a Podemos
El texto registrado mantiene íntegro el articulado, según ha detallado la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras. La modificación se concentra en el preámbulo y suprime la frase que vinculaba la cesión a evitar posibles ‘riesgos para la convivencia y la cohesión social’. El objetivo, en palabras de Nogueras, es no dar a Podemos ‘ninguna excusa’ para repetir el rechazo.
Nogueras ha reivindicado la medida como una de las grandes soluciones ante la crisis de Ceuta y ha expuesto sin matices la posición de fondo. ‘Cataluña no tiene capacidad de acogida infinita’, ha argumentado. La dirigente sostiene que el modelo de de los diez millones de habitantes que atribuye a Salvador Illa no es viable ‘ni responsable’.
Belarra mantiene el veto: el problema no es el preámbulo, es la ley de extranjería
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha rechazado de plano la cesión. Su lectura no ha cambiado: la normativa estatal que se delegaría es, en su opinión, racista. ‘El problema es que estaban delegando en Cataluña una ley que es racista, que es la ley de extranjería’, ha declarado en los pasillos del Congreso.
Belarra exige modificar también el articulado y no solo el preámbulo. Pide suprimir los centros de internamiento de extranjeros (CIE) y acabar con lo que llama ‘redadas racistas’. Además, recuerda que el acuerdo de regularización de 1,2 millones de solicitudes sigue sin cumplirse con la agilidad prometida. Exige más agilidad en los trámites y que el Gobierno cumpla lo pactado. En su opinión, el texto no puede aprobarse con un enfoque centrado en la seguridad.
El choque ya no es por la redacción del texto: es por la concepción entera de la política migratoria.
La líder morada ha dejado claro que no hay negociación abierta. Cuando un grupo parlamentario propone una propuesta a través de los medios de comunicación, normalmente el objetivo no suele ser negociar, sino presionar’, ha apostillado.
La lectura política: de la crisis de Ceuta al pulso PSOE-Junts
La delegación de competencias migratorias era uno de los acuerdos centrales entre el PSOE y Junts antes de la ruptura de octubre de 2025. El bloqueo de esta proposición no solo dejó la legislatura en el aire. También explica la insistencia actual de Junts: su portavoz insiste en que la crisis migratoria del verano, con la llegada de menores desde Ceuta, agrava la presión sobre los servicios sociales catalanes.
El pulso se traslada al tablero parlamentario con Podemos como bisagra de bloqueo. Los neoconvergentes necesitan a los cuatro diputados morados, aunque también les valdría una abstención en la Diputación Permanente. La aritmética es la misma que tumbó la iniciativa en 2025: PP, Vox, Podemos y dos diputados de Sumar mantienen posiciones de rechazo.
En esta redacción observamos una paradoja: Junts cambia la piel del preámbulo, pero no el fondo. Su discurso sobre la capacidad de acogida limitada sigue siendo incompatible con el relato de derechos humanos que pide Podemos. El acuerdo de regularización puede desatascarse con más funcionarios y plazos. El choque sobre la ley de extranjería no se resuelve con una rebaja de retórica.
El texto inicia ahora su tramitación en el Congreso. Sin una enmienda de calado sobre los CIE y las devoluciones, el veto de Podemos deja a Junts y al PSOE delante del mismo muro que en 2025. La próxima prueba llegará en la Mesa del Congreso, donde habrá que comprobar si la proposición se califica con normalidad o si se convierte en un nuevo capítulo de la tensión entre Moncloa y Junts.
