3La excepción ibérica ya no protege: el tope al gas se ha reducido a la mínima expresión
El mecanismo ibérico nació en junio de 2022 como la gran excepción española y portuguesa al mercado eléctrico europeo: Bruselas autorizó a la península a topar el precio del gas que queman los ciclos combinados, el combustible que marca el precio marginal de la electricidad. El tope arrancó en 40 euros por megavatio hora, fue subiendo cada mes hasta converger con la referencia, en torno a 70 euros, y expiró el 31 de diciembre de 2023 sin prórroga. Durante sus 18 meses de vida cumplió su función: el pool español promedió unos 103 euros por megavatio hora, unos 73 menos que el francés, y la inflación energética en España cayó de media 3,5 puntos porcentuales. Al apagarlo, el argumento oficial fue que la emergencia desatada por la guerra de Ucrania ya había pasado, y con ella la necesidad de un cortafuegos extraordinario.
Dos años después, el contexto ha vuelto a torcerse: la escalada en Oriente Próximo y la crisis de Ormuz han disparado el gas, aunque lejos de los 340 euros por megavatio hora del peor 2022 (ahora ronda los 50). El Gobierno asegura que monitoriza los mercados y no descarta medidas, pero la titular de Transición Ecológica insiste en que «no estamos en ese contexto» y prefiere una respuesta europea. El tope queda así reducido a la mínima expresión: dormido, sin aplicación práctica y sin fecha de reactivación. Mientras tanto, la tarifa regulada (PVPC), todavía casada con el precio mayorista diario, transmite ese golpe directo a la factura. De ahí que este mes el recibo suba en torno a un 20%: sin el cortafuegos ibérico, el gas vuelve a mandar en el precio de la luz.
