Brecha salarial en Cataluña: crece un 70% en cuatro años, beneficios disparados y salarios estancados

Diferencia de 12.200 euros anuales entre los ingresos netos de los empleadores y el salario de los asalariados en Catalunya en 2025. En 2021, la brecha era de 7.200 euros, según el análisis de UGT basado en datos del INE.

La brecha salarial entre empleadores y asalariados en Catalunya se ha ampliado un 70% en los últimos cuatro años. Un análisis de la Unión General de Trabajadores (UGT), publicado este miércoles, sitúa en 12.200 euros anuales la diferencia media entre ambos colectivos.

Una brecha de 12.200 euros que se amplía un 70%

El estudio del sindicato se apoya en la encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística (INE) y dibuja una fractura que crece con rapidez. Los ingresos netos de quienes emplean avanzan más rápido que los salarios de quienes trabajan por cuenta ajena.

Los números son claros. Las personas empleadoras en Catalunya ingresaron una media de 36.301 euros netos anuales por su actividad en 2025. Las personas asalariadas percibieron 24.108 euros netos durante el mismo periodo. La distancia entre ambos colectivos no es nueva, pero sí se ha ensanchado de forma acelerada.

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En 2021, la brecha media se situaba en torno a los 7.200 euros anuales. El aumento de casi 5.000 euros en cuatro años equivale al citado 70%. No se trata solo de cuánto se gana, sino de cómo se reparte lo que se genera en el tejido productivo catalán.

Por qué se ensancha la diferencia entre empleadores y asalariados

El dato de UGT llega en un momento en el que la negociación colectiva avanza despacio en varios sectores de Catalunya. La diferencia entre ambos colectivos equivale a unos 156 euros al mes a favor del empleador por cada asalariado. Un desfase que la inflación de los últimos años no explica por sí sola.

La brecha no avanza por casualidad: los ingresos de los empleadores crecen más rápido que los salarios de quienes sostienen las empresas.

La lectura política del informe es inmediata. Con un Govern presidido por Salvador Illa y una mayoría parlamentaria que necesita acuerdos constantes, el dato de UGT coloca la desigualdad salarial en el centro del debate autonómico. El sindicato no solo describe una foto: apunta a una tendencia que puede consolidarse si los convenios no corrigen el desfase. La presión sindical sobre la Generalitat se intensifica cuando la estadística oficial confirma lo que el discurso político prefiere matizar.

La lectura política: presión sobre el Govern y los agentes sociales

Desde esta redacción observamos que la presión se reparte entre el Govern y los empresarios. La Generalitat ha situado la reducción de la desigualdad entre sus prioridades discursivas, pero la estadística no acompaña. La mayoría de los datos oficiales ha recogido mejoras del empleo en Catalunya, no del reparto de los ingresos que ese empleo genera. La brecha salarial se ha convertido en un indicador incómodo para un ejecutivo que prometió una recuperación justa. El discurso político celebra el empleo, pero la estadística de renta cuenta otra historia.

El precedente no es nuevo. En ciclos anteriores de expansión económica, los ingresos de los empleadores crecieron más rápido que los salarios. Lo singular de este periodo es la velocidad: un 70% de incremento en solo cuatro años es una pendiente pronunciada para cualquier economía comparable. La encuesta del INE, con su frecuencia anual, permite seguir la evolución con precisión y descarta que se trate de una fluctuación puntual. El mercado laboral catalán ha creado empleo en los últimos ejercicios, pero la calidad salarial de ese empleo no se corresponde con los ingresos que genera.

La próxima entrega de la encuesta del INE, prevista para 2027, medirá si el aumento del desfase se consolida o comienza a corregirse. La negociación de los convenios sectoriales en los próximos meses será el termómetro real. En el plano político, el dato alimenta la discusión sobre la fiscalidad del trabajo frente a la del capital, tanto en el Parlament como en las relaciones entre la Generalitat y el Gobierno central.

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