El Consejo de Ministros aprobó este martes un paquete de 52,5 millones de euros para la Comunidad de Madrid, divididos entre programas sociales y cohesión sanitaria. La decisión se tomó a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales y del Ministerio de Sanidad.
La parte principal, 45,3 millones, procede de la asignación tributaria del 0,7% del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades. Otros 7,2 millones llegan desde Sanidad para cohesión, formación y donación de médula ósea. Ambas partidas están previstas para ejecutarse a lo largo de 2026.
Los 45,3 millones pasan por el Consejo Territorial antes de llegar a las entidades
La autorización del Consejo de Ministros no convierte en automática la transferencia. El reparto debe someterse al Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Solo después, la Comunidad de Madrid podrá publicar sus convocatorias de subvenciones para entidades del Tercer Sector.
El montante nacional asciende a 432,8 millones, un 15% más que el año anterior. Madrid capta 45,3 millones, cerca del 10,5% del total; sumados a los 7,2 de Sanidad, el paquete autonómico supera los 52 millones. Los criterios ponderan población, tasa AROPE, renta per cápita, dispersión territorial, familias monomarentales y envejecimiento. En 2024, este modelo financió más de 10.000 proyectos en toda España. Las convocatorias autonómicas buscan cubrir necesidades de pobreza, exclusión, discapacidad, pueblo gitano, mayores, infancia y familia. En Madrid, esa bolsa se ha convertido en un salvavidas para entidades que trabajan en distritos con rentas por debajo de la media regional.
Sanidad: 7,2 millones con foco en crónicos, farmacia y médula ósea
La segunda pata llega de las aportaciones que las empresas farmacéuticas hacen al Sistema Nacional de Salud por sus ventas. De los 63 millones recaudados, 50,27 se reparten entre comunidades e INGESA. A Madrid le corresponden 7,2 millones. La línea más gruesa, 6,6 millones, financia cohesión sanitaria: atención a pacientes crónicos, deprescripción, receta electrónica, farmacovigilancia y acceso a terapias de alto impacto. También financian formación en uso racional del medicamento y programas de participación de pacientes, un eje que la Consejería de Sanidad suele reforzar.
El resto se concentra en donación. Madrid recibirá 627.784 euros para el Plan Nacional de Médula Ósea y el de Sangre de Cordón Umbilical. El presupuesto incluye tipajes, acreditación de centros de colecta y captación de donantes, y prioriza a la población de 18 a 40 años.
El dinero sale de la Moncloa, pero la letra pequeña la escribe la Comunidad: de sus plazos de convocatoria depende que las entidades empiecen 2027 con programa aprobado.
Por qué la prórroga del modelo importa más que el importe
Más allá de la cifra, el dato estructural es que el Acuerdo de 2021, que expiraba en junio, se ha prorrogado por dos años y medio, hasta el 31 de diciembre de 2028. El Ministerio justifica la prórroga por los buenos resultados y porque evita que que cada convocatoria se negocie desde cero.
La contrapartida es la gestión autonómica. La Comunidad de Madrid tendrá que convocar, baremar y justificar unas ayudas que el año pasado llegaron a miles de proyectos en toda España. Las entidades del Tercer Sector miran con lupa el calendario de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales: una convocatoria tardía puede dejar sin margen a proyectos que arrancan en enero.
En paralelo, los fondos de Sanidad se decidieron en la Comisión Permanente de Farmacia del 6 de mayo de 2026, con criterios acordados por las autonomías. Ese detalle técnico importa: evita que cada comunidad improvise prioridades y da continuidad a programas como la receta electrónica o la lucha contra las resistencias antimicrobianas.
Hemos contrastado el reparto con el peso demográfico. Madrid concentra en torno al 14% de la población española y recibe algo más del 10% del dinero social. No es necesariamente una anomalía, porque la región presenta indicadores de pobreza por debajo de la media. Aun así, el dato sirve para medir si el modelo premia la necesidad o la capacidad de gestión de cada autonomía.
El próximo hito es el Consejo Territorial. Ahí se validará la distribución y se abrirá la cuenta atrás para que el Gobierno regional mueva ficha. La ejecución está prevista para 2026, pero la experiencia de ejercicios anteriores recomienda no confundir aprobación con desembolso.
