Vox ha logrado que el Tribunal Supremo suspenda cautelarmente el derecho a voto de los nacionalizados por la ley de nietos.
Qué ha pedido Vox y qué alcance tiene la suspensión
La suspensión ha sido adoptada a instancia de Vox y de Iustitia Europa, entidad que impugna la instrucción dictada en 2022 por el Ministerio de Justicia para desarrollar la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, conocida como ley de nietos.
La disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática permitió adquirir la nacionalidad por vía de origen a descendientes de exiliados. La instrucción dictada en 2022 por el Ministerio de Justicia fijó el procedimiento administrativo para acreditar ese vínculo.
Para la formación, la instrucción amplía por vía administrativa el censo electoral y compromete la seguridad jurídica de los procesos electorales. La cautelar busca que ninguna convocatoria futura quede condicionada por inscripciones cuya legalidad aún debe resolverse en sentencia.
La resolución no anula la nacionalidad adquirida, pero suspende temporalmente el sufragio activo de quienes obtuvieron la ciudadanía por esa vía. La excepción prevista en el auto exige acreditar ser descendiente de exiliados por motivos políticos.
La decisión cuenta con el voto particular discrepante de la magistrada María Alicia Millán Herrandis, lo que confirma que la controversia jurídica es real. Solo cuando el Alto Tribunal resuelva el fondo quedará depurada la cuestión.
La suspensión cautelar no discute la nacionalidad, sino la fiabilidad del censo electoral antes de que se convoquen las urnas.
Las asociaciones judiciales cargan contra la decisión
La Unión Progresista de Fiscales (UPF) y Juezas y Jueces para la Democracia han difundido un comunicado conjunto en el que muestran ‘honda preocupación’ por la decisión y califican la medida de desproporcionada al afectar a un derecho fundamental.
El texto respeta al Alto Tribunal, pero se alinea con la tesis del voto particular y denuncia que la suspensión proyecta efectos electorales sobre la instrucción de 2022, un documento que no ha sido impugnado ‘directa ni indirectamente’ en el procedimiento. Las asociaciones añaden que se priva del sufragio a quienes ‘son españolas en virtud de actos firmes’ sin ser parte y sin un examen individualizado de su situación.
Para la UPF y Juezas y Jueces para la Democracia, la excepción que permite votar a los descendientes de exiliados genera ‘una diferencia de trato entre personas españolas de origen en función de la vía por la que accedieron a la nacionalidad’. Insisten en que la ponderación debe ser especialmente rigurosa cuando una cautelar limita derechos fundamentales de un número muy elevado de personas.
El comunicado subraya que el riesgo invocado se proyecta sobre procesos electorales futuros y todavía no convocados, mientras que el perjuicio de la suspensión es inmediato y concreto. Reclama resolver el fondo con todas las garantías y urgen celeridad antes de que pueda convocarse cualquier proceso electoral, con información clara para los afectados.
La batalla por el censo: una lectura estratégica
Más allá del pleito, Vox convierte la legalidad del censo en un eje de presión institucional. Al impugnar la instrucción de 2022, la formación obliga al Gobierno y a la Junta Electoral Central a pronunciarse sobre cuántos nuevos electores incorporará el censo y bajo qué garantías.
El comunicado de las asociaciones admite que la propia Junta Electoral Central ha albergado posiciones discrepantes, lo que refuerza la lectura de una controversia interpretativa legítima. Para Vox, esa discrepancia no puede resolverse abriendo las urnas sin depurar antes el censo. La existencia de un voto particular dentro de la propia sala confirma que la aplicación de la instrucción no es pacífica.
La resolución de fondo determinará si la ampliación administrativa del censo se ajusta a la Ley de Memoria Democrática. Hasta entonces, la pretensión de control de legalidad ha conseguido desplazar el debate de cuántos nuevos nacionalizados hay a con qué garantías vota cada uno. La celeridad reclamada por el Gobierno y por las asociaciones no elimina la cuestión de fondo; la pospone, y Vox ya ha conseguido marcarla en la agenda.
