Los cuatro centros de datos proyectados en Extremadura consumirían hasta 4 GW, casi toda la electricidad que genera la comunidad al año.
Cuatro proyectos, una demanda equivalente a la generación extremeña
Ecologistas en Acción de Extremadura ha alertado este martes de que las instalaciones anunciadas en Badajoz, Navalmoral de la Mata, Valdecaballeros y Cáceres podrían necesitar entre 3,5 y 4 gigavatios de potencia eléctrica, incluida la refrigeración y los consumos auxiliares. La organización ha presentado alegaciones a la nueva regulación estatal del sector de centros de datos.
La cifra equivale, según los ecologistas, a una cantidad de electricidad próxima a toda la generada actualmente en la comunidad autónoma si los centros funcionaran de manera continuada. El dato desborda la escala de otros desarrollos industriales extremeños.
Los centros de datos requieren además grandes cantidades de agua, líneas eléctricas de alta capacidad, subestaciones, sistemas de refrigeración, baterías y grandes grupos electrógenos de respaldo. Por eso Ecologistas en Acción reclama límites claros, planificación pública y garantías sociales y ambientales.
La organización advierte de que la existencia de vertidos renovables —la electricidad generada que el sistema no puede aprovechar en determinadas horas— no resuelve el problema. Los macrocentros también consumen cuando la producción renovable es escasa.
La cuestión no es si Extremadura tiene sol y suelo: es quién tendrá prioridad sobre esa energía.
La pregunta central que plantea el colectivo es directa: ¿debe su hiperconsumo tener prioridad sobre las necesidades de hogares, servicios públicos, agricultura y otras industrias? Y añade otra incógnita: si ese despliegue justifica la construcción de nuevas redes e instalaciones de generación.
La Junta pide retirar la regulación y los ecologistas hablan de megaproyectos
La Junta de Extremadura ha presentado alegaciones para pedir la retirada de la regulación estatal. Su posición coincide, según Ecologistas en Acción, con la de la patronal de los centros de datos, que amenaza con abandonar inversiones y reclamar indemnizaciones si se mantienen las nuevas condiciones.
Para el colectivo ecologista, esas alegaciones no defienden a Extremadura frente a los impactos de los macroproyectos, sino a las empresas frente a los límites destinados a proteger el territorio. El Gobierno autonómico vuelve a presentar los recursos extremeños como disponibles para cualquier inversión declarada estratégica. Sin explicar cómo afectará el despliegue al agua, al suelo, al sistema energético y al bienestar de la población.
La regulación estatal, a juicio de los ecologistas, debería reducir y limitar el consumo total y acumulado de agua, electricidad y suelo, además de decidir cuántos centros pueden instalarse, dónde y bajo qué condiciones.
También piden que la demanda de estas instalaciones se cubra con nueva generación 100 % renovable, almacenamiento y flexibilidad, sin recurrir a combustibles fósiles ni a energía nuclear, y sin desplazar otras necesidades sociales.
En el plano democrático, reclaman aplicar el principio de precaución, asegurar la transparencia y la participación pública, y evaluar los efectos de los centros de datos sobre los derechos humanos, el empleo, los servicios públicos y la soberanía digital.
El Pulso Territorial
El choque entre la Junta de Extremadura y Ecologistas en Acción refleja una tensión de fondo en la comunidad: la apuesta por los grandes proyectos energéticos como vía de salida a una economía históricamente rezagada. No es la primera vez que Extremadura se convierte en escenario de un debate entre desarrollo energético y protección del territorio; las grandes plantas fotovoltaicas ya generaron discusiones sobre ocupación de suelo y beneficios locales.
La lectura regional del asunto se mueve entre dos polos. Por un lado, los defensores de los centros de datos ven empleo, inversión y una oportunidad para fijar población. Por otro, los ecologistas advierten de que el agua, el suelo y la electricidad no son infinitos. Ambas posturas compiten por definir el modelo productivo de la comunidad en un momento en que otras autonomías también reciben este tipo de proyectos.
Lo que viene a continuación es la tramitación de la norma estatal y las alegaciones presentadas por la Junta. El margen para modificar el texto existe, pero la presión de la patronal sobre el Ejecutivo extremeño deja pocas dudas: la regulación de los centros de datos se ha convertido en un campo de batalla entre sostenibilidad y desarrollo económico.
Ficha Autonómica
- El caso: Ecologistas en Acción de Extremadura alerta de que los cuatro centros de datos proyectados en Badajoz, Navalmoral de la Mata, Valdecaballeros y Cáceres consumirían entre 3,5 y 4 GW, casi toda la electricidad que genera la comunidad al año.
- Datos importantes: La Junta ha presentado alegaciones para pedir la retirada de la regulación estatal, en línea con la patronal del sector. Los ecologistas piden límites de agua, electricidad y suelo, y demanda cubierta con nueva generación 100 % renovable.
- Resumen: El conflicto sigue abierto: la regulación estatal está en tramitación, la Junta defiende sus megaproyectos y Ecologistas en Acción exige planificación pública, transparencia y participación antes de autorizar más centros de datos.
