La patronal renovable valenciana denuncia cinco años de parálisis administrativa de la Generalitat y avales bloqueados durante años. El atasco ya se traduce en despidos y en proyectos que emigran a otras comunidades.
El diagnóstico lo firma Pedro Fresco, presidente de Avaesen, la Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía. Su denuncia es muy concreta: las garantías económicas —los avales que reservan un punto de conexión—, de 40.000 euros por megavatio, siguen retenidas cuando el proyecto decae por causas ajenas al promotor. La ley marca tres meses para devolverlas. Aquí se cuentan por años.
Las cifras no cierran.
Detrás de cada expediente hay una pyme, una cooperativa, o un desarrollador local que financia el aval con créditos y pólizas de caución. Esas entidades cobran primas anuales que, en los casos consultados, llegan a 70.000 euros por proyectos sin viabilidad. Hay sociedades con desembolsos acumulados por encima de los 160.000 euros en expedientes inactivos. Para pagarlos, recortan plantilla: hasta un 70 % menos de personal en algunos casos.
El cuello de botella no está solo en la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio. Las empresas explican que la Dirección General de Industria emite resoluciones favorables a la devolución y que, después, el expediente se duerme en la Intervención de la Generalitat, el departamento que firma la orden final de pago. La conselleria defiende que ha reforzado personal y ha desplegado herramientas informáticas para acelerar las resoluciones. El sector responde que no basta.
Cuatro o cinco años de espera son también cuatro o cinco años de culpa que nadie firma.
Cuatro y cinco años para un permiso: la parálisis que nadie firma
Los tiempos de tramitación son el otro frente. Autorizar una instalación exige entre cuatro y cinco años y, en ese recorrido, se pierden las vías de financiación originales. Un proyecto que nace con un préstamo a cinco años llega al final del proceso sin banco y sin comprador. En otras autonomías, según el sector, la devolución de los avales se resuelve en semanas o meses. La diferencia no es de criterio: es de gestión.
Avaesen pide algo muy concreto: que no se ejecuten las fianzas salvo en los casos de acopio intencionado de puntos de conexión. El objetivo de la garantía era evitar el acaparamiento de la red, no castigar a quien archiva un proyecto inviable en el territorio valenciano.
Los 280 millones que el Consell renuncia a cobrar mientras las pymes esperan
El contraste es el dato más incómodo. El Consell de Juanfran Pérez Llorca ha iniciado la tramitación para renunciar al cobro de 280 millones de euros en avales presentados por promotores fotovoltaicos que desistieron de sus proyectos. La medida beneficia a sociedades que no completaron los hitos que exige el Ministerio para la Transición Ecológica: recuperan o evitan la ejecución de fianzas de 40.000 euros por megavatio.
El sector local habla de desigualdad de trato. Los grandes grupos ven liberadas sus garantías mientras las pymes implantadas en el territorio siguen esperando una orden de pago que no llega.
El temor ahora es la segunda ola. Perdida la primera generación de proyectos fotovoltaicos, la siguiente se juega en el almacenamiento con baterías. Si el bloqueo persiste, los promotores advierten de que trasladarán sus inversiones a otras autonomías, con el consiguiente perjuicio para la transición energética y el empleo técnico valenciano.
El Escenario Valenciano
El expediente de los avales retrata el estado real del pacto PP–Vox en la Generalitat. El Consell de Pérez Llorca gestiona Industria, Turismo, Innovación y Comercio con un socio de gobierno que mantiene un discurso crítico hacia los macroproyectos renovables y su impacto territorial. Nadie ha firmado la parálisis; es el resultado de un aparato saturado, y el desgaste político lo asume el Consell.
La dimensión nacional no es menor. El marco que obliga a devolver las garantías en tres meses es estatal, y el calendario de despliegue renovable que España ha comprometido con Bruselas se mide en años, no en legislaturas. El marco estatal de acceso y conexión fija las reglas; quien atasca o agiliza es la administración autonómica, en este caso la Generalitat Valenciana. Mientras la Comunitat Valenciana acumula expedientes, otras autonomías firman proyectos y captan inversión. Para el Gobierno de Pedro Sánchez, cada parque que se va es una meta climática que se aleja.
El sector espera la próxima reunión con la Conselleria y sigue el DOGV, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, por si la renuncia a los 280 millones completa su tramitación. También mira a las Corts Valencianes, donde PSPV y Compromís pueden llevar el asunto a la tribuna en el nuevo curso político. La segunda ola, la del almacenamiento con baterías, decidirá si la Comunitat Valenciana compite o se queda mirando.
Ficha del Caso
- El caso: Avaesen denuncia que la Generalitat tarda hasta cinco años en tramitar expedientes de renovables y retiene avales durante años, con despidos y fuga de proyectos a otras comunidades.
- Datos importantes: Avales de 40.000 euros por megavatio; plazo legal de devolución de tres meses; primas anuales de hasta 70.000 euros; desembolsos superiores a 160.000 euros en expedientes inactivos; recortes de plantilla de hasta el 70 %; 280 millones en avales cuya ejecución el Consell renuncia a cobrar.
- Resumen: La parálisis administrativa castiga a las pymes valencianas y pone en riesgo la segunda ola de inversión, la del almacenamiento con baterías, en plena carrera europea por la transición energética.
