La Fiscalía Provincial de Valencia reclama a la Generalitat los expedientes de las sanciones laborales DANA que anuló el Consell tras la catástrofe de octubre de 2024.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Fiscalía ha incoado diligencias de investigación preprocesales y ha reclamado los expedientes de las multas, de hasta 60.000 euros, que la Inspección de Trabajo impuso a cuatro empresas y que después fueron revocadas.
- ¿Quién está detrás? El fiscal apunta al que fuera director general de Trabajo, Andrés Lluch Figueres, y aprecia indicios de prevaricación administrativa (artículo 404 del Código Penal). El origen del caso es una petición del Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz.
- ¿Qué impacto tiene? Si el asunto llega a un juzgado de lo penal, la gestión laboral de la emergencia entra en la vía judicial y reabre el debate sobre la seguridad de los trabajadores durante la DANA.
Las cuatro multas que la Inspección puso y la Generalitat anuló
El decreto del fiscal investigador sostiene que los hechos «pueden ser constitutivos de un delito de prevaricación administrativa». El caso se ha delegado en una fiscal para estudiar si finalmente se eleva una denuncia ante los juzgados de lo penal. La prevaricación, tipificada en el artículo 404 del Código Penal, castiga a la autoridad o funcionario que, a sabiendas de su injusticia, dictara una resolución arbitraria en un asunto administrativo. La pena prevista llega a los quince años de inhabilitación.
Los expedientes reclamados son cuatro. Afectan a la UTE Conservación Valenciana, a À Punt, a Baxter SL y a Plastic 7A SL, con sedes en Llíria, Riba-roja, Requena, y Burjassot. Las multas revocadas alcanzaban los 60.000 euros. La más visible es la de 50.000 a la radiotelevisión pública valenciana, impuesta por una infracción muy grave en materia de seguridad y salud: la Inspección de Trabajo entendió que la cobertura de la catástrofe puso en peligro a los empleados. La denuncia la presentaron los sindicatos, a instancia de varios trabajadores.
De la petición de Yolanda Díaz al fiscal delegado
El rastro del caso arranca en Madrid. El Ministerio de Trabajo pidió a la Fiscalía General del Estado que examinara las anulaciones. De ahí nació la investigación. La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lo planteó sin rodeos en el Congreso: «Eso sí que es corrupción, política y moral».
Hay un expediente que pesa más que los demás. La sanción anulada a la UTE Conservación Valenciana, dedicada al mantenimiento de carreteras, se refería al fallecimiento de un trabajador que volvía a casa. Según la denuncia del Ministerio de Trabajo, la empresa le habría obligado a trabajar en plena alerta roja, fuera de su horario laboral y con su vida expuesta. El relato lo trasladó después su familia.
Una multa anulada no borra el riesgo: solo traslada la factura a quienes estuvieron expuestos aquel día.
Detrás de cada expediente hay personas. Más de 230 víctimas mortales confirmadas y miles de trabajadores que acudieron a su puesto mientras el agua bajaba por las ramblas. La Dirección General de Trabajo defendió la anulación con un argumento meteorológico: aunque las autoridades enviaron alertas y recomendaciones por las lluvias, «la información que se detallaba no se presagiaba su virulencia y los efectos extraordinarios que provocaron».
Fuentes de la Generalitat negaron cualquier «insinuación de actuación arbitraria». Las resoluciones, argumentaron, se dictaron «tras la tramitación del procedimiento legalmente establecido, con base en informes técnicos y análisis jurídico individualizado de cada expediente». El fiscal señala a una persona concreta: el que fuera director general de Trabajo, Cooperativismo y Seguridad Laboral, Andrés Lluch Figueres, nombrado en agosto de 2023 y cesado en octubre de 2025. Desde diciembre de ese año ocupa el cargo María Lurueña Ruiz, inspectora de trabajo de profesión.
El Escenario Valenciano
La investigación aterriza en una legislatura distinta. El pacto entre el PP y Vox sostiene al Consell de Pérez Llorca desde diciembre de 2025, y ese acuerdo no se ha movido por este asunto. El actual president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, gobierna con un expediente heredado: la decisión que ahora se investiga la adoptó el Consell que entonces presidía Carlos Mazón. En la oposición, PSPV y Compromís tienen ya material para volver a las Corts, porque ambos han exigido explicaciones sobre la gestión laboral de la catástrofe. El expresident Mazón, hoy diputado autonómico, mantiene abierta su propia causa judicial por la DANA.
La dimensión nacional es evidente. Quien impulsó la investigación fue el Gobierno de Pedro Sánchez, a través del Ministerio de Trabajo, y quien la instruye es la Fiscalía General del Estado. Eso convierte el asunto en un pulso entre administraciones que el PP tendrá que gestionar también en Madrid. El debate de fondo no es menor: España sigue sin un criterio homogéneo sobre quién puede trabajar bajo alerta. La riada de Biescas de 1996, con 87 muertos, ya dejó abierta esa pregunta. Tres décadas después, la DANA la ha reabierto. Habrá que ver si el fiscal eleva el caso a los juzgados de lo penal en las próximas semanas, si la Conselleria entrega los expedientes completos y si las Corts abren una comisión de investigación.
Ficha del Caso
- El caso: La Fiscalía Provincial de Valencia investiga si la Generalitat anuló de forma arbitraria varias sanciones de la Inspección de Trabajo a empresas que no protegieron a sus plantillas durante la DANA de 2024.
- Datos importantes: Cuatro expedientes (UTE Conservación Valenciana, À Punt, Baxter SL y Plastic 7A SL), multas de hasta 60.000 euros y una sanción de 50.000 euros a À Punt. Posible prevaricación administrativa, artículo 404 del Código Penal.
- Resumen: El asunto conecta la gestión laboral de la catástrofe con la justicia y abre un nuevo frente entre el Consell de Pérez Llorca, el Ministerio de Trabajo y la Fiscalía.
