Donald Trump ha pedido este martes ante la Asamblea General de la ONU que todos los países abandonen el Tribunal Penal Internacional, al que ha calificado de institución rogue.
El foro era el más solemne posible: la 81ª sesión de la Asamblea General, donde cada septiembre desfilan los jefes de Estado y donde Washington vuelve a fijar el tono del curso diplomático. La Casa Blanca difundió el discurso íntegro con un título elocuente: ‘Mientras otros hablaban, yo he actuado’.
Qué ha dicho Trump y qué significa llamar ‘rogue’ al tribunal de La Haya
La petición es inusual, incluso para un presidente que ha hecho de la ruptura su marca. Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma desde que la Administración de George W. Bush retiró su firma en 2002. Lo que ha pedido ahora va un paso más allá: que los Estados que sí lo han ratificado, entre ellos España y la práctica totalidad de la Unión Europea, hagan exactamente lo mismo.
El detonante está en La Haya. Las órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, colocaron a los socios europeos en un callejón sin salida: obligados legalmente a detenerle si pisaba su territorio, incapaces de hacerlo sin romper con un aliado estratégico.
Trump apoyó la exigencia en su idea de soberanía. No hay un gobierno global, y mientras yo sea presidente no habrá impuestos globales’, aseguró. Acto seguido cerró la puerta a cualquier marco internacional de control sobre la inteligencia artificial, rebautizada en su intervención como ‘Superinteligencia.
Hubo espacio también para los frentes abiertos. Describió a los cárteles de la droga como ‘el ISIS del hemisferio occidental’, confirmó los ataques contra embarcaciones ya ejecutados y prometió que ‘la libertad llegará a Cuba’. Sobre Irán fue tajante: ‘Nunca permitiré que Irán tenga un arma nuclear’.
Trump no pide aislarse del mundo: pide rehacer las reglas del juego para que Washington no vuelva a ser juzgado por ellas.
Conviene recordar un detalle técnico que explica la magnitud del envite. El tribunal no tiene policía propia. Su funcionamiento depende de que los más de 120 Estados parte decidan cumplir sus resoluciones. Sin esa disposición, una orden de arresto se queda en un papel con membrete.
España y la UE, dentro del Estatuto: obligaciones que ahora chirrían
España ratificó el Estatuto de Roma el 24 de octubre de 2000 y lo incorporó a su ordenamiento con la Ley Orgánica 18/2003, de cooperación con la Corte Penal Internacional. La obligación de detener a un imputado es, sobre el papel, automática. En la práctica, los Veintisiete gestionan cada caso sin una doctrina común.
El precedente más incómodo es Hungría. Budapest recibió a Netanyahu sin detenerle y después anunció su salida del Estatuto, abriendo una grieta que Bruselas no ha sabido cerrar. Madrid, por su parte, ha mantenido un respaldo explícito al tribunal y sostiene que sus decisiones deben acatarse.
Esa posición tiene coste diplomático. El reconocimiento español del Estado palestino en mayo de 2024 ya tensó la relación bilateral con Israel, y la nueva embestida contra La Haya estrecha el margen de maniobra: cada gesto de apoyo al tribunal se interpreta en en Washington como una toma de partido.
Hay un interés material detrás de todo esto. España ha construido buena parte de su política exterior sobre el multilateralismo —pesca, comercio,, y cooperación judicial— y ese andamiaje se debilita cuando su socio principal lo desmonta. Si el tribunal pierde legitimidad, la factura no la paga La Haya: la pagan los Estados medianos.
La Lógica de Washington
Para entender el envite hay que retroceder varias décadas. Bill Clinton firmó el Estatuto de Roma el 31 de diciembre de 2000, pero nunca lo envió al Senado. George W. Bush retiró esa firma en mayo de 2002 y respaldó la Ley de Protección del Personal Militar, que llegó a autorizar el uso de la fuerza para rescatar a estadounidenses detenidos por el tribunal. El precedente profundo es otro: en 1984, Ronald Reagan retiró a Estados Unidos de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia cuando esta falló a favor de Nicaragua.
La lógica no ha cambiado en cuatro décadas. El problema que Washington intenta resolver es la jurisdicción universal: la posibilidad de que un tribunal sin ejército propio acabe imputando a soldados y cargos estadounidenses por Afganistán, Irak o cualquier operación futura. Ya ocurrió en 2020, cuando la anterior Administración sancionó a la fiscala Fatou Bensouda por investigar Afganistán. Si la corte ha podido imputar a un primer ministro israelí, razonan en la capital, mañana puede imputar a un presidente americano. El cálculo es simple.
La coalición que sostiene esta posición es sólida. Une al ala soberanista del Partido Republicano, a la base evangélica movilizada por Israel y a una parte del Partido Demócrata que nunca ha defendido la corte con entusiasmo. Para ese electorado, ver a un tribunal internacional juzgando a un aliado no es un ejercicio de justicia. Es una humillación.
El riesgo, y aquí hay incertidumbre genuina, es que la presión produzca el efecto contrario al buscado. La próxima Asamblea de Estados Parte tiene su cita en La Haya, previsiblemente en diciembre, y sobre la mesa estará la pregunta que nadie quiere responder: cuántos países están dispuestos a seguir pagando el precio de pertenecer. Nadie dijo que fuera gratis.
Ficha del Caso
- El caso: Trump pide en la 81ª Asamblea General de la ONU que los Estados abandonen el Tribunal Penal Internacional, al que llama institución rogue, después de las órdenes de arresto contra el primer ministro israelí.
- Datos clave: Más de 120 Estados parte del Estatuto de Roma. España lo ratificó el 24 de octubre de 2000. Estados Unidos nunca lo ratificó y retiró su firma en mayo de 2002.
- Para España: la pertenencia al Estatuto obliga a Madrid a cooperar con La Haya, mientras Washington redobla la presión sobre los aliados que sostienen el tribunal y estrecha el margen diplomático español.
