EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La EMVS Madrid ha mediado más de cuatro horas y ha sellado un acuerdo entre Maricarmen y Urbagestión para su regreso ‘con carácter inmediato’ a la vivienda, con un contrato de alquiler de ocho años.
- ¿Quién está detrás? El Ayuntamiento de Madrid y la consejera delegada de la EMVS, Ana de Miguel.
- ¿Qué impacto tiene? Reabre el debate de la vivienda, con la acampada del Sindicato de Inquilinas en Sol y el real decreto que el Gobierno lleva este martes al Consejo de Ministros.
El Ayuntamiento de Madrid ha cerrado este lunes el acuerdo Maricarmen Almeida. La octogenaria desahuciada el pasado miércoles podrá regresar ‘con carácter inmediato’ a su vivienda de la calle Alcalde Sainz de Baranda, donde residió 70 años, con un contrato de alquiler de ocho años y una renta que no superará el 30% de sus ingresos netos.
El pacto se alcanzó tras más de cuatro horas de reunión en la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS Madrid), mediada por profesionales del consistorio. Representantes de Maricarmen y de la propiedad, Urbagestión, revisaron más de veinte cláusulas antes de sellar el texto. La consejera delegada de la EMVS, Ana de Miguel, lo anunció en rueda de prensa pasadas las diez de la noche.
Cuatro horas de mediación municipal y un contrato de ocho años
El acuerdo contempla un nuevo contrato de alquiler amparado en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y en el Servicio de Intermediación del Alquiler de la empresa municipal. De Miguel subrayó que la renta quedará ‘muy por debajo del precio de mercado’ y agradeció a la propiedad su disposición. La abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, precisó que será aproximadamente similar a la que la mujer venía abonando antes del lanzamiento.
El texto no incluirá ‘ninguna particularidad especial’, según la defensa. El programa municipal ofrecerá a Maricarmen asesoramiento jurídico, económico, técnico y fiscal durante toda la vigencia del contrato. Para la propiedad incorpora un seguro multirriesgo del hogar y otro de impago de rentas. El Ayuntamiento culmina así el acompañamiento prestado a través de servicios sociales, ayuda a domicilio, terapia ocupacional, y el ofrecimiento de una residencia municipal sin coste.
El acuerdo, eso sí, llega con la protagonista todavía ingresada en el Hospital Gregorio Marañón. Maricarmen no pudo participar en la reunión y deberá ser su defensa quien le comunique las condiciones pactadas. Solo cuando las acepte y firme se activará el contrato. Sus pertenencias siguen dentro del inmueble, porque no tuvo tiempo de recogerlas antes de que se ejecutara el lanzamiento.
Duro calificó el resultado de ‘muy positivo’, pero no ocultó el reproche. ‘Esto llega tarde porque llega días después de su desahucio’, afirmó. La letrada pidió que soluciones como esta se busquen antes de que las personas afectadas se encuentren en la calle y calificó de ‘histórico’ que alguien pueda regresar a una vivienda después de un lanzamiento ya ejecutado.
El consistorio resolvió en cuatro horas lo que los tribunales no pudieron en ocho años: el regreso de Maricarmen a la casa donde vivió siete décadas.
Lo que aún queda por cerrar: alta hospitalaria, firma y la acampada de Sol
El desenlace individual no detiene la presión colectiva. El Sindicato de Inquilinas ha advertido de que la acampada instalada desde el sábado en la Puerta del Sol continuará. La organización reclama la aprobación íntegra del ‘decreto Maricarmen’, con renovación automática de contratos, regulación contra los abusos en los alquileres temporales y por habitaciones, y paralización de los desahucios sin alternativa habitacional.
El Gobierno mantiene su intención de llevar este martes el Real Decreto-ley de vivienda al Consejo de Ministros, aunque el contenido sigue abierto y varios de sus socios parlamentarios han advertido de que aún están lejos de respaldarlo. La portavoz del sindicato, Carolina Vilariño, sostuvo que sin la movilización ‘hubiese sido otro desahucio más’.
El Eje del Poder Popular
La lectura municipal es clara. El equipo de José Luis Martínez-Almeida ha demostrado que su Servicio de Intermediación del Alquiler funciona cuando se pone en marcha: en cuatro horas ha logrado lo que la vía judicial no resolvió en ocho años. La EMVS es el instrumento con el que el PP de Madrid despliega su política de vivienda asequible, y este caso se convierte en su mejor escaparate. También en su recordatorio más incómodo: si el dispositivo hubiese intervenido antes del lanzamiento, Maricarmen no habría salido en camilla.
El aterrizaje territorial no se queda en la capital. La Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso al frente, acumula varios programas de intermediación e impulso al alquiler asequible que el Ayuntamiento replica a escala local. Lo cerrado en Sainz de Baranda sirve de precedente para las once comunidades gobernadas por el PP, donde el pulso por la vivienda se ha convertido en eje del debate político.
No obstante, el caso deja al descubierto un flanco. El Sindicato de Inquilinas atribuye el desenlace a la presión en la calle, no a la gestión municipal, y la acampada de Sol seguirá pese al acuerdo. El historial judicial del caso lo ilustra: una sentencia inicial dio la razón a Maricarmen, la Audiencia Provincial falló después a favor de Urbagestión y el Tribunal Supremo inadmitió el recurso de su defensa en diciembre de 2023. La vía administrativa ha resuelto en una tarde lo que la vía judicial no pudo en ocho años. El reto del PP, en nuestra lectura, es convertir un caso único en doctrina.
🏛️ El Apunte de Génova
- Mensaje fuerza: El PP de Madrid resuelve por la vía de la gestión lo que otros solo prometen por ley.
- Protagonista: José Luis Martínez-Almeida (alcalde de Madrid).
- Próximo hito: Firma del contrato tras el alta hospitalaria de Maricarmen y Consejo de Ministros del martes.
