Vox lleva a los tribunales el boicot a su mitin en Santiago: denuncia a la alcaldesa y a la subdelegada del Gobierno. La formación ha presentado este martes una denuncia penal ante el Juzgado de Instancia de Santiago de Compostela contra la regidora del BNG, Goretti Sanmartín, y contra Obdulia Taboadela, subdelegada del Gobierno en La Coruña.
El acto estaba previsto para el pasado 21 de septiembre en el Centro Sociocultural de Santa Marta, en el centro de la capital gallega, y era el pistoletazo de salida del curso político del partido en Galicia. Tenía como protagonista al eurodiputado Jorge Buxadé, acompañado por la vicesecretaria nacional de Organización, María Ruiz, y por los cuatro presidentes provinciales de Vox.
Cientos de manifestantes se concentraron en los accesos bajo el lema ‘Unidade popular fronte ao fascismo’ y acabaron impidiendo la entrada de dirigentes y simpatizantes. Entre las organizaciones convocantes figuraban CNT Galiza, Galiza Nova, Erguer, Ceivar y el Partido Comunista Revolucionario de Galiza. La protesta derivó en momentos de fuerte tensión y obligó a intervenir a la Policía Nacional, que llegó a cargar para proteger a los asistentes. El mitin no pudo celebrarse.
Aquel mismo día, el eurodiputado atribuyó el bloqueo a las autoridades. ‘He hablado con el jefe del dispositivo y ha dicho que no tiene orden alguna de desalojarlos y la alcaldesa de Santiago de Compostela ha cerrado el local’, afirmó Buxadé. ‘Tienen miedo a la libertad, miedo a la democracia, y por eso quieren imponer una tiranía horrible. Sánchez es el responsable y la alcaldesa de Santiago de Compostela es la responsable’, añadió, antes de anunciar que Vox acudiría a los tribunales para exigir responsabilidades.
Qué denuncia Vox y en qué fundamenta su escrito
El escrito sostiene que tanto Sanmartín, como responsable del inmueble municipal cedido para el acto, como Obdulia Taboadela, en calidad de autoridad gubernativa encargada de garantizar el derecho de reunión y la seguridad, conocían de antemano la convocatoria contra el mitin y la ocupación anunciada del centro. Pese a ello, Vox les reprocha no haber adoptado medidas para desalojar a los manifestantes, recuperar el uso del recinto y permitir que el acto político pudiera celebrarse con normalidad.
La formación pone además el foco en que Galiza Nova, la organización juvenil del BNG, figuraba entre las entidades convocantes, una circunstancia que, a su juicio, agrava la responsabilidad política de la alcaldesa por pertenecer al mismo partido. Vox considera que los hechos podrían ser constitutivos de delitos contra el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, delito de odio, coacciones agravadas, desórdenes públicos y omisión del deber de perseguir delitos. También invoca la agravante de discriminación ideológica.
Impedir un mitin con el local cerrado equivale, sostiene Vox, a ceder la autoridad pública ante el radicalismo que busca silenciar al adversario.
Qué recorrido tiene la denuncia y qué marco legal la ampara
La causa queda ahora en manos del Juzgado de Instancia de Santiago de Compostela, que deberá decidir sobre su admisión a trámite. El marco de referencia es el artículo 21 de la Constitución, que reconoce el derecho de reunión, y la Ley Orgánica 9/1983, de 1 de julio, reguladora del Derecho de Reunión, que obliga a las autoridades gubernativas a amparar los actos comunicados frente a quienes pretendan impedirlos.
La clave jurídica estará en acreditar que la alcaldesa y la subdelegada conocían la convocatoria y la ocupación prevista del centro y que, aun así, no movilizaron los medios a su alcance. Vox defiende que la denuncia busca fijar responsabilidades individuales. Para el partido, la condición de Sanmartín como titular del inmueble cedido y el papel de Taboadela como responsable de la seguridad son determinantes.
Por el momento no consta una valoración oficial del Ayuntamiento de Santiago de Compostela ni de la Subdelegación del Gobierno en La Coruña sobre la denuncia presentada.
La estrategia de Vox en Galicia tras el mitin frustrado
El episodio encaja en el despliegue territorial que la formación viene impulsando en Galicia, donde la dirección nacional ha implicado a su cúpula europea y a los cuatro presidentes provinciales para reforzar estructura y discurso. Buxadé, integrado en la delegación de Vox en el Parlamento Europeo dentro de Patriotas por Europa, es uno de los perfiles que el partido reserva para los actos de calle.
La lectura política apunta también al pulso con el PP, que gobierna la Xunta de Galicia y al que Vox reclama firmeza frente a lo que considera actos de la izquierda radical. La dirección del partido sostiene que lo ocurrido en Santa Marta demuestra que ‘la izquierda radical y el separatismo que gobiernan Santiago’ pretenden impedir la presencia pública de quienes no comparten sus posiciones.
Con la denuncia ya registrada, el partido mantiene abierta la vía judicial y su calendario de actos en la comunidad. Buxadé advirtió de que Vox seguirá ‘en todas las calles de Galicia y en toda España’ defendiendo la libertad y la democracia. La próxima cita, ahora, es la respuesta del juzgado.
