La presencia militar estadounidense en España, pieza clave del flanco sur de la OTAN, vuelve a estar sobre la mesa. El acuerdo entre Pedro Sánchez y Joe Biden en la cumbre de la OTAN de Madrid, en 2022, permitió elevar de cuatro a seis los destructores Aegis con base en Rota, y desde entonces Washington ha seguido reclamando más capacidad en instalaciones como Morón, cuya pista figura entre las más largas de Europa. La negociación afecta también a emplazamientos menos conocidos y a un marco administrativo poco transparente.
Los tres bloques que siguen no están ordenados por importancia, sino por visibilidad: van de lo que ya se discute en público a lo que apenas se documenta. Rota y Morón concentran la atención, pero el movimiento más relevante puede estar al otro lado del Estrecho, donde Estados Unidos mira hacia Canarias y el Centro Africano de Entrenamiento. El último apartado se detiene en quién negocia: el Ministerio de Defensa y el Comité Permanente Hispano-Norteamericano, con sede en el Cuartel General del Aire de Madrid.
4Ministerio de Defensa: tensiones internas y opacidad ante las exigencias de Washington
La letra pequeña del vínculo militar con Washington se gestiona en un órgano que apenas trasciende: el Comité Permanente Hispano-Norteamericano, con sede en el Cuartel General del Aire de Madrid y presidido por un general. Bajo el Convenio de Cooperación para la Defensa firmado en 1988 y actualizado en varias ocasiones desde entonces, ese comité canaliza buena parte de las peticiones estadounidenses sobre Rota y Morón, dos enclaves que suman unas 3.800 hectáreas, alrededor de 7.000 militares destinados y cerca de 6.000 trabajadores españoles. Los estudios sobre el convenio advierten de que decisiones con carga política acaban resolviéndose como autorizaciones de trámite en el nivel militar, con escasa intervención de Exteriores. A esa opacidad se añade la presupuestaria: en marzo de 2026 el Consejo de Ministros transfirió 1.339 millones a Defensa, el 10,4% de su presupuesto inicial, sin detallar destino ni origen de los fondos.
La oposición ha hecho de esa falta de transparencia su principal arma. El PP exigió la comparecencia de Margarita Robles en el Congreso y su portavoz José Antonio Monago reprochó a la ministra haber ampliado un 50% la presencia estadounidense en Rota «sin pasar por las Cortes»; el Senado acumula preguntas sobre si existe una «divergencia entre el relato político» y la realidad operativa permitida sobre el terreno. En el propio Ejecutivo la gestión del pulso ha dejado roces: mientras la Casa Blanca aseguraba que España cooperaba militarmente, Albares lo desmentía «rotundamente» y Robles se declaraba «absolutamente contundente, incluso más» que el ministro de Exteriores. El Jemad, Teodoro Esteban López Calderón, se reunió con el agregado de Defensa estadounidense en plena crisis, y el Gobierno responde a las cámaras con una fórmula genérica: «interlocución fluida y permanente».
