La oferta de alquiler en Madrid se habría dejado 2.000 pisos en apenas doce horas, según la presidenta regional. Ayuso lo atribuye al decreto de vivienda que el Gobierno aprobó esta semana y advierte de que muchos propietarios dejarán de anunciar sus casas.
Qué dice el decreto que, según Ayuso, ha vaciado los portales
El Consejo de Ministros aprobó el real decreto-ley el pasado 29 de septiembre y el texto llegó publicado al BOE al día siguiente, el 30 de septiembre. La norma busca, según el Ejecutivo, ampliar el parque de vivienda asequible y reforzar la protección de los hogares vulnerables. Ese es el marco al que la presidenta madrileña responsabiliza del supuesto desplome de anuncios en la Comunidad.
Entre las medidas con efecto directo destaca la prórroga extraordinaria de hasta dos años para determinados contratos vigentes hasta el 31 de diciembre de 2028, siempre que se cumplan las condiciones fijadas en el texto. Ayuso resumió su tesis durante el Pleno de la Asamblea de Madrid: los pisos se hunden, dijo, porque desde el Gobierno se pretende intervenir las viviendas de los propietarios.
El decreto añade cautelas frente a desahucios cuando concurren vulnerabilidad y falta de alternativa habitacional, incentivos fiscales para propietarios que alquilen en determinadas condiciones, y una deducción estatal para inquilinos con rentas por debajo de un umbral. También se limitan ciertas compras de vivienda por parte de sociedades y fondos hasta finales de 2028, con las excepciones recogidas en el propio texto.
Ayuso sostiene que la inmensa mayoría de los arrendadores dejarán de sacar sus casas al mercado. Es su lectura política y también una predicción. Nadie ha enseñado todavía el registro, el informe o el panel que sostenga el dato de los 2.000 pisos en medio día.
Un dato sin fuente pública que ya ordena el debate
Los portales inmobiliarios no publican un contador en tiempo real de anuncios retirados. La Comunidad de Madrid tampoco ha detallado públicamente de dónde sale la cifra: si procede de un muestreo propio, de una consulta a las plataformas o de una estimación interna. Sin esa serie de referencia, el 2.000 se queda sin escala. No sabemos si es la variación normal de un día cualquiera de octubre o un desplome fuera de lo habitual.
Lo que sí es verificable es el calendario. El decreto se publicó el 30 de septiembre, el mismo día en que la presidenta intervino en la Asamblea. Para quien lleva semanas buscando piso en Chamberí, Tetuán o Carabanchel, el efecto práctico no llega por un titular, sino por lo que la norma hace con su contrato: la prórroga y la protección ante un desahucio con vulnerabilidad acreditada.
Medir el mercado por lo que desaparece en doce horas es como medir el tráfico por los coches que no salieron del garaje.
El Gobierno central mantiene que las medidas amplían la oferta asequible y protegen a los hogares en apuros. Nadie, de momento, ha publicado los datos que permitan comprobar quién tiene razón en el pulso.
Doce horas dan para un titular, no para una tendencia
Madrid ya ha vivido este choque antes. La ley estatal de vivienda de 2023 se topó con el rechazo frontal del Gobierno regional, que la llevó al Tribunal Constitucional y aprobó después deducciones propias para animar a los arrendadores. El precio del alquiler en la capital ha seguido subiendo desde entonces, según los registros que manejan las propias administraciones. La retirada de oferta se usa como argumento en ese debate desde hace tres años y nunca ha llegado acompañada de una serie pública completa.
El caso catalán tampoco cierra la discusión. Allí la contención de rentas se aplica desde 2024 en municipios declarados tensionados y ningún informe oficial ha demostrado que el número de anuncios caiga en picado de un día para otro. Lo que sí cambia con normas así es el tipo de oferta: más contratos de temporada, más habitaciones sueltas y más alquiler fuera de los canales tradicionales.
En paralelo, la Comunidad mantiene su propio arsenal: el Plan Vive de vivienda asequible, los avales para jóvenes y una fiscalidad autonómica pensada para el propietario antes que para el inquilino. Es una política de efecto lento; el decreto estatal, en cambio, se aplica de inmediato en los contratos que cumplen requisitos. De ahí la asimetría del relato.
El próximo hito tiene fecha y sede. El Congreso debe convalidar o tumbar el decreto-ley en el plazo de un mes que marca el artículo 86 de la Constitución, es decir, antes de que acabe octubre. Si sale adelante, tocará mirar los portales para comprobar si esos 2.000 pisos vuelven, siguen fuera o nunca estuvieron anunciados como alquiler de larga duración.
