Las fundaciones que los partidos declaran como vinculadas se presentan como espacios de formación e ideas, pero reciben millones de euros públicos y su actividad docente resulta difícil de medir. Esta lista examina esa distancia desde cinco ángulos: la relación entre dinero recibido y horas impartidas, la vía por la que llega el dinero —convocatoria pública hasta 2023, subvención nominativa después—, el censo que el Tribunal de Cuentas levanta cada año preguntando a las formaciones, los patronatos que fijan la vinculación legal y los documentos que faltan en los portales de transparencia.
El criterio es confrontar lo que las fundaciones declaran con lo que se puede comprobar. La Ley Orgánica 8/2007 no considera vinculada a una fundación por su nombre ni por su historia, sino por quién se sienta en su patronato, de modo que el rastro de cargos orgánicos en esos órganos pesa más que cualquier otra pista. Donde falta información —no existe un censo público y cerrado y escasean memorias y cuentas—, la lista lo indica en vez de estimarlo.
3El mapa: qué fundaciones declaran los partidos como ‘vinculadas’ y ante quién rinden cuentas
No existe un censo público y cerrado de las fundaciones «vinculadas» a partidos: el mapa lo levanta el Tribunal de Cuentas cada año preguntando a las formaciones con representación en las Cortes cuáles son sus entidades dependientes, aplicando los criterios de la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 8/2007. En la fiscalización del ejercicio 2023, el órgano incluye 37 entidades: 30 fundaciones, 4 asociaciones y 3 sociedades mercantiles. El PSOE declara nueve, entre ellas la Fundación Pablo Iglesias, Ideas para el Progreso, Ramón Rubial, Matilde de la Torre, Carlos Chivite y Societat i Progrés de la Comunitat Valenciana. El PP figura con dos: Proyecto Reformismo 21 —así se llama desde 2023 la Fundación Concordia y Libertad— y Popular de Estudios Vascos. Vox aparece con Disenso; Podemos, con el Instituto República y Democracia; el PNV, con Sabino Arana, Batzokia y Landaburu Etxea; EH Bildu, con Alkartasuna, Iratzar y Elkartu. La lista depende de la propia declaración del partido y cambia con los ciclos políticos.
La cadena de rendición de cuentas está repartida entre cuatro administraciones y ninguna tiene la foto completa. Las fundaciones rinden cuentas anuales ante su protectorado y ante el Tribunal de Cuentas —que exige depositarlas antes del 30 de junio y, desde 2017, por vía telemática—, informan de sus donaciones a Hacienda, deben inscribirse en la sección específica del Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior y publicar balance y auditoría en su web. El resultado de 2023, según el informe del tribunal: solo 15 de las 37 presentaron las cuentas en plazo, 18 lo hicieron tarde y 4 no las entregaron; diez no registraron actividad; 14 no publicaron nada en su página; y únicamente 22 constaban inscritas en Interior, cuando la ley lo exige desde 2015. Con 4,7 millones en donaciones privadas y 2,1 en subvenciones públicas en juego, el Tribunal pide vetar las ayudas a las no inscritas y exigir auditoría externa.
