Las fundaciones que los partidos declaran como vinculadas se presentan como espacios de formación e ideas, pero reciben millones de euros públicos y su actividad docente resulta difícil de medir. Esta lista examina esa distancia desde cinco ángulos: la relación entre dinero recibido y horas impartidas, la vía por la que llega el dinero —convocatoria pública hasta 2023, subvención nominativa después—, el censo que el Tribunal de Cuentas levanta cada año preguntando a las formaciones, los patronatos que fijan la vinculación legal y los documentos que faltan en los portales de transparencia.
El criterio es confrontar lo que las fundaciones declaran con lo que se puede comprobar. La Ley Orgánica 8/2007 no considera vinculada a una fundación por su nombre ni por su historia, sino por quién se sienta en su patronato, de modo que el rastro de cargos orgánicos en esos órganos pesa más que cualquier otra pista. Donde falta información —no existe un censo público y cerrado y escasean memorias y cuentas—, la lista lo indica en vez de estimarlo.
4Del despacho del partido al patronato: los cuadros que aterrizan en la fundación
La Ley Orgánica 8/2007 no considera que una fundación esté vinculada a un partido por su nombre ni por su historia, sino por quién se sienta en su patronato. La disposición adicional séptima presume esa vinculación cuando la mayoría de los patronos forma parte de los órganos directivos del partido o ejerce cargos públicos en su representación, o cuando los estatutos reservan vocalías natas a dirigentes de la formación. El criterio que abre la puerta al dinero público es, por tanto, el propio trasvase de cuadros. El caso de la Fundación Disenso es el más explícito: su patronato lo preside Santiago Abascal y por él han pasado cargos en activo como la diputada autonómica madrileña Rocío Monasterio, además de Julio Utrilla, exdiputado nacional y director institucional de Vox, al que el partido propuso después como consejero de À Punt.
El aterrizaje en el patronato cumple una función práctica: mantiene cuadros, nóminas y estructura fuera de las cuentas del partido, en una entidad con menos obligaciones de control y con límites de financiación más laxos, ya que puede recibir donaciones de personas jurídicas y de particulares por encima de los 50.000 euros anuales que la ley veta a las formaciones. A ello se suma una subvención estatal de reparto casi automático: el Ministerio de Cultura adjudicó en 2025 por concesión directa 350.000 euros entre fundaciones vinculadas a partidos con escaños en las Cortes, en proporción a su representación y hasta cubrir el 75% del presupuesto de la entidad. El Tribunal de Cuentas retrata el resultado: en el ejercicio 2023 solo 15 de las 37 entidades fiscalizadas presentaron sus cuentas en plazo y 14 ni siquiera publicaron balances y auditorías.
