Las fundaciones que los partidos declaran como vinculadas se presentan como espacios de formación e ideas, pero reciben millones de euros públicos y su actividad docente resulta difícil de medir. Esta lista examina esa distancia desde cinco ángulos: la relación entre dinero recibido y horas impartidas, la vía por la que llega el dinero —convocatoria pública hasta 2023, subvención nominativa después—, el censo que el Tribunal de Cuentas levanta cada año preguntando a las formaciones, los patronatos que fijan la vinculación legal y los documentos que faltan en los portales de transparencia.
El criterio es confrontar lo que las fundaciones declaran con lo que se puede comprobar. La Ley Orgánica 8/2007 no considera vinculada a una fundación por su nombre ni por su historia, sino por quién se sienta en su patronato, de modo que el rastro de cargos orgánicos en esos órganos pesa más que cualquier otra pista. Donde falta información —no existe un censo público y cerrado y escasean memorias y cuentas—, la lista lo indica en vez de estimarlo.
5Lo que no se publica: memorias de actividad y cuentas que faltan en los portales de transparencia
La Ley Orgánica de financiación de los partidos obliga a las fundaciones vinculadas a remitir al Tribunal de Cuentas el balance, la cuenta de resultados, la memoria y el informe de auditoría de cada ejercicio, y a publicar esos mismos documentos en su web. El último informe del organismo, referido a 2023 y aprobado en septiembre de 2026, constata que el mandato se cumple poco y tarde: de las 37 entidades fiscalizadas, solo 15 rindieron cuentas en plazo, 18 lo hicieron fuera de plazo y cuatro no las presentaron. Son la Fundación Horacio Fernández Inguanzo (PCE de Asturias), L’Institut d’Estudis Polítics, la Fundación de Estudios Críticos —antes Por la Europa de los Ciudadanos, de IU— y la Asociación Cataluña Constitucional (Ciudadanos). Esta última alegó que no tuvo actividad alguna en 2023 y que está en liquidación, y varias de las citadas ya figuraban como incumplidoras en la fiscalización del bienio anterior.
El segundo agujero es el de la publicidad: 14 fundaciones y entidades no habían colgado en su web las cuentas del ejercicio ni las conclusiones de la auditoría, pese a ser un requisito legal. Lo que falta es justamente el documento que permite comprobar para qué se usó el dinero, porque las subvenciones de funcionamiento de los ministerios de Cultura y Exteriores se justifican con una memoria de actividades y otra económica: sin contabilidad publicada, el relato de cursos, seminarios e informes no es verificable fuera del órgano que concede la ayuda. El informe añade diez entidades sin actividad registrada, solo 22 de las 37 inscritas en la sección específica del Registro de Partidos Políticos que la ley exige y más de una docena que eluden la auditoría externa, lo que ha llevado al Tribunal a proponer un umbral mínimo de ingresos. En juego hay 2,1 millones de euros en subvenciones públicas y 4,7 millones en donaciones privadas en un solo ejercicio.
