La jueza María Tardón urge al Gobierno a desclasificar los informes del CNI sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha ocurrido? La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón eleva al Consejo de Ministros una exposición razonada para que desclasifique informes del CNI sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta.
- ¿Dónde y cuándo? Audiencia Nacional, auto conocido este martes 27 de octubre; los hechos se remontan a los días 30 y 31 de julio.
- ¿Qué resultado? Plazo de 15 días para entregar las notas del CNI, las comunicaciones con la DGED y la DGST y el informe del CIFAS del 4 de agosto.
El auto eleva al Consejo de Ministros una exposición razonada en la que la magistrada de la Audiencia Nacional solicita la desclasificación “con carácter urgente” de una serie de documentos e informes del CNI (Centro Nacional de Inteligencia, el servicio de inteligencia del Estado) vinculados a la causa abierta por la llegada masiva de personas desde Marruecos a Ceuta los días 30 y 31 de julio.
La resolución concede al Ejecutivo un plazo de 15 días para que aporte las notas e informes elaborados por el CNI y difundidos a autoridades a partir del 30 de julio, relativos a las investigaciones sobre la llegada de migrantes. En particular, la jueza reclama todas las notas e informes clasificados sobre la actuación de las autoridades de Marruecos hasta la fecha.
Qué pide el auto al Consejo de Ministros
La petición se extiende al texto íntegro de la nota remitida por el CNI a la DGED (la Dirección General de Estudios y Documentación, la inteligencia exterior marroquí) y a la DGST (la Dirección General de Vigilancia del Territorio, el aparato de seguridad interior del país vecino). Tardón solicita además cualquier otra comunicación emitida o recibida por ambos servicios que contuviera “cualquier posible aviso o alerta” sobre inmigración irregular hacia España durante todo el mes de julio.
El auto incorpora también la desclasificación de un informe del CIFAS (Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas) fechado el 4 de agosto. La magistrada advierte de que sin esa información no pueden acordarse las diligencias subsiguientes, en particular la declaración testifical de los agentes del CNI y de los destinatarios de sus comunicaciones, lo que podría comprometer los plazos de la instrucción.
Tardón sostiene que la información solicitada es relevante para la investigación y no afecta a la seguridad del Estado, porque esa seguridad se vio vulnerada precisamente en el marco de los hechos objeto del procedimiento. “La autoría de ese ataque a la seguridad del Estado es lo que pretende averiguarse con la investigación en curso”, recoge el auto, que apela al deber constitucional de colaboración con la Administración de Justicia y subraya que la clasificación como materia secreta o reservada “no constituye un obstáculo jurídico absoluto” para promover la desclasificación.
La instructora sostiene que la seguridad del Estado ya fue vulnerada en Ceuta y que la desclasificación busca identificar la autoría de ese ataque, no comprometerla.
Del informe del CNI a la desclasificación de septiembre
El pulso judicial llega después de que el CNI remitiera a la jueza un informe en el que señalaba que la “pasividad” de Marruecos motivó el “desbordamiento” en Ceuta. El servicio de inteligencia sostiene que las autoridades marroquíes “eran conscientes, días antes de que se produjera la entrada masiva, de que se estaba generando una situación anómala” y que habían decidido reforzar el dispositivo de seguridad existente, aunque “en la práctica mostraron una implicación muy irregular en la prevención y control de la crisis”.
Según ese informe, Rabat no tuvo “una reacción proactiva” porque priorizó la seguridad del rey Mohamed VI durante la Fiesta del Trono, celebrada cerca de la frontera. El documento sitúa el origen del desbordamiento en la falta de cooperación del país vecino, no en la respuesta de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado desplegados en la frontera.
En septiembre, el Gobierno desclasificó un paquete de 40 documentos relacionados con la crisis de Ceuta, elaborados por distintos departamentos y por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, incluido el servicio de inteligencia. El Ejecutivo aseguró entonces que publicaría más informes relevantes si los hubiera, porque no tenía “nada que esconder”. La exposición razonada de Tardón fija ahora un plazo concreto para completar esa entrega.
El coste de la crisis también se ha medido en términos económicos. La información publicada por el diario especializado Confilegal cifra en 45 millones de euros el impacto que la entrada masiva ha supuesto para España, una magnitud que sitúa el episodio entre los de mayor repercusión de los registrados en la ciudad autónoma.
El Contexto Operativo
La instrucción de Tardón se sitúa en el terreno de la migración instrumentalizada, uno de los vectores de presión que el Ministerio del Interior incluye en el mapa de amenazas híbridas: la utilización deliberada de flujos migratorios para tensionar una frontera exterior de la Unión Europea. La crisis de los días 30 y 31 de julio fue el episodio más grave de este tipo registrado en Ceuta en los últimos años y obligó a redoblar el dispositivo de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en la frontera del Tarajal, los dos cuerpos que sostienen el control fronterizo y la seguridad ciudadana sobre el terreno.
El historial institucional aporta la perspectiva. El Ejecutivo desclasificó en septiembre 40 documentos elaborados, entre otros, por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, incluido el CNI; el auto de Tardón añade ahora al menos tres bloques documentales adicionales: las notas del servicio de inteligencia, las comunicaciones con la DGED y la DGST y el informe del CIFAS del 4 de agosto. El eje del auto es la actuación de las autoridades marroquíes y la cadena de información entre servicios de inteligencia, no el operativo desplegado en el Tarajal.
La pelota está ahora en el Consejo de Ministros. El plazo de 15 días concedido por la instructora condiciona la declaración testifical de los agentes del CNI y el resto de diligencias de una causa que sigue en fase de instrucción. Si la desclasificación se produce en los términos solicitados, la Audiencia Nacional podrá incorporar el testimonio directo de los responsables del servicio de inteligencia antes de cerrar la investigación.
