EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Sección Cuarta de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha reclamado a los ministerios de Exteriores y de Justicia el listado nominal de los 163.020 españoles con el voto suspendido, con el lunes 2 de noviembre como límite que fija la LOREG para modificar el censo.
- ¿Quién está detrás? José Manuel Albares y Félix Bolaños, titulares de Exteriores y de Justicia, requeridos bajo amenaza de multa o de causa penal; la Sala abrió el procedimiento a instancias de Vox y de Iustitia Europa.
- ¿Qué impacto tiene? Los afectados, inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), siguen sin poder votar a 33 días del 29-N, mientras los inscritos en el censo de residentes en España y los hijos de los suspendidos conservan su derecho.
El censo de la ley de nietos afronta su última semana con 163.020 votantes suspendidos. La Sección Cuarta de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha reclamado a los ministerios de Exteriores y de Justicia el listado nominal de los afectados bajo amenaza de multa o de causa penal, mientras la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) cierra el lunes cualquier cambio en el censo al margen de los recursos contencioso-electorales.
El calendario que la LOREG no permite mover
El decreto de convocatoria de las elecciones generales del 29-N se publicó en el BOE el 6 de octubre. La exposición de las listas de electores en ayuntamientos y consulados terminó el 19 de octubre, las reclamaciones se resolvieron el 22 y, contra esas resoluciones, la norma solo prevé un recurso ante los Tribunales de Instancia —los antiguos juzgados de lo contencioso-administrativo—, que se resuelve en cinco días y agota la vía judicial.
Según el artículo 40.2 de la LOREG, el 2 de noviembre es el último día para que el Poder Judicial modifique los asientos del censo; después solo cabe el recurso contencioso-electoral posterior a la proclamación de electos. La Sección Cuarta no ha notificado ninguna resolución en la que se comprometa por escrito a respetar ese cierre, y el requerimiento a los dos ministerios, con cinco días por delante, tiene un aire de imposible.
Los expedientes de nacionalidad están, en buena parte, en papel. Revisarlos uno a uno es la razón por la que fuentes de ambos ministerios y la Abogacía del Estado consideran la orden de dudoso cumplimiento, cuando no inviable.
Quién puede votar el 29-N y quién no
La suspensión cautelar decretada el 10 de septiembre y confirmada el 12 de octubre afecta solo a los nacionalizados por la ley de nietos inscritos en el CERA, el censo de los españoles con residencia en el exterior. Quienes obtuvieron la nacionalidad por la misma vía pero figuran en el Censo Electoral de Residentes (CER) votarán sin obstáculo, igual que los hijos mayores de edad de los suspendidos, a quienes la Ley de Memoria Democrática de 2022 abre la misma puerta.
La diferencia entre unos y otros no es el expediente, sino la lista en la que aparecen. De ahí que la Abogacía del Estado, el Ministerio Fiscal, la Junta Electoral Central y el Defensor del Pueblo —cuyo amparo fue inadmitido por el Constitucional al considerarlo prematuro— hayan advertido de la discriminación que introduce la medida. La magistrada María Alicia Millán Herrandis firmó el único voto discrepante.
El derecho al sufragio de 163.020 personas pende de una carpeta de papel y de un plazo que la ley electoral no permite estirar.
El reguero de resoluciones notificadas hasta ahora no indican que la Sala vaya a plegarse al calendario. Tampoco lo contrario. Si respeta el cierre, tendrá que decidir en cinco días quién vota y quién no; si no lo respeta, la Abogacía del Estado deberá impugnar en plena campaña.
Frente al relato de una Moncloa que cede ante el ultimátum, la versión que trasladan los ministerios es más prosaica: no hay margen material para certificar 163.020 expedientes en cinco días, y menos cuando la documentación está en soporte físico. El pulso no es político; es de cumplimiento.
El Eje del Poder Socialista
En Ferraz el asunto se sigue como una cuestión de derechos, no de táctica. La ley de nietos es norma de la casa —la disposición adicional de la Memoria Democrática que el PSOE reivindica entre sus aportaciones civiles—, y su electorado natural se sienta en las agrupaciones socialistas del exterior: Argentina, Cuba, México, Venezuela, Francia y Bélgica.
El aterrizaje territorial no es menor. Galicia, Asturias, Castilla y León, Canarias y la Comunidad Valenciana concentran buena parte de los descendientes de emigrantes inscritos en el CERA. La reforma que en 2022 eliminó el voto rogado, aprobada con un respaldo amplísimo en el Congreso, fue el intento de que el voto exterior dejara de ser un derecho de segunda.
La lectura estratégica es otra. Si la Sala mantiene la suspensión para quienes no hayan podido ser certificados, el censo quedará bloqueado con una discriminación creada por el propio tribunal entre españoles con idéntico expediente; si la amplía a los hijos de los suspendidos, como pide Vox, el conflicto entra de lleno en la campaña del 29-N con el Gobierno como parte perjudicada. Quien comparece con la gestión del calendario en la mano es el Ejecutivo; quien queda retratado es quien alentó el bulo.
El precedente inmediato es la reforma de 2022, cuando el Congreso eliminó el voto rogado tras años de quejas por los retrasos del escrutinio exterior. Aquel consenso se construyó sobre una idea simple: ningún español debe perder el voto por vivir fuera. La dirección federal ha optado por la contención institucional y por dejar hablar a los servicios jurídicos.
Cualquier resolución posterior al lunes 2 de noviembre abrirá una grieta entre el calendario que fija la ley y el que imponga la Sala, y esa grieta la pagarán primero los 163.020 afectados. El miércoles 28 de octubre vence el margen que el tribunal dio a Albares y a Bolaños.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: Ningún español en el exterior puede perder el voto por la lista en la que figure ni por un expediente guardado en papel.
- Protagonista: José Manuel Albares y Félix Bolaños (ministros de Asuntos Exteriores y de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes).
- Próximo hito: El miércoles 28 de octubre vence el plazo dado a los dos ministerios; la Sala debe resolver antes del lunes 2 de noviembre.
