EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Ministerio para la Transición Ecológica ha remitido al Consejo de Estado el proyecto definitivo del real decreto que regula los centros de datos. El Gobierno de Aragón no ha recibido aún el texto y lo califica de «muy mala noticia».
- ¿Quién está detrás? El presidente aragonés, Jorge Azcón, y la consejera de Economía, Competitividad y Empleo, Eva Valle, frente al Ejecutivo central y al PSOE.
- ¿Qué impacto tiene? Aragón teme perder miles de puestos de trabajo ligados a los proyectos de centros de datos ya anunciados, mientras la norma reserva un régimen más laxo a instalaciones como las gigafactorías.
El real decreto de centros de datos pone en riesgo miles de empleos en Aragón, advierte el presidente autonómico, Jorge Azcón.
El Gobierno de Aragón conoce el avance de la norma por la nota de prensa del Ministerio para la Transición Ecológica, que ha remitido al Consejo de Estado —el supremo órgano consultivo del Ejecutivo central, que emite dictámenes preceptivos antes de que el Consejo de Ministros apruebe determinadas normas— el proyecto definitivo que regula los centros de datos. El texto todavía no ha llegado a las manos del Ejecutivo autonómico. La comunidad lo conoce solo por el comunicado ministerial.
Aragón no es un territorio cualquiera en esta carrera. Con 47.719 kilómetros cuadrados y alrededor de 1,35 millones de habitantes, según los últimos datos del INE, la comunidad ha convertido la energía renovable, el suelo disponible, y el agua en su argumento para atraer inversión industrial y empleo cualificado. Zaragoza concentra buena parte de los proyectos anunciados en los últimos tres años, en pugna abierta con otras autonomías como Castilla y León, Extremadura o Navarra.
El presidente aragonés no ha medido las palabras. «.
A eso se suma el teléfono. «Los primeros mensajes que me llegaron ayer por la noche de algunos de los promotores de estos centros de datos son de extrema preocupación», ha relatado Azcón. Las llamadas entraron el lunes por la noche, horas después de que se conociera el envío del texto al Consejo de Estado.
Aragón no discute que se regule la inteligencia artificial: discute que la misma regla pese menos en unos territorios que en otros.
La consejera de Economía, Competitividad y Empleo, Eva Valle, ha ido un paso más allá. «.
Valle reconoce que se han incorporado algunos cambios, pero sostiene que se mantienen las condiciones más restrictivas. En la práctica, añade, el real decreto «se centra en intentar retirar la actividad de los centros de datos de la red de transporte por un problema de insuficiente inversión y, sobre todo, por agenda política». La consejera pide paralizar la tramitación: «Hay que abordar con calma y sentido común este decreto porque nos jugamos mucho y ese debate tiene que hacerse después de las elecciones».
El agravio comparativo que Azcón pone sobre la mesa
El argumento central del Gobierno aragonés tiene nombre propio: el régimen específico que la norma reserva a instalaciones como el proyecto de gigafactoría de Tarragona, con menos exigencias que los centros de datos. «El PSOE decide que en Cataluña sí y en Aragón no. Tendrán que explicarlo», ha zanjado Azcón. La comparación con la gigafactoría catalana vertebra todo el malestar.
En el Ministerio de Industria la lectura es otra. Su titular aboga por «regular» los centros de datos para evitar «reacciones contrarias», y defiende que la norma busca ordenar un despliegue que crece más rápido que las redes que lo alimentan. El texto aún no está aprobado: debe volver al Consejo de Ministros tras el dictamen del Consejo de Estado y no hay fecha cerrada para ese trámite.
El Pulso Territorial
En Aragón gobierna una coalición desde 2023. El PP de Azcón y Vox suman 35 de los 67 escaños de las Cortes de Aragón (el parlamento unicameral de la comunidad), tres por encima de la mayoría absoluta, con el PAR ejerciendo de bisagra puntual y un PSOE que lidera la oposición. La próxima cita electoral está prevista para mayo de 2027, y ese calendario explica la petición de Valle de dejar el debate «para después de las elecciones»: nadie quiere dar la batalla definitiva antes de tiempo.
La dimensión regional pesa. Aragón compite por estas inversiones con Castilla y León, Extremadura y Navarra partiendo de una ventaja que ahora queda en duda: marco energético favorable y suelo industrial disponible. Su peso demográfico es modesto frente a su superficie, lo que convierte cada proyecto industrial en una pieza difícil de sustituir. El riesgo no es solo perder inversión: es perderla en favor de otros territorios. Lo que viene ahora pasa por el dictamen del Consejo de Estado, la vuelta del texto al Consejo de Ministros y una negociación bilateral que el Ejecutivo aragonés quiere abrir sin garantías de que prospere.
Ficha Autonómica
- El caso: El Ministerio para la Transición Ecológica ha remitido al Consejo de Estado el proyecto definitivo del real decreto sobre centros de datos. Aragón rechaza el texto, que aún no ha recibido formalmente.
- Datos importantes: 35 de 67 escaños de la coalición PP-Vox en las Cortes de Aragón; 1,35 millones de habitantes; elecciones autonómicas previstas para mayo de 2027; régimen más laxo para gigafactorías.
- Resumen: Azcón avisa de miles de empleos en riesgo y Valle pide paralizar la tramitación. Pendiente el dictamen del Consejo de Estado y la vuelta al Consejo de Ministros.
