La brecha digital rural de Galicia se mide en 400 metros: los que separan el último poste de fibra de la puerta de Manuel Castrillo.
El poste que llegó a Souto y la fibra que nunca entró
Su casa está en Souto, una aldea de Vilamarín (Ourense) donde viven cuatro personas y donde el cableado de los grandes operadores termina monte abajo. El poste se instaló. La conexión, no. El servicio solo llegaría con nuevas extensiones hasta cada vivienda, y esas extensiones nunca se hicieron.
Al preguntar por el motivo, la respuesta, según recoge La Región, resultó más inquietante que la propia avería: «por baja rentabilidad, al ser pocos vecinos, en esas aldeas tan pequeñas, no compensa». La duda siguiente se contesta sola. ¿Cuál es el criterio de rentabilidad y en qué despacho se decide?
Las reclamaciones, presentadas en varias ocasiones ante Telefónica, el operador dominante en estas zonas de sombra, recibieron siempre el mismo texto: «la petición de instalación está cancelada». Cerca de dos años después de la primera solicitud, el reloj sigue corriendo en contra de quienes apostaron por el rural para trabajar en remoto.
La orografía y la dispersión explican parte del problema, no todo. La normativa promete cobertura de alta capacidad, pero no detalla cómo garantizarla punto por punto, y ahí se abre el hueco: basta una antena 4G para dar por cumplida la promesa, sin cablear ni levantar un solo poste. Los vecinos no lo aceptan. Y tienen razones.
La brecha digital no se cierra con una antena: se cierra con un criterio público que decida, aldea a aldea, hasta dónde llega el derecho a conectarse.
Del 4G intermitente al satélite de Elon Musk
«El acceso vía radio tiene caídas importantes, fluctúa constantemente y también con las tormentas. No es solución si estás con videoconferencias, enviando correos y trabajando en la nube», explica Castrillo. La alternativa por la que han terminado optando es Starlink, la red de satélites en órbita baja de Elon Musk: rápida, efectiva y fuera de la Unión Europea. «La pena es tener que recurrir a terceros y delegar nuestros datos en manos del magnate de SpaceX», añade.
El mercado ofrece salidas diversas. Hispasat resulta más económica, mientras que la constelación de Musk obliga a asumir el coste de la antena a cambio de una conectividad óptima. Están también las redes locales —Rede Aberta, Adamo, Itegal, los despliegues UNICO— y las torres de radiofrecuencia con WiMAX, menos estables. Ninguna resuelve el fondo: teleasistencia para los mayores, clase a distancia, reacción rápida ante una emergencia.
El Laboratorio Gallego
Lo que ocurre en Souto no es una anécdota de aldea. Galicia es la comunidad con el poblamiento más disperso de España, y esa geografía convierte cada kilómetro de cable en una decisión económica y política a la vez. El PPdeG gobierna la Xunta de Galicia —el gobierno autonómico con sede en Santiago de Compostela— con mayorías absolutas consecutivas desde 2009, y sostiene que el despliegue corresponde a los operadores y a los fondos europeos. No es una postura improvisada: es la doctrina que la Xunta defiende en cada conferencia sectorial con Madrid.
El BNG (el Bloque Nacionalista Galego, primera fuerza de la oposición) y el PSdeG (la federación gallega del PSOE) reclaman lo contrario: planificación pública y criterios explícitos publicados en el DOG, el Diario Oficial de Galicia. Nadie discute el diagnóstico. La discrepancia está en quién paga la última milla y con qué umbral de rentabilidad.
La lectura nacional existe. El programa UNICO y los fondos de cohesión han financiado kilómetros de fibra en toda España, pero el debate sobre el servicio universal —la obligación de llevar banda ancha donde no hay negocio— sigue abierto y afecta igual a la Galicia interior, a la Serranía de Cuenca o al Pirineo. Según los datos del IGE (el Instituto Galego de Estatística), el envejecimiento avanza más deprisa en las áreas de montaña, justo donde la conexión es más frágil. Esa pinza, más necesidad y menos inversión, es la que el PP nacional invoca cuando habla de cohesionar el territorio y la que la Xunta exhibe cuando reclama fondos en Madrid.
Queda por ver qué ocurre cuando se cierre la próxima convocatoria de ayudas y si el criterio de rentabilidad se publica de una vez. Galicia acumula más de 3.700 parroquias,y 313 concellos: cualquier umbral que se fije dejará a alguien fuera del mapa. Mientras tanto, en Souto seguirán mirando un poste a 400 metros.
Ficha del Caso
- El caso: Cuatro vecinos de Souto, en Vilamarín (Ourense), llevan cerca de dos años sin fibra pese a tener un poste a 400 metros de sus casas. La instalación fue cancelada por «baja rentabilidad».
- Datos importantes: 400 metros hasta el último poste; cuatro viviendas afectadas; casi dos años de espera; alternativas que van del 4G y el WiMAX a Hispasat o Starlink.
- Resumen: El caso resume la brecha digital del rural gallego y la ausencia de un criterio público que fije hasta dónde debe llegar la cobertura. Galicia, con 313 concellos, es el territorio donde ese debate se vuelve más urgente y donde se mide la coherencia de las promesas nacionales sobre la despoblación.
