El Senado puede enmendar y vetar, pero no decidir. Su veto es suspensivo: el Congreso lo levanta con mayoría absoluta y, una vez transcurridos dos meses, basta con la mayoría simple. Sobre esa asimetría constitucional, el Ejecutivo ha ido construyendo una caja de herramientas para legislar rápido y con el menor número posible de filtros, utilizada en los últimos años con una intensidad que incomoda a buena parte de la Cámara alta y a no pocos constitucionalistas.
El criterio de esta selección no es el volumen de normas aprobadas, sino el grado en que cada fórmula recorta el papel de la Cámara territorial: desde las que la excluyen por completo hasta las que la dejan sin tiempo material para leer lo que vota. Los atajos aparecen ordenados según ese mismo baremo, y todos comparten un efecto común: desplazan el peso real de la decisión hacia el Congreso, donde el Gobierno conoce de antemano sus números y donde el margen de sorpresa es mínimo.
4El rodillo del Congreso: mayoría absoluta para levantar el veto del Senado
El artículo 90.2 de la Constitución permite al Congreso levantar el veto del Senado con la mayoría absoluta de la Cámara: 176 de los 350 diputados. Con esa cifra, el Gobierno ha convertido la principal arma del PP en la Cámara Alta —donde cuenta con 144 de los 265 senadores— en un trámite con fecha de caducidad. La ley de amnistía quedó aprobada definitivamente el 30 de mayo de 2024 con 177 votos a favor y 172 en contra; la ley de eficiencia del servicio público de Justicia salió adelante el 19 de diciembre con 177 frente a 170, cuando el umbral eran 176. En ambos casos, el texto ratificado fue el que había salido del Congreso, sin una sola enmienda de la Cámara Alta, y en ambos el Ejecutivo descartó la otra vía del precepto —esperar dos meses y tumbar el veto por mayoría simple— para no dejar la norma en el aire.
El rodillo no es gratuito ni automático, y ahí está su desgaste. Levantar el veto obliga al Ejecutivo a rehacer su mayoría cada vez, con socios que cobran el favor: Podemos votó a favor el 19 de diciembre después de arrancar el compromiso de un real decreto —aprobado el día 23— para prorrogar el escudo social y la suspensión de desahucios. Tampoco cierra el conflicto. El PP ha usado su mayoría en la Cámara Alta como plataforma de oposición y acumula cuatro conflictos de atribuciones ante el Tribunal Constitucional (la amnistía, la ley que acorta penas a etarras, una corrección de errores en el BOE y la ley de desperdicio alimentario). En marzo de 2026, la Mesa del Congreso llegó a admitir el veto del Gobierno a enmiendas que el Senado ya había aprobado en la ley de multirreincidencia, con informe en contra de su letrado mayor. El veto queda así reducido a demora y el choque se traslada a los tribunales.
