3Cómo detectarla antes de firmar: nombres habituales de la cláusula y dónde suele aparecer
El sobrecoste casi nunca se presenta con la palabra «recargo». En los contratos que han acabado en reclamación aparece como cláusula penal por incumplimiento o como indemnización «por cada anualidad de vigencia del arrendamiento sin que el seguro esté vigente»: una póliza de hogar de contratación obligada, muchas veces con la correduría del propio grupo inmobiliario, y 150 euros por cada año sin ella, con autorización expresa para descontarlos de la fianza. La OCU recogió en abril de 2026 un caso idéntico en la cláusula 11.2 de un contrato de Alquiler Seguro, con una prima de unos 129 euros anuales. Los mismos 150 euros reaparecen con otras etiquetas: «estudio de viabilidad», que el Sindicato de Inquilinas de Madrid denunció por cobrarse sin llegar a entregar el informe, o el «servicio de atención al inquilino», el nombre con el que muchas agencias rebautizaron su comisión tras la Ley de Vivienda y que en las condiciones publicadas por esa empresa asciende a 990 euros más IVA, con 20 euros anuales de mantenimiento.
El sitio donde se esconde importa tanto como el nombre. Rara vez está en el cuerpo principal del contrato de alquiler: suele aparecer en las últimas cláusulas, en el bloque de «otros pactos» o pegado al apartado de la fianza, y sobre todo fuera del documento, en un anexo de servicios o en un contrato aparte que se firma el mismo día y que a veces ni se entrega. También vive en las condiciones generales colgadas en la web de la inmobiliaria, que se aceptan al pagar la reserva antes de haber visto el articulado. De ahí que lo útil sea pedir por escrito el contrato completo con anexos antes de transferir la señal y leer con lupa cualquier cláusula que mencione seguro, póliza, servicio, asesoramiento, estudio o penalización. La Ley 12/2023 ya deja los gastos de gestión y formalización del lado del arrendador y Consumo hizo firme en abril una multa de 3,6 millones por imponer seguro de hogar y ese servicio; pero como varios juzgados han avalado la «voluntariedad» de la fórmula, la revisión previa sigue siendo la defensa más barata: si la palabra «obligatorio» acompaña a un seguro, se pide la versión sin él y se tacha la cláusula antes de firmar, con rúbrica en el tachado.
