El Senado ha convertido su mayoría absoluta en una factoría de comisiones de investigación, y cuatro de ellas han acabado marcando el calendario político. La del caso Koldo, promovida por el Grupo Popular y creada en abril de 2024, abre un repertorio que se repite con objetos distintos y un mismo horizonte: elevar conclusiones mientras se desgasta al adversario. No funcionan como piezas aisladas, sino como un mecanismo que fija comparecencias, plazos y titulares al ritmo que interesa a quien tiene la mayoría.
El criterio de esta lista no es el asunto que investiga cada comisión, sino la maquinaria que las hace funcionar. El recorrido va de la ficha formal —objeto, grupo promotor y fecha límite para elevar conclusiones— a la sala pequeña donde se decide quién desfila: la mesa, la junta de portavoces y la votación. Después, los pactos de no agresión, los nombres que se caen —la lista inicial de 134 comparecientes en la comisión de las mascarillas se recortó para excluir al fiscal Anticorrupción— y el blindaje técnico del artículo 76.1.
3El trueque de nombres: los pactos de no agresión entre grupos para citar al rival sin tocar al aliado
Las listas de comparecientes se cierran en los pasillos y en reuniones a puerta cerrada de la Mesa, y lo que se negocia no es tanto el nombre como el calendario: quién abre, quién cierra y quién no aparece. El plan de la comisión de la dana, aprobado en octubre de 2025 con los votos de PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, Podemos y Compromís y el rechazo de PP y Vox, funciona como manual: 127 comparecencias y 126 peticiones de documentación en las que Carlos Mazón estrena la ronda política el 17 de noviembre, Alberto Núñez Feijóo figura como compareciente número 19 —veinte minutos por grupo— y Pedro Sánchez y siete ministros quedan aparcados en una segunda fase sobre reconstrucción, ya en 2026. El PSOE no quería al presidente en la lista; Sumar impidió que Compromís lo incluyera; los valencianistas leyeron que los socialistas cedieron para que la comisión arrancara antes del aniversario. Los trece representantes de las víctimas, eso sí, van primero.
El trueque tiene una contrapartida silenciosa: el aliado no se toca. Las comisiones del 17-A y de las cloacas, Pegasus y Operación Cataluña —creadas en diciembre de 2023 a cambio del apoyo de Junts y ERC a Francina Armengol— siguen en dique seco por esa misma lógica: los independentistas lograron sentar en la mesa a Rajoy, Fernández Díaz, Cospedal y Sánchez-Camacho, mientras el PSOE ha mantenido fuera de la investigación el espionaje con Pegasus, ya bajo su Gobierno, hasta el punto de que Junts avisa de que no reactivará nada mientras siga cerrado. La petición de ERC y Junts de llevar a la Fiscalía a esos cuatro dirigentes populares espera un aval socialista que no ha llegado. En la comisión del apagón, los primeros citados fueron los máximos responsables de Iberdrola, Endesa, Naturgy y Redeia, y ni PSOE ni Sumar propusieron a un solo ministro. Donde no hay pacto queda la aritmética: en el Senado, el PP tumbó los nombres de Feijóo, Tellado, Zapatero y Bono.
