El borrador del plan de emergencias de Ourense calcula que un accidente ferroviario en la ciudad podría dejar hasta 300 afectados. Es el escenario de mayor impacto del Plan de Emerxencias Municipal (PEMU), un documento que el Ayuntamiento tiene ahora mismo en fase de alegaciones.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El borrador del PEMU de Ourense cifra en 300 los afectados posibles si un tren descarrila en el término municipal, donde se contabilizan 50 kilómetros de vía férrea.
- ¿Quién está detrás? El Ayuntamiento de Ourense como responsable del plan, Renfe como operadora de viajeros, Adif como gestor de infraestructura y la Xunta a través del 112 Galicia en la coordinación autonómica.
- ¿Qué impacto tiene? Fija protocolos concretos —tres minutos para cortar la catenaria, quince para cerrar el perímetro, una hora para evacuar— y deberá volver al pleno para su aprobación inicial.
Cincuenta kilómetros de vía, 48 pasos elevados y ocho kilómetros bajo tierra
El documento cartografía 50 kilómetros de vías férreas dentro del término municipal, 48 pasos elevados, cuatro intersecciones directas con otros viales, y más de ocho kilómetros de túneles o tramos soterrados. Cada uno de esos puntos es, sobre el papel, una posible zona cero. La capital ourensana es, además, el nudo por el que la alta velocidad entra en Galicia desde la meseta, y por su entorno circulan a diario miles de viajeros. Los datos del IGE sitúan al municipio por encima de los 100.000 habitantes.
La probabilidad de que ocurra algo así es baja, dice el plan. El impacto, en cambio, figura entre los más altos de todo el catálogo de riesgos. Hasta 300 personas podrían verse afectadas por un solo descarrilamiento, una cifra que el documento toma de los siniestros que cita como referencia, los de Adamuz y Urda, y que obliga a pensar el ferrocarril no solo como un servicio, sino como una amenaza que hay que gestionar.
El texto no está aprobado. Resuelve alegaciones y después regresará al pleno municipal para la aprobación inicial, un trámite que abre a su vez un periodo de exposición pública antes de la definitiva. Nadie tiene prisa, pero el calendario corre: cuanto más tarde el plan, más tiempo pasa la ciudad sin un protocolo actualizado sobre su infraestructura más delicada.
Tres minutos para cortar la catenaria y quince para cerrar el perímetro
El mando operativo recaería en el alcalde, a quien correspondería activar un Centro de Coordinación Operativo (CECOPAL). Desde ahí habría que entenderse con dos administraciones que cuentan con sus propios sistemas de emergencia: Renfe, la operadora de viajeros, y Adif, el gestor de la infraestructura. El municipio coordina, pero no ejecuta la parte crítica del operativo.
Los tiempos que fija el borrador van de reloj suizo. Antes de tres minutos debería estar cortada la alimentación eléctrica de la catenaria y detenidos todos los trenes en ruta convergente con el lugar del siniestro. En un cuarto de hora tendría que estar establecido el perímetro de exclusión. Las evacuaciones, antes de sesenta minutos.
En un descarrilamiento urbano, la diferencia entre un susto y una catástrofe se mide en minutos: tres para cortar la corriente, quince para cerrar el perímetro.
Dentro de ese perímetro se organizan tres anillos de acceso —verde, rojo y naranja— con un Puesto de Mando Avanzado (PMA), un hospital de campaña para el triaje y las primeras curas, y un único paso reservado a los equipos de emergencia para llegar al tren. Nadie más entra.
El manual contempla también la conversión de grandes equipamientos en refugios. El Paco Paz y Expourense funcionarían como zonas de acogida para heridos leves e ilesos, con un estándar de diez metros cuadrados por persona que permitiría entre 50 y 600 camas por recinto. Los exteriores de la Universidade Laboral quedan reservados para instalar hospitales de campaña.
El Laboratorio Gallego
Ourense es la única capital de provincia gallega gobernada por una formación de ámbito local, Democracia Ourensana, con Gonzalo Pérez Jácome al frente de la Alcaldía. Esa singularidad pesa: el PEMU atribuye el mando al regidor, y la relación entre el Ayuntamiento y la Xunta —que gobierna el PPdeG con mayoría absoluta y asume las competencias autonómicas de protección civil— se convierte en una variable tan técnica como política. No constan pronunciamientos públicos del BNG ni del PSdeG sobre el contenido del borrador.
La lectura nacional va por otro carril. La llegada de la alta velocidad a capitales intermedias ha multiplicado la exposición ferroviaria en ciudades que hasta hace poco eran de paso, y los planes municipales se han convertido en la primera línea de respuesta ante incidentes cuya infraestructura gestionan Adif y Renfe. Galicia lleva años reclamando inversiones en su red; la seguridad, en cambio, se decide en los despachos de Madrid y se ejecuta en las calles de Ourense. La Administración autonómica despliega su sistema de emergencias a través del 112 Galicia y de la Axencia Galega de Emerxencias, pero el protocolo que se activa en el minuto cero es municipal.
Queda la proyección práctica. El texto, si el pleno lo aprueba inicialmente, encarará la exposición pública y los informes sectoriales; después llegará la aprobación definitiva. La incógnita es si el plan irá acompañado de simulacros conjuntos con Adif y Renfe, un extremo que el borrador no concreta, o si quedará en un manual impecable que nadie ha ensayado. Galicia ensaya modelos; Madrid decide los presupuestos. Y aquí, de momento, lo que hay es un documento con 50 kilómetros de vía y tres minutos de reloj.
Ficha del Caso
- El caso: El Ayuntamiento de Ourense ultima el borrador de su Plan de Emerxencias Municipal, que mide el riesgo ferroviario de la ciudad y fija protocolos ante un posible descarrilamiento.
- Datos importantes: 50 kilómetros de vía, 48 pasos elevados, cuatro intersecciones y más de ocho kilómetros de túneles; escenario de hasta 300 afectados; tres minutos para cortar la catenaria, quince para el perímetro y sesenta para evacuar; refugios con diez metros cuadrados por persona y entre 50 y 600 camas en Paco Paz y Expourense.
- Resumen: El plan municipal se convierte en la primera respuesta ante incidentes cuya infraestructura depende de Adif y Renfe. Falta la aprobación inicial en el pleno y, después, la exposición pública antes del visto bueno definitivo.
