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La división del Consejo de Ministros en dos bandos y que ha acabado con el relevo material, aunque no formal, de las tareas de coordinación del Gabinete por parte de la vicepresidenta Carmen Calvo y con un cierre en falso de la crisis, no ha hecho más que empezar. Aunque el primer objetivo del grupo de ministros podemitas, encabezados por Pablo Iglesias, que era quitar de en medio a Calvo, ya está conseguido, la manada de Iglesias —como se les conoce en fuentes maledicentes de miembros del Congreso de los Diputados— no va a cejar en conquistar cotas de poder en el Consejo de Ministros hasta que su líder se ponga al nivel de mando del presidente Pedro Sánchez.

Aunque la vicepresidenta primera se resiste a soltar la coordinación de las reuniones del Consejo de Ministros, ya que este cometido supone mucho poder, como ya avanzaron varios medios de comunicación la semana pasada, Sánchez e Iglesias se han comprometido a zanjar ellos personalmente cualquier discrepancia que surja dentro del Consejo, una idea de muy buena venta externa, pero de dudosa plasmación práctica teniendo en cuenta la apretada agenda del primer ministro español.

«Al final les va a costar más de lo que ellos creen (a la manada de Iglesias) librarse de Calvo, ya que toda la estructura técnica que comporta la tramitación administrativa de los asuntos que van a a Consejo de Ministros está en sus manos y, quieran o no, ella va a tener acceso a esa información antes de que se presente en las reuniones de los ministros», comenta una fuente conocedora de cómo funcionan los trámites del Consejo de Ministros en Moncloa.

«Al final les va a costar más de lo que ellos creen (a la manada de Iglesias) librarse de Calvo»

Mientras se aclara en próximos cónclaves si la manada morada se ha salido con la suya en lo que a Carmen Calvo respecta, los de Pablo Iglesias han puesto los ojos en neutralizar a los titulares de las carteras de Interior y Justicia, dos de los puestos con los que la formación morada y su líder viven obsesionados desde que mucho antes que accedieran al poder. Iglesias pretende marcar el paso en el Ministerio de Interior, una cartera con la que vive obsesionado y a la que la manada podemita se postuló durante las negociaciones del pacto de Gobierno con escaso éxito y receptividad por parte del presidente Pedro Sánchez.

La obsesión de Iglesias viene de que se siente espiado por «el lado oscuro» de los cuerpos de seguridad del Estado. Hay que recordar el incidente del pen drive, que fue el leitmotiv de una de sus recientes campañas electorales. De ahí, su fijación por estar en la Comisión de Asuntos de Inteligencia, un puesto que al final ha conseguido a cambio de dejar Interior en manos de los socialistas. Sin embargo, los desencuentros entre el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la manada morada hacen presagiar, nuevas luchas en el Consejo de Ministros.

Sólo hay que recordar desencuentros como el vivido a cuenta de la Policía por parte del ministro Marlaska y la ministra Montero, cuando a ésta no se le ocurrió mas que decir, en una de sus locas comparecencias ante los medios, que los agentes encargados de investigar violaciones a veces preguntaban a las víctimas como eran las minifaldas que llevaban durante el ataque sufrido. Marlaska tuvo que salir al quite y recordar que el protocolo seguido por la policía está «a la vanguardia mundial» y que «se realiza con los más altos estándares de apoyo, empatía, privacidad y acompañamiento.

MARLASKA Y LAS DEVOLUCIONES EN CALIENTE

La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos también dio para un desencuentro entre los morados y el departamento del juez Grande-Marlaska. Mientras Pablo Iglesias se lanzaba a criticar las devoluciones en caliente involucrando al ministro diciendo que son poco respetuosas con los derechos humanos y que el ministro compartía sus ideas, miembros del departamento de Interior salían a desmentir al vicepresidente, defendiendo de nuevo a los cuerpos y fuerzas de Seguridad por cumplir escrupulosamente sus obligaciones.

El siguiente punto en el que pueden chocar tanto con Justicia como Interior es en la Ley que está auspiciando Iglesias, de aprobación reciente en el Consejo de Ministros, para evitar los desahucios y que el líder de la manada de ministros podemitas corrió a anunciar a bombo y platillo como proyecto suyo a pesar de que estaban implicados varios ministros socialistas en la misma.

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante su comparecencia en la comisión parlamentaria. Foto: Congreso de los Diputados.

«Puede haber un choque en la aplicación legal de este texto, teniendo en cuenta que, si aceptamos el derecho a la propiedad privada como una base de la sociedad, tendremos que admitir que el contenido esencial del mismo se proteja. Al respecto, el Tribunal Constitucional, sentencias de 8 de abril de 1981 y 26 de marzo de 1987, dice que el contenido esencial es aquel absolutamente necesario para que los intereses protegibles resulten real, concreta y efectivamente protegidos.  Nadie compraría nada si se protegiera la ocupación o usurpación de inmuebles», explica Josep Térmens abogado especialista en arrendamientos urbanos. Esta por ver como encajan jueces y fuerzas de seguridad esa moratoria que se pretende dar a las personas que no paguen el alquiler, con tantas sentencias del Tribunal Constitucional resaltando el derecho a la propiedad como algo esencial en nuestro ordenamiento.

CAMPO, EN EL PUNTO DE MIRA DE IGLESIAS

El Ministro de Justicia, Juan Antonio Campo, quiere modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para facilitar los tramites procesales, al tiempo que se mantiene el sistema de garantías jurídicas de la ley. Para ello quiere que los fiscales instruyan los casos, pero sin excesos políticos. Además, Campo tiene que sacar adelante su reforma express del Código Penal, y ya existe un anteproyecto para la reforma del texto en materia de delitos de sedición y rebelión, abuso y agresión sexual y nuevos delitos contra el medioambiente. Una reforma que requerirá de la mayoría absoluta del Congreso para su aprobación. 

La manada de Iglesias no va de dejar pasar la oportunidad de dejar su impronta en las nuevas modificaciones legales, como ya lo ha intentado en la Ley de Montero de Libertad Sexual. De hecho Iglesias quiere castigar en el nuevo Código Penal a los periodistas díscolos, tal y como explicó en su última reunión de la Asamblea Ciudadana. Allí amenazó a los responsables de los medios de las «cloacas», diciendo que los periodistas que publicaron «informaciones falsas» sobre la financiación de Podemos deben ir a prisión.

Además, Iglesias quiere usar la Justicia y el Código Penal contras sus adversarios políticos y agravar determinados delitos relacionados con la corrupción, facilitando las investigaciones prospectivas de determinados adversarios políticos, como es el caso del Partido Popular. También quiere meter el cazo en la reforma de la Ley Electoral para favorecer a su formación y acabar con el sistema de la actual Ley d’Hont. El sentido instrumental de la Justicia para la manada de Iglesias va a ser otro punto de fricción con el ministro Campo, como ya se ha demostrado estas semanas atrás. Veremos si consigue vencerles el pulso como a Carmen Calvo o no.