El 24 de abril de 2024 el juez Juan Carlos Peinado dictaba el auto de procesamiento contra Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, que casi de manera inmediata anunciaba que necesitaba unos días para «reflexionar» y «decidir qué camino tomar». Su famosa «Carta a la Ciudadanía» paralizó al Gobierno ante la amenaza de una dimisión, que se demostró más un farol que una intención real. Un año después el cerco judicial sobre el presidente se estrecha con todos los casos que le afectan de manera personal y también política.
Este mismo jueves la ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, está llamada a un acto de conciliación por Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que demandó a Montero por una declaraciones donde le llamaba «delincuente». González Amador le pide 40.000 euros por los insultos, aunque sólo se espera que acudan los abogados de ambos y seguramente sin conciliación. La sentencia que dicte el Supremo determinará el rumbo del resto de demandas interpuestas por Alberto González, incluso la que reclama 100.000 euros a Pedro Sánchez, que no se presentó en febrero al acto de conciliación previsto y esa decisión deja vía libre al empresario para acudir una vez más al Supremo.
La semana concluirá con la declaración el viernes de su hermano, David Sánchez Pérez-Castejón, en los juzgados de Badajoz, acusado de varios delitos de corrupción. Es la segunda vez que acude a declarar, pero ahora tendrá que responder a las preguntas de la juez instructora sobre su conocimiento o desconocimiento de si la plaza en la Diputación pacense ya estaba concedida antes de presentarse a la entrevista de trabajo.
Ese mismo día, la juez Beatriz Biedma ha citado además como investigado a otro ex asesor de Moncloa que acabó contratado en el mismo departamento de la Diputación, Luis María Carrero Pérez. Según pruebas los mails del caso, ambos se conocían antes de trabajar juntos es incluso el segundo se dirigía al primer como «querido hermanito». Carrero también se encargó de presentar unos informes anuales pedidos por la juez para tratar de justificar el trabajo de David Sánchez, pero la autenticidad de esos informes han sido cuestionados por la forma y las firmas que presentan.
UN JUEZ EN CASA DE PEDRO SÁNCHEZ
Durante este año judicial el Palacio de La Moncloa ha recibido en dos ocasiones al juez Peinado, la primera para tomar declaración al propio presidente del Gobierno y la segunda hace apenas una semana, el 16 de abril, para tomar declaración a Félix Bolaños, ministro de Justicia y de la Presidencia, sobre la asesora de Moncloa al servicio de Begoña Gómez. Es la primera vez que un juez pisa La Moncloa para ejercer sus funciones como tal. Gómez está investigada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional y su asesora, Cristina Álvarez por una presunta malversación.
Pero eso, a pesar de su simbolismo, quizás sea lo menos grave que acorrala a Pedro Sánchez. El Tribunal Supremo lleva varios meses procesando a José Luis Ábalos, ex secretario de organización del PSOE, ex ministro de Transportes y diputado socialista, ahora en el grupo mixto. No es el único frente al que el PSOE debe hacer frente, ya que la UCO tiene orden de indagar en las posibles conversaciones entre el empresario Víctor de Aldama y el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, además de la relación con el actual ministro de Política Territorial, el canario Ángel Víctor Torres. Aldama sostiene que entregó 15.000 euros a Cerdán después de conseguir un contrato público para una constructora.
MÁS CARGOS SOCIALISTAS
No son los únicos cargos socialistas afines a Pedro Sánchez bajo la lupa de los jueces. El jefe de gabinete de la vicepresidenta Montero, Carlos Moreno, aparece en las investigaciones de la UCO de la Guardia Civil por su relación con Koldo García. La presidenta del Congreso, Francina Armengol también mantuvo conversaciones con Koldo García, ex asesor de Ábalos que da nombre a la trama, para la compra de mascarillas cuando era presidenta de Baleares. La actual comisaria europea Teresa Ribera, ex ministra de Transición Ecológica, también estuvo en el punto de mira por la licencia concedida a la trama Hidrocarburos, de la que participa Víctor de Aldama.
Por el mismo motivo Juan Díaz Bidart, ex jefe de Gabinete de Reyes Maroto cuando era ministra de Industria de Pedro Sánchez, también está bajo el foco de la UCO tras las declaraciones de una de las empresarias de la trama Hidrocarburos que acudió a una reunión en Industria orquestada por Koldo García.
La última alto cargo señalada por los informes de la UCO ha sido la ex presidenta de ADIF y ex secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, por la contratación de Jésica Rodríguez, ex pareja del entonces ministro Ábalos, en dos empresas públicas.
En ese mismo informe la UCO señala de nuevo los movimientos de la trama alrededor del Consejo de Ministros que presidió Pedro Sánchez para el rescate de Air Europa. Los mensajes interceptados por los investigadores recogen uno al menos inquietante enviado por Aldama a Koldo García, sobre el entonces CEO de Globalia, Javier Hidalgo: «Está muy jodido con el tema, se está buscando la vida y acaba de llamar a Begoña», le advirtió. Los agentes no han podido confirmar de qué Begoña hablaban, porque ni Hidalgo ni su teléfono están siendo investigados en esta causa.
EL FISCAL GENERAL
El último frente que acosa a Pedro Sánchez es la investigación que se sigue desde el Tribunal Supremo contra el Fiscal General del Estado (FGE), Álvaro García Ortiz, por la presunta filtración de datos de la pareja de Díaz Ayuso. El magistrado instructor, Ángel Luis Hurtado, ya ha pedido a Google y Whatsapp los mensajes que supuestamente García Ortiz borró mientras se producían las filtraciones contra el novio de Díaz Ayuso.
La mano derecha del ministro Óscar López, Pilar Sánchez Acera, ya tuvo que declarar como testigo ante el Tribunal Supremo por estas mismas filtraciones. Sánchez Acera dijo que no recuerda quién le envió el correo de la pareja de Díaz Ayuso y no conservó los mensajes al respecto. El magistrado considera que esta presunta «ocultación» de Sánchez Acera podría constituir un delito de falso testimonio, pero para ello necesita probar con los correos que faltan si fue ella quien remitió o recibió del mismo fiscal general alguno de estos mails.
