La Agencia de Protección de Datos ha decidido no admitir a trámite la reclamación presentada por Baltasar Garzón contra MONCLOA.COM. El abogado presentó un escrito acusatorio contra este diario que había desvelado las conversaciones y amistad entre el propio Garzón, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y el comisario José Manuel Villarejo, hoy en prisión.
En un escrito remitido ayer al equipo jurídico de MONCLOA.COM, la Agencia de Protección de datos explica que «una vez estudiadas las alegaciones» de este diario, decide «no admitir a trámite la queja» que presentó Baltasar Garzón. Aunque el escrito lo remite Pedro Colmenares, subdirector General de Inspección de Datos, la resolución favorable a Moncloa.com contra el abogado Baltasar Garzón la toma la directora de la Agencia Española de Protección de Datos.
MERCADOS Y ESTILOS DE VIDA SL, la empresa editora de MONCLOA.COM, respondió el pasado 17 de octubre a las reclamaciones que Garzón envió a este medio informativo el 26 de septiembre a través de un burofax, tras la publicación del audio del excomisario José Manuel Villarejo en el que él aparecía junto a la actual ministra de Justicia, Dolores Delgado.
El exmagistrado se interesó en su burofax por el funcionamiento de MONCLOA.COM, a lo que este medio le contestó que no se considera en la obligación, «pues sería un insulto a la más elemental inteligencia» debatir con él sobre la mecánica de trabajo de los medios de comunicación a los que, por otro lado, «está tan habituado y es tan frecuentador».
Con respecto a la labor periodística, el reglamento general de Protección de Datos explicita, según se advierte a Garzón, que el derecho a la protección de los datos personales «no es absoluto» y que no debe primar sobre el derecho a las libertades de expresión y de información.
«No deja de ser asombroso que efectúe Usted una petición como la que plantea, siendo como es gran conocedor de los derechos y libertades fundamentales, llegando a ser contratado incluso por nada menos que D. Julian Assange«, recuerda MONCLOA.COM en su respuesta al burofax en el que amenaza a este medio con acciones legales.
En ese punto, MONCLOA.COM subraya algunas de las manifestaciones públicas que el exmagistrado ha realizado en el pasado. Por ejemplo, cuando defendió a Assange en la causa que sigue contra él el Gobierno norteamericano. «Estados Unidos lleva desde 2010 una investigación secreta contra Julian Assange y WikiLeaks, por sus revelaciones, por el ejercicio de la libertad de expresión, de la libertad de información», afirmó en su día.
Además, Garzón hizo hincapié en que el dueño de WikiLeaks no podía ser perseguido por los hechos que su portal sacó a la luz pública, por ejemplo los miles de cables diplomáticos reservados y secretos de la Administración estadounidense. «Deberían ser investigados y perseguidos los hechos denunciados por WikiLeaks», aseveró el exmagistrado durante la defensa de su cliente sueco.
«Nos sorprende su petición –explicaba el recurso estimado positivamente por la Agencia de Protección de Datos– , puesto que siendo defensor nada menos que del Sr. Assange, y manifestando Usted públicamente estar a favor nada menos que de las publicaciones realizadas por su defendido, no resulta coherente que intente cercenar el derecho a la libertad de expresión e información de nuestro humilde medio de comunicación, sólo por ejercer el periodismo y publicar información veraz, de relevancia pública que, sin lugar a dudas, contribuye a la formación de la opinión pública», se indica en el escrito de respuesta a Garzón.
MONCLOA.COM respeta y respetará «escrupulosamente» la normativa y la jurisprudencia aplicable. En este sentido, el Tribunal Constitucional se ha venido pronunciando con relación a esta cuestión estableciendo como regla general que el derecho a la libertad de información, reconocido en el artículo 20 de la Constitución, «prevalece sobre el derecho a la protección de los datos de carácter personal en aquellos supuestos en que la información objeto de publicación sea veraz y resulte de relevancia pública».
Como se informó en su momento, los únicos datos que esta sociedad ha poseído del inhabilitado juez estaban en los audios publicados en su momento, cuyo contenido fue entregado al Juzgado Central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional a requerimiento del juez De Egea, entonces a cargo del caso.
«A la vista de la inexistencia de sus datos, así como de no existir perfil personal suyo en nuestros archivos, no cabe aplicar la regulación por la que nos requiere y si responder en los términos de corrección y legalidad que aquí aplicamos. NEMO DAT QUOD NON HABET«, se indica a Garzón.
MONCLOA.COM considera que el exmagistrado «sólo pretende intimidarnos y tratar de coartar nuestra libertad informativa». Incluso, llegaba a pedir datos sobre aquella información que le afecte y no se haya publicado en el pasado.
El PSE quiere recuperar su perfil propio y rescatar la ilusión perdida tras haberse convertido en la muleta del PNV en el Gobierno vasco, las tres diputaciones y las tres capitales de provincia. Las encuestas son pesimistas para Idoia Mendia.
La secretaria general de los socialistas vascos es consciente de que el partido que lidera está sufriendo el abrazo del oso por parte de los ‘jetzales’, a los que apoyan en el Gobierno vasco, en las tres diputaciones forales y en las tres capitales de provincia de Euskadi.
El PSE disfruta de las consejerías de Trabajo, Turismo y Vivienda en el ejecutivo de Íñigo Urkullu mientras que el PNV le devuelve el favor en Madrid apuntalando la frágil mayoría de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados.
EL PSE QUIERE RECUPERARSE EN BILBAO
La tierra de Ramón Rubial e Indalecio Prieto es uno de los objetivos del PSE para el 26-M. El actual teniente de alcalde, Alfonso Gil, repetirá como candidato del PSE a la alcaldía de Bilbao «para transformar la ciudad y crear horizontes ciertos para las personas».
Gil ha recabado el apoyo de la portavoz gubernamental Isabel Celaá, pero las encuestas no son demasiado optimistas: un sondeo de EiTBpronostica que los socialistas mantendrán cuatro concejales en «el Botxo», pero podrían caer hasta convertirse en cuarta fuerza.
No parece que tenga dificultades el alcalde peneuvista Juan Maria Aburto, ya que su partido ha gobernado la ciudad en la que Sabino Arana creó el PNV desde 1979. Gil intentará mejorar sus números con la promesa de crear «un segundo efecto Guggenheim para no morir de éxito».
El teniente alcalde de San Sebastián, Ernesto Gasco (PSE-EE), se encuentra diseñando su candidatura. El próximo 2 de febrero está convocada una asamblea para cerrar la plancha electoral en la que previsiblemente aparecerá como número dos la hasta ahora diputada foral de Movilidad y Ordenación del Territorio, Marisol Garmendia.
Un sondeo de EiTB pronostica que los socialistas podrían mantenerse como segunda fuerza, pero perdiendo uno de sus concejales. Aun así podrían seguir apoyando al alcalde Eneko Goia (PNV) con seis ediles.
EL PACTO PNV-PSE PODRÍA PERDER VITORIA EN FAVOR DE EH BILDU
Tampoco hay demasiado optimismo en Vitoria, donde se estrena como candidata socialista Maider Etxebarria en sustitución del veterano Peio López de Munai, también teniente alcalde del jetzale Gorka Urtaran. El citado pronóstico dice que el PSE caería hasta el quinto puesto en la capital alavesa, perdiendo a uno de sus cuatro concejales.
Los líderes del PSOE, PNV, PSE y el lehendakari se reunieron el pasado año. Foto: Flickr PSOE.
Vitoria es la capital más imprevisible electoralmente pese a que el PP se ha difuminado, pudiendo caer desde el primer hasta el tercer lugar. Y es que un acuerdo entre EH Bildu y Podemos podría arrebatar la alcaldía al gobierno PNV-PSE.
El alcalde, Urtaran, ha tenido que prorrogar los últimos presupuestos de la legislatura tras haber renovado los de 2016 gracias a una moción de confianza que decidió su voto de calidad.
DIPUTACIONES Y MUNICIPIOS
El PNV tiene su mayor poderío en sus 123 años de historia y ha renovado su hegemonía de las últimas cuatro décadas gracias a que el pacto con el alicaído PSE ha amortiguado la subida de la izquierda abertzale.
Los jetzales gobiernan con los socialistas las diputaciones forales de Gipuzkoa, Bizkaia y Álava. En la diputación guipuzcoana gobernada por Markel Olano cuenta con tres socialistas en su gobierno: Denis Itxaso es teniente de diputado general y el PSE controla Cultura y Movilidad.
En Bizkaia, bajo gobierno de Unai Rementeria, dominan Empleo y Transportes. Y en Vitoria, con Ramiro González como diputado general, cuentan con Infraestructuras y Empleo. En esta Diputación han tenido que prorrogar presupuestos después de queEH Bildu, que se abstuvo para evitar que el PP siguiese gobernando, haya dejado en minoría al PNV-PSE.
Este acuerdo también alcanza a los municipios: el PNV controla 120 de los 251 municipios vascos y el PSE solo cuenta con la vara de mando en 9, entre ellos sus cuatro bastiones guipuzcoanos Irún, Eibar, Pasajes y Zumárraga tras quedarse sin su feudo vizcaíno de Barakaldo.
UN PACTO PROVECHOSO PARA EL PNV EN MADRID
En febrero el Gobierno vasco y el español iniciarán la negociación sobre un listado de 33 competencias pendientes de transferir a Euskadi. El PNV desea la gestión de prisiones, aunque el régimen Económico de la Seguridad Social seguirá fuera de las negociaciones pese a que aparece recogido en el Estatuto de Gernika.
Íñigo Urkullu, lehendakari por el PNV, en una reciente visita a La Moncloa. Foto: Web Gobierno vasco.
El ejecutivo de Pedro Sánchez se ha fijado el plazo de un año para ejecutar las transferencias mientras el PNV se mantiene fiel a La Moncloa pese a que otros socios como Unidos Podemos o los nacionalistas catalanes están barajando dejar en minoría al Gobierno central.
Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, instó ayer a BBVA a aclarar su relación con el comisario José Manuel Villarejo, después de que la entidad financiera abriese en junio una investigación interna: «En estas cosas el tiempo es clave», subrayó el exministro de Economía en rueda de prensa junto al presidente del supervisor europeo, Mario Draghi.
«Tenemos que esperar a las conclusiones de esas investigaciones. Esperamos que las conclusiones estén disponibles tan pronto como sea posible porque en este tipo de circunstancias el tiempo es esencial«, insistió. La capacidad oficial de actuación del BCE, en cualquier caso, es limitada, ya que el expresidente de la entidad, Francisco González, dejó sus funciones ejecutivas con el inicio del 2019 y ahora es solo presidente de honor del banco y de su fundación.
De Guindos recordó que el BBVA tiene una investigación interna en marcha y también que acaba de encargar «una especie de forensic» (un tipo de análisis que estudia posible ilegalidades en la gestión de las empresas). Para lo primero ha contratado a los despachos de abogados Uría Menéndez y Garrigues, mientras que lo segundo se lo ha encomendado a Price Whaterhouse Coopers (PWC), que ha destinado unos cuarenta empleados a rastrear los correos electrónicos del personal y los directivos de la entidad, incluidos los del actual presidente, Carlos Torres Vela, y de FG.
La actual ministra de Economía, Nadia Calviño, ya reconoció este martes contactos «informales» con el BCE sobre un asunto por el que la semana pasada expresó su preocupación: «Cualquier acto, cualquier situación que pueda dañar la reputación de una institución financiera es un tema serio.
También recordó que el caso está «encauzado» judicialmente «desde el punto de vista penal»: la Audiencia Nacional ya ha abierto una nueva pieza sobre el asunto dentro del ‘caso Tándem’, en el que se investigan las cloacas policiales. Según publicó MONCLOA.COM y El Confidencial, Villarejo pinchó por encargo del BBVA unos 4.000 teléfonos y unas 15.000 llamadas de políticos, empresarios y periodistas.
El actual presidente del BBVA, Carlos Torres, reconoció hace unos días en una carta a sus empleados que la investigación interna ha confirmado que «Cenyt (la empresa de Villarejo) proporcionó distintos servicios al banco, pero no se han encontrado documentos relacionados con el control e intervención de comunicaciones privadas». De ser cierto esto último, añadió, «se trataría de conductas indudablemente muy graves, deplorables, diametralmente opuestas a lo que somos y a lo que todos nosotros representamos. y, en definitiva. a los valores de BBVA que nos mueven día a día».
BANKINTER SECUNDA AL BCE
El apremio del BCE al segundo banco español también fue secundado por la consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, quien elogió la trayectoria bancaria de FG mientras urgía a que se esclarezcan cuanto antes todos los hechos por el daño reputacional al sector bancario.
«Francisco González ha sido un banquero modélico», resaltó Dancausa antes de elogiar que González haya sabido llevar las riendas del banco durante dos décadas y haber liderado la transformación digital de la banca desde su cargo. En diversos medios se interpretó dichas alabanzas por la estrecha relación que han mantenido en las últimas décadas Pedro Guerrero, presidente de Bankinter, con Francisco González ya que ambos fueron agentes de cambio en la Bolsa.
Sin embargo, la consejera delegada de Bankinter admitió el daño reputacional que asuntos como ese provocan en el sector bancario, que precisamente no goza de la mejor imagen ante la sociedad desde hace bastantes años y por otros asuntos muy diversos: desde el coste del rescate de las antiguas cajas de ahorros hasta la comercialización de determinados productos poco apropiados para determinados clientes, según explicó el diario económico Capital Madrid.
Por ese motivo, Dancausa ha abogado por «un desenlace y una investigación rápida» sobre todo lo ocurrido en el BBVA de FG. El banco ya reconoció que había abierto una investigación en junio de 2018, pero hasta el momento no se ha llegado a conclusiones firmes sobre los hechos que han aparecido en las últimas semanas en varios medios de comunicación.
Ante la inmintente salida de Reino Unido de Europa, Josep Borrell, ministro de Asuntos Exteriores, destacó la buena relación bilateral que existe entre España y Portugal frente al Brexit. El ministro de Asuntos Exteriores de Portugal, Augusto Santos Silva, señaló que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene un vínculo muy estrecho con el Gobierno portugués.
En un momento clave para Europa, Borrell manifestó que tanto Portugal como España se mantienen unidas ante la gran “incertidumbre” sobre el Brexit. Además aludió al trabajo colectivo que están haciendo Emmanuel Macron, presidente de Francia, y la canciller Angela Merkel a la hora de trabajar en materia de defensa y del auge de los nacionalismos. “Hemos estado creciendo todos y, de repente, tenemos un bache de aire. El presidente Macron ha iniciado unas consultas que demuestran la crisis de las instituciones políticas”.
Por su parte, el ministro portugués, consideró que las relaciones entre España y Portugal están en su mejor momento y desde el punto de vista diplomático hay una “convergencia de intereses”, que fortalecerían las posiciones entre ambos países.
“El Brexit ha actuado como una vacuna. No hay muchos tentados por seguir la experiencia del Brexit que no sabemos muy bien a donde lleva y frente a ello, defender la clara unidad de los europeos”, manifestó Borrell.
El posible gran impacto económico que tendría el Brexit es lo que acentuó Borrell, aunque consideró que este impacto puede ser menor que las consecuencias políticas. Además comparó grandes potencias como Reino Unido y Estados Unidos, para señalar que ambas estaban “sumidas en una crisis profunda”.
Borrell no se atrevió a realizar algún pronóstico sobre el futuro de Europa pero consideró que los movimientos que van surgiendo tienen un claro componente “antieuropeo”. En este sentido, subrayó la importancia de los partidos políticos a la hora de transmitir un mensaje a los ciudadanos de cohesión y estabilización parlamentaria. El principal problema que vio Borrell es la falta de un sentimiento de colectividad fuerte en Europa y la inefectividad de España a la hora de situarse como una potencia global.
El ministro portugués afirmó que el miedo es un componente efectivo para que fuerzas europeístas no sean suficientes a la hora de lidiar el movimiento de los antieuropeístas. Para Silva el gran aliciente es que el pacto firmado con Reino Unido reúne la defensa de los derechos de los ciudadanos: “Lo que está pactado es que estos derechos serán respetados”. Silva, hizo hincapié en que si se produjese una salida de manera desordenada tendría consecuencias políticas y económicas “desastrosas”.
UN BREXIT QUE NO ACABE COMO EL DUI
Borrell insistió hace unos días que el brexit no puede acabar como la declaración de independencia de Cataluña (DUI) y señalo que la salida de Reino Unido de EU se debe hacer “lo más rápido posible” para poder “cronificar el problema”. Además, destacó la necesidad de que se proclame el Brexit sin que luego “se suspendan sus efectos”.
El jefe de la diplomacia exterior española incidió en acelerar los procesos para resolver la situación rápidamente: “Llevamos ya mucho tiempo empantanados con estos”. También destaco que el ‘no’ del Parlamento británico era una cifra grande a tener cuenta.
En este escenario, Theresa May, decidió el martes rechazar un segundo referéndum para no dañar “la cohesión social”. La primera ministra británica lo tuvo claro, aplazar el Brexit “no resolvería la situación” y subrayó que las exportaciones de Reino Unido se realizaran sin necesidad de mantener una unión aduanera. De esta forma, el país británico podría decidir su propia línea comercial y poder establecer acuerdos con diferentes bloques.
Anteriormente a que May presentase el Plan B, Borrell destacó la importancia de “evitar” que el Brexit se alargue en el tiempo para que el problema no sea mayor aún. La cuestión principal para Borrell sería que Reino Unido zanjase sus inconvenientes sin necesidad de pedir ayuda a los europeos. “Lo que no puede pedir Reino Unido es que los europeos le resolvamos sus problemas internos”.
El acuerdo firmado el lunes por el Gobierno español y el británico anuncio que los británicos residentes en España y los españoles residentes en Reino Unido podrán mantener el derecho al voto en las elecciones municipales tras el Brexit. Este pacto también será efectivo desde el primer día en el que el país británico salga de la UE.
En la misma línea, al ser preguntado Borrell hace unos días, defendió que el convenio reflejaría el compromiso de que ambos países tuviesen “los mismos derechos que ahora”. El acuerdo fue aprobado por todos los ministros, incluyendo a Borrell dentro de él.
“Con Brexit duro, con Brexit blando o sin Brexit hemos de establecer con un documento válido lo que venimos diciendo que los ciudadanos de un lado y de otro mantengan sus derechos. Es lo que hemos negociado, lo hemos acordado y lo vamos a plasmar”, destacó el ministro.
El Atlético de Madrid encargó al comisario José Manuel Villarejo un informe sobre los distintos grupos de socios que se habían posicionado en contra del traslado del Vicente Calderón a otro emplazamiento, una operación que terminó con el equipo colchonero en las instalaciones de la antigua Peineta -hoy llamado Wanda Metropolitano-.
El policía elaboró dicho informe entre 2004 y 2005, a tenor de los datos que incluye dentro del mismo, y lo llamó ‘STAGE’(pinche aquí para leerlo). Tanto MONCLOA.COM como El Confidencial han tenido acceso a este documento fruto de una investigación conjunta.
En su introducción se subraya que el director de seguridad del club, cuyas iniciales son JC (se trata de José Camarero) sirvió de enlace entre el Atlético de Madrid y el agente encubierto. Camarero era en aquella época policía en excedencia y fue despedido de forma abrupta en junio de 2005 tras unos incidentes ocurridos en el campo en varios partidos y, sobre todo, en uno de los entrenamientos del equipo, que por aquel entonces pasaba por una mala racha deportiva.
Después de varios «contactos preliminares» y tras una reunión celebrada el 5 de noviembre de 2004, el Atlético de Madrid solicitó «formalmente» el encargo al Gabinete de Investigación y Análisis (GIA), el rimbombante nombre que daba Villarejo a los trabajos de su empresa. El equipo de fútbol ya tenía como presidente en aquella época a Enrique Cerezo, quien había asumido la presidencia del Atlético en 2003 por decisión del propio Jesús Gil.
El Atlético de Madrid estaba muy interesado en que fructificase el programa electoral del PP de Alberto Ruiz Gallardón, en el que se había comprometido a soterrar la M-30 que pasa por debajo del estadio en la legislatura 2003-2007.
La idea del equipo colchonero, en palabras de Villarejo, era «obtener la recalificación urbanística de los terrenos, para poder compensar el traslado a otro lugar, con mejores y más modernas instalaciones», un hecho que así ocurrió finalmente.
SOCIOS CRÍTICOS DENTRO DEL ATLÉTICO DE MADRID
Sin embargo, el Atlético se encontró con la oposición de un buen número de abonados. De ahí que el objetivo de ‘STAGE’ fuese «salvaguardar» los intereses del club y detectar cuáles eran las actividades «obstruccionistas» que llevaban a cabo los socios contrarios a la mudanza del Calderón.
«Se hace necesario demostrar la relación de estos con los inductores, que por oscuros intereses y usando cualquier medio, buscan apartar a los legítimos propietarios de la dirección del Club», indicó Villarejo en el inicio del informe. Entre los inductores había una amalgama de políticos y empresarios que querían echar a la familia Gil Marín y a Cerezo, en opinión del comisario.
Villarejo se centró primero en el movimiento ‘Alternativa Atlética’, dirigido por José Luis Sánchez Ayuso. En este grupo estaba dentro de la Asociación Señales de Humo, que había nacido en 2002 cuando aún estaba Jesús Gil en la presidencia del club colchonero y que hoy en día sigue estando activa.
Otra plataforma investigaba por el policía era ‘Salvemos el Calderón’, cuyo fin era «divulgar lo máximo posible, rumores y comentarios malintencionados, tanto en prensa como en el propio Estado», según escribió el comisario en su informe. Y existía una tercera entidad bajo su lupa, la ‘Asociación Atlético Aviación’.
Antonio Miguel Carmona, concejal socialista en Madrid, aparece en el ‘informe Stage’ de Villarejo. Foto: Flickr PSM
El comisario hizo para el club un prolijo resumen de las personas que estaban detrás de ‘Alternativa Atlética’, entre las que destaca la figura del actual concejal socialista Antonio Miguel Carmona (al que pone el alias de CARMELO), por su amistad personal con el presidente de este grupo opositor, Alfonso Camba Barbolla (CB). De este último, dice que «podría haber utilizado unas sociedades domiciliadas en Gibraltar para realizar operaciones de máxima urgencia».
Sobre Carmona, afirma que busca conocer «en la medida de lo posible todos los movimientos de acoso y derribo de la familia dueña del estadio«, es decir los Gil Marín, ya que estos últimos eran «enemigos furibundos» del PSOE.
Respecto a la Asociación Atlético Aviación, Villarejo menciona a José Luis Sánchez, a quien adjudica el alias de SANCHO y de quien elaboró un dossier personal. En dicho escrito se desvela al club que esta persona estuvo detrás de la denuncia que en 2001 se interpuso ante el Ministerio de Economía por la venta de los terrenos de la Ciudad Deportiva del Real Madrid, una jugada judicial a la que se exponía años más tarde el equipo del Manzanares.
«En este avance se aprecia la conexión existente entre SANCHO, la Federación Socialista y la ADED, asociación vinculada a un abogado de escasa catadura moral«, adelanta Villarejo al club. En todo caso, el agente encubierto se comprometió a facilitar «más información verbal» sobre José Luis Sánchez en un encuentro posterior.
Entre los objetivos que el comisario planteó al club estaba el conocer todas las «actividades de índole privada» de los opositores a la mudanza del Calderón, entre las que se incluía la «situación patrimonial» de todos ellos. Además, enumeró una serie de «datos deseables» a conseguir como propiciar «deslizamientos informativas» hacia los intereses del Atlético de Madrid, la «utilización de periodistas de confianza para oportunas campañas de prensa», el «control» de los medios de Internet que utilizaban los opositores y conseguir «evidencias sobre operaciones ilícitas» realizadas por Camba Barbolla y el resto de aliados.
Villarejo propuso al Atlético de Madrid dos fases de actuación contra los opositores al cambio de estadio ya que veía un «muy aceptable nivel de posibilidades para conseguir resultados que paralicen los actuales planes».
Entre sus planes estaba el mantener «estrategias de infiltración» en el equipo de Alternativa Atlética, «sabotear las relaciones entre los movimientos y organizaciones contrarios a K», es decir el club, y «sembrar desconfianza» con el uso de la «desinformación». Como si de un conflicto bélico se tratase.
Para llevar a cabo este operativo, el policía enumeró los mismos medios técnicos que utilizó en la guerra sucia de BBVA contra Sacyr: desde ocho dispositivos de captación de información, a cuatro dispositivos de «contramedidas», tres bases estáticas y una externa de apoyo de emergencia, entre otros artilugios de espionaje.
LAS CIFRAS DE LA ‘OPERACIÓN STAGE’
El coste de este informe preliminar se cifró en 15.500 euros que, en teoría, tuvo que pagar el club ya que en el inicio del informe se indicaba que el cliente había dado luz verde a este trabajo inicial. Villarejo planteó además que el Atlético de Madrid le pagase 340.500 euros por llevar a cabo la Fase I mediante una provisión inicial de fondos -200.000 euros- y un pago posterior de 140.500 euros a abonar una vez pasasen 15 o 30 días desde el inicio de la operación (lea aquí el documento).
En ese montante de la Fase I se incluían «vigilancias, seguimientos, filmaciones y controles electrónicos si fuera necesario», lo que da una idea del alcance del espionaje a gran escala que estaba proponiendo Villarejo al Atlético de Madrid.
También se especificaban los costos sobre «consultas de archivos, registros y fuentes de cualquier tipo», así como pagos a informadores y colaboradores tanto españoles como extranjeros. Sobre estos últimos se subraya una tarifa total de 15.000 dólares estadounidenses, siempre que el pago individual no excediese de los 5.000 dólares, lo que sugiere que Villarejo pensaba recurrir a al menos tres agentes foráneos.
En la Fase II, para la que no se presupuestó una cifra, la propuesta de Villarejo fue colaborar con el club durante seis meses «hasta conseguir la desaparición del conflicto con sus adversarios».
Al no haber más documentos sobre la operación STAGE en poder de MONCLOA.COM y El Confidencial, ambos medios desconocen si el Atlético de Madrid contrató los servicios del agente encubierto para las citadas Fase I y Fase II. El club que dirige Cerezo declinó ayer hacer comentarios sobre dicho encargo.
El bufete del exjuez Baltasar Garzón ya monopoliza la defensa de los comisarios investigados en el caso Tándem, tanto en su vertiente de espionaje para clientes privados como por la actividad de la llamada policía patriótica. Su último fichaje como cliente es nada menos que Eugenio Pino, ex DAO (director adjunto operativo) de la Policía.
Por tanto, bajo el paraguas de su actuación letrada se encuentran Pino junto con los comisarios Enrique García Castaño y Carlos Salamanca. Los tres son los agentes de mayor peso implicados en Tándem -al margen de José Manuel Villarejo– o en otros sumarios por unos hechos delictivos con una doble vertiente.
Los comisarios investigados han participado, por un lado, en unos supuestos servicios a la Patria (o al PP) realizados aparentemente sin la cobertura de un mandato judicial, pero ejecutados con el pretendido fin de combatir el independentismo catalán (robo del pendrive del caso Pujol) o destripar los secretos de Luis Bárcenas (operación Kitchen).
En esos terrenos, los altos mandos policiales se sienten más o menos cómodos, a tenor de sus versiones judiciales o privadas, ya que subrayan que el fin perseguido era bueno -«conocer los testaferros de Bárcenas», «obtener pruebas del pujolismo»- si bien han orillado formalismos legales.
El anterior ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, entrega un premio a Eugenio Pino.
Algunos comisarios ya han exhibido como coartada que todo lo que hicieron lo hicieron por lasórdenes recibidas. Es el caso de Enrique García Castaño, exjefe de la UCAO, que ya ha defendido ante el juez del caso Tándem que le daba a Villarejo todos los teléfonos (identidades o tráfico de llamadas) que le pidiera… porque así se lo había ordenado Pino.
Pino, en privado, siempre ha negado haber dado tal orden. Pero ahora tendrá que matizar sus palabras ante el juez García-Castellón. O desmiente judicialmente a su antiguo subordinado o tiene que reconocer que permitió dar teléfonos sin cobertura legal. Y, en ese caso, o eleva la responsabilidad de la orden hacia sus superiores políticos del PP o se comerá la paternidad del presunto delito.
Dado que comparten abogado, el bufete de Garzón a través de sus diversos letrados, lo natural es que se les invite a que tiren de la manta y eleven la responsabilidad de los actos ilegales. Y esto apuntaría a una doble jefatura: la del Ministerio del Interior y la del PP en la etapa de Mariano Rajoy. Los audios difundidos por MONCLOA.COM en relación con la exsecretaria general del PP, María Dolores Cospedal, ya apuntan qué moquetas pisaban los espías.
Peroqueda por desvelar qué superiores (director de la Policía, secretario de Estado o ministro) toleraron, ampararon u ordenaron tales labores de fontanería. En otros audios ya ha aflorado el amor que tenía el exministro Jorge Fernández por acabar con el nacionalismo catalán por cualquier vía. Los informes apócrifos policiales usados contra el pujolismo en plena campaña electoral ahora pueden adquirir autoría.
Es el sistema tradicional de proceder de Garzón como abogado y como juez. Nada más asumir la defensa de Ricardo Costa, exsecretario general del PP de la Comunidad Valenciana y clave en las actividades de la trama Gürtel en esa región, dio un giro copernicano a su relato y acabó delatando el papel de sus jefes.
Y como juez, véase el caso GAL y cualquier otro, el proceder de Garzón era siempre el mismo: buscaba que los elementos menores implicados, José Amedo y Michel Domínguez, le permitieran escalar hasta la ‘X’ que presidía la estructura del terrorismo de Estado. La figura del arrepentido fue un recurso reiterado de sus éxitos.
El problema es que la segunda parte de la actividad de algunos de los elementos de esta trama de la policía tiene más que ver con el bolsillo que con la Patria: investigar los novios de Miguel Sebastián, la vida privada de un letrado malagueño o el tráfico de llamadas de una de las hermanas García Cereceda nada tiene que ver con el pujolismo corrupto, ni con Gürtel ni con objetivo policial alguno.
El excomisario Enrique García Castaño en un acto presidido por el rey emérito.
Y en eso ya hay suficientes indicios de que miembros de este equipo han cooperado alegremente al margen de la ley. Esto pone en un brete a los mentores y mandos de Villarejo. ¿Qué sabía Pino de lo que hacían sus chicos? Porque los agentes implicados, astutamente, usan el supuesto dejar hacer de Pino para sus actuaciones patrióticas para mezclarlas con otras más suculentas que ejercían para clientes del IBEX.
De tales investigaciones privadas, Pino siempre se ha mostrado ajeno y desconocedor. Y sobre las pesquisas patrióticas aduce que la Policía tiene derecho a investigar fuera de los cauces judiciales para buscar pruebas del delito.
Ahora Pino se lamenta en privado del uso que ha podido darse a su tolerancia hacia el hecho de que García Castaño prestase apoyo a Villarejo. Su versión de que él sólo se autorizó gestiones muy concretas y de interés policial queda embarrada por el uso masivo dado a tal cooperación Villarejo-Castaño, a tenor de los documentos del comisario.
Un ejemplo de ello son los papeles de Villarejo para BBVA en el caso Trampa, no desmentidos por su abogado en su reciente comparecencia, sino más bien al contrario. No sólo hay indicios ya publicados de la presunta implicación de García Castaño, también hay apuntes del supuesto espionaje colateral a letrados que hoy llevan la defensa de implicados en Tándem.
Por otro lado, la estrategia de Garzón de elevar la culpa a los mandos superiores nunca chocará con Villarejo. El comisario ya la practica desde prisión. El problema surgirá si la defensa de Garzón arremete contra Villarejo. Ambos han compartido mantel y secretos.
Entretanto, aunque el caché de Garzón está por encima de las posibilidades de todos los comisarios de la policía patriótica, la amistad de Garzón con alguno de ellos, especialmente con García Castaño, hace que en este caso el talonario no sea un problema.
Algunos agentes que cooperaron con Villarejo en sus espionajes o investigaciones, al saber la inmensidad de lo facturado, se revuelven al pensar que han sido implicados por unas migajas del botín de su amigo y, a veces, ni eso. Es la diferencia entre las investigaciones privadas y las patrióticas: a algunos les quedan coches de lujo, a otros la pensión.
GARZÓN NO ES UN BUEN RIVAL PARA EL JUEZ INSTRUCTOR
El efecto Baltasar Garzón, que logró iniciales desimputaciones de Salamanca y García Castaño, aunque luego revocadas por la Audiencia Nacional, eleva su cotización a la hora de ficharlo.
El exmagistrado no es buen rival para el juez García-Castellón y los fiscales: su experiencia del otro lado de la barrera y su red de contactos judiciales, policiales, mediáticos y políticos le dan un blindaje profesional que no todos los letrados poseen. Entretanto, el juez instructor ha preguntado a las partes sobre la conveniencia de acumular en la causa general de Tándem todas las piezas separadas que afectan a García Castaño, tal y como deseaban los fiscales para agilizar la investigación.
El 9 de enero, un trabajo conjunto de investigación de MONCLOA.COM y El Confidencial desvelaban que, en noviembre de 2004, cuando la constructora Sacyr intentó hacerse con el control del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), la entidad financiera dirigida por Francisco González contrató al polémico comisario José Manuel Villarejo para que este realizara trabajos de espionaje.
Nació así el ‘Proyecto TRAMPA’ cuyo principal cometido fue encontrar “aspectos negativos” de una serie de personas, a las que el comisario colocó en el llamado “grupo hostil (GH)” y que formaban el núcleo de la operación de Sacyr para hacerse con el control del BBVA. O como dejó por escrito Villarejo: “Se trataba de conocer actividades de GH relacionadas con TRAMPA y de manera FUNDAMENTAL influir en sus decisiones para boicotear sus proyectos”.
Villarejo centró sus primeras investigaciones en Luis del Rivero, presidente de la constructora; Miguel Sebastián, por aquel entonces jefe de la Oficina Económica en el Palacio de la Moncloa a las órdenes de José Luis Rodríguez Zapatero y que antes había pasado por el BBVA; y Juan Abelló, vicepresidente de la empresa de infraestructuras y que también ocupaba un puesto de consejero en el BSCH -hoy Banco Santander-, un hecho de vital importancia para el BBVA porque se creía que detrás de la operación se encontraba Emilio Botín. Pero el espionaje masivo abarcó muchos otros aspectos.
VILLAREJO EXIGIÓ 750.000 EUROS AL BBVA
El excomisario de Policía, José Manuel Villarejo.
El comisario contrató con el banco de González, a través de una filial de su empresa de detectives Cenyt, y propuso cobrar parte de su trabajo a través de sociedades ficticias o en el exterior.
La primera cifra que planteó Villarejo, 2 de diciembre de 2004, fue de 750.000 euros. Pero ese mismo día redactó un nuevo borrador rebajando los emolumentos a 510.000 euros. Un mes después, el 3 de enero de 2005, disminuyó su caché a 360.000 euros y admitía que le pagaran mensualmente, a razón de 30.000 euros. El contrato era prorrogable anualmente, salvo denuncia expresa, lo que debía reportarle otros 360.000 euros al año siguiente.
Eso le situaría nuevamente cerca del reto ambicionado inicialmente -720.000 euros-, aunque MONCLOA.COM desconoce si finalmente se prorrogó dicho acuerdo. Al finalizar el encargo del BBVA, el comisario reclamó cobrar 120.000 euros adicionales, lo que significa que en el menor de los casos Villarejo planteó al BBVA cobrar 470.000 euros por un trabajo que debía durar como máximo un año.
Miguel Sebastián, Rodrigo Rato y Luis del Rivero, tres de los espiados por Villarejo.
El BBVA fue informado por el comisario José Manuel Villarejo del contenido de pinchazos telefónicos, el tráfico de casi 15.000 llamadas, seguimientos personales y espionaje de la vida íntima de miembros del Gobierno de Zapatero, empresarios, financieros y periodistas. El comisario realizó este trabajo de inteligencia con el objetivo de desestabilizar la operación de Sacyr de hacerse con las riendas de BBVA. Para ello no reparó en utilizar todos los medios para espiar a las personas pertenecientes al que denominaron como “grupo hostil”.
Los trabajos clandestinos de información consiguieron detalles precisos sobre las intenciones de las personas que pilotaban la operación, pero no solo eso. También buscaron “aspectos personales censurables” o proyectos políticos oscuros, como los califica uno de los informes elaborados.
Así, por ejemplo, escudriñaron la vida privada, relaciones sentimentales, costumbres sexuales, consumo de alcohol o drogas, problemas con Hacienda, sospechas sobre su patrimonio y cualquier incidente o irregularidad con los que conseguir que se retiraran de su empeño.
BBVA ACCEDIÓ A UNA LLAMADA DE LA MONCLOA
La entonces vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega fue interceptada en una llamada entre Sebastián y un alto cargo del Santander. | Gtres
El comisario José Manuel Villarejo interceptó para el BBVA, el 18 de enero de 2005, una llamada telefónica realizada desde el Palacio de la Moncloa a un directivo del Banco Santander Central Hispano (BSCH), en la que fueron grabados de forma subrepticia la entonces vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y el jefe de la Oficina Económica en Presidencia del Gobierno, Miguel Sebastián.
En las hojas de cálculo a las que tuvo acceso MONCLOA.COM había 65 llamadas en las que el origen o el destino estaba identificado como “Presidencia del Gobierno”, “Ministerio de la Presidencia” o “Moncloa”. Y en 60 de las 65 ocasiones aparecía el móvil corporativo que tenía Sebastián en aquel momento en Presidencia de Gobierno.
El documento con las transcripciones Villarejo se jactó de que “a pesar de las contramedidas” que había puesto el propio Sebastián para proteger sus comunicaciones telefónicas, el pinchazo de la llamada realizada desde un número fijo de La Moncloa había sido posible ya que ‘RUPER’ (Ignacio Rupérez Calvo, un alto directivo del BSCH que, en opinión de Villarejo, era el “enlace” entre el llamado ‘grupo hostil’ y la entidad financiera de Botín), tenía el “control afectado”.
Rupérez le confesó a Sebastián que “el Jefe -presuntamente Emilio Botín– tiene la cabeza en la Audiencia y además lo ve todo muy parado”, lo que confirmó que el Santander era renuente a entrar en la operación de Sacyr para echar de la presidencia del BBVA a Francisco González.
Sebastián lamentó que el Santander no se lanzara en apoyo de Sacyr –“No os veo muy activos”, subrayó el entonces gurú económico de Zapatero- y le pide a Rupérez un “esfuerzo” porque había que “tener un recambio si al final el financiero Juan Abelló no sigue en la operación para desbancar a González del BBVA”.
De la Vega se sumó a la conversación y transmitió a Rupérez tranquilidad respecto a la situación de Emilio Botín. Rupérez confirmó a la vicepresidenta del Gobierno que podían seguir contando con el BSCH en la operación de Sacyr para asaltar el BBVA. “No quiero más comunicados contra SV (Sacyr Vallehermoso) ni contra nadie… ahora hay que dar aspecto de unidad frente al PP”, subrayó la número dos del Gobierno.
“MI PRESI ME LLAMA CADA 10 o 15 DÍAS”
El presidente de honor del BBVA, Francisco González.
El jefe de seguridad de BBVA dijo que trabaja directamente para el presidente (FG), que su director era Ángel (Ángel Cano, consejero responsable de la Seguridad en el BBVA), que él preparaba la factura para Villarejo, y que compartía sus informes de espionaje con dichos cargos del BBVA.
Así se confirmaba que todos los informes que realiza Villarejo para el BBVA estaban ejecutados según las órdenes emitidas por ‘Tommy’, el alias de Corrochano en círculos policiales.
En esta grabación, Julio Corrochano desmintió el desconocimiento del presidente de honor del BBVA. FG no sólo estaba al corriente de los informes que realizaba Villarejo en contra sus enemigos, sino que le pedía menos información pública y más munición propia del espionaje que le estaba pagando tan generosamente. FG quería secretos de sus enemigos a cualquier precio, a tenor de su jefe de seguridad.
La prueba de que FG era el destinatario final del trabajo llegó cuando Corrochano urge a Villarejo para que le avanzara “bombas” contra los rivales del presidente y así él poder comunicárselas: “Sobre todo para cuando me llamen, porque me llama cada diez o quince días el presi. Para tener yo tres o cuatro historias preparadas, que vean que estamos…”, le dijo.
LA ‘MALETA’ DE 500.000 EUROS DE VILLAREJO
Fachada del hotel donde tuvo lugar la reunión de los enviados de Villarejo con representantes de una empresa para adquirir un dispositivo de escucha para el espionaje efectuado para el BBVA.
Esta información aparecía en una carpeta llamada “Gestiones”. Los documentos fechados sobre todo en enero de 2005, llevan la denominación común de “Big”. “Big” es como Villarejo llamaba al comisario Enrique García Castaño, alias ‘El Gordo’, jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía, es decir, el jefe de la unidad que se encarga de dispositivos electrónicos de espionaje tales como balizas de seguimiento o interceptadores de llamadas.
La “maleta” o ITC es un dispositivo que se suele utilizar embarcado en un vehículo, que en realidad actúa como una antena de telefonía. Los móviles del área bajo su influencia se conectan a esta antena como si fuera de una compañía de teléfonos convencional. Es cuando se consigue interceptar la llamada. También es utilizado para descubrir el móvil que usa la persona investigada, que puede no estar a su nombre.
LOS PINCHAZOS DE TELÉFONO, A ‘EL GORDO’
Detalle y metadatos del fax aparentemente enviado al comisario García Castaño
García Castaño era el jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), los servicios técnicos de la Policía especializados en dispositivos electrónicos de seguimiento, micrófonos e intervención de teléfonos. El análisis lDE os archivos permitió comprobar que existen seis archivos llamados “Big” en los que aparece el comisario García Castaño, alias ‘El Gordo’.
Pero, además, existe un documento que no tiene por nombre “Big” pero si incluye “Comisario G. Castaño”, en este documento se dice: “Mirar posibilidad de teléfonos. Sociedades Andorra”. Debajo aparecía un listado que encabeza Luis del Rivero y en el que están los principales antagonistas de Francisco González en aquellos momentos, como Juan Abelló, su esposa o Miguel Sebastián.
Lo llamativo es que en este listado ya aparecían los números de teléfono de todos ellos, de manera que “mirar posibilidad de teléfonos” no se refería a un trabajo más sencillo como es el de localizar sus números. También se solicitaba información sobre personas como las secretarias particulares o los teléfonos corporativos.
MONCLOA.COM ENTREGA LA ‘OPERACIÓN TRAMPA’
Sede de BBVA en Madrid
El magistrado del juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, envió un requerimiento a MONCLOA.COM para que le entregara “en el acto” todo el material relacionado “con la denominada ‘operación TRAMPA’ sobre la contratación de BBVA a GRUPO CENYT en relación con SACYR y otros”.
García Castellón incluyó esta diligencia dentro de una nueva pieza de investigación del caso Tándem, que estaba bajo secreto de sumario. Concretamente, la número 9.
El juez solicitó todo lo publicado en las noticias dadas por este medio desde el 9 de enero, así como aquello “que aún no se haya publicado y que ya obre en su poder”, todo ello sin perjuicio del derecho constitucional que asiste a los medios “en orden a la protección de la fuente de obtención del material tanto del ya publicado como el que se encuentre pendiente de publicación”.
MONCLOA.COM ya había puesto a disposición de la Audiencia Nacional la documentación original del ‘Proyecto Trampa’. Al igual que hizo en anteriores ocasiones, este diario ofreció a la Justicia las informaciones y materiales que ha conseguido en torno a la llamada ‘operación Tándem’, que investiga las presuntas maniobras legales del comisario José Manuel Villarejo y su trama.
LA CONDICIÓN SEXUAL DE SEBASTIÁN COMO ARMA
Miguel Sebastián, en una imagen de 2017, ‘MIKY’, era objetivo prioritario del espionaje pagado por el BBVA. | Gtres
La vida íntima del que era jefe de la Oficina Económica de la Moncloa, Miguel Sebastián, aparece en varios momentos de la conversación entre Julio Corrochano, jefe de Seguridad del BBVA, y el comisario Villarejo. El comisario desveló al jefe de Seguridad del BBVA que Sebastián había tenido “varios meses de pelea” con el que, en palabras suyas, era su pareja sentimental: Maurici Lucena, por aquel entonces director del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial y que en la actualidad es presidente de AENA.
Tras ello, Villarejo y el directivo del BBVA entraron de lleno en otra supuesta relación sentimental de Sebastián con David Vegara, que en el primer Gobierno de Zapatero ejerció el cargo de secretario de Estado de Economía.
En esta misma conversación Corrochano y Villarejo planearon una estrategia de extorsión contra Miguel Sebastián. En este sentido, se subraya que “aparte de estos bulos transmitidos a través de su entorno se le está intentando desestabilizar a través de su relación sentimental”. Y para ello, “se ha encontrado un posible ligue, un cubano llamado IVAN que trabaja en un pub de la Plaza de Chueca”. Se trata de intentar sobornar al supuesto amante del exministro y pasearlo por los platós de televisión.
JUAN CARLOS I, OBJETIVO DEL ESPIONAJE
El rey Juan Carlos fue objetivo de las investigaciones de Villarejo.
El primer informe citado relata que, a pesar de la buena relación de Abelló con el rey, el financiero supuestamente habría utilizado los servicios de la prestigiosa agencia internacional de detectives Kroll para que le informaran de “los negocios de un árabe llamado Abdul Rahman el Asir (ex cuñado del conocido Kashogi)” con el Rey.
Los trabajos de Kroll sobre el rey Juan Carlos se habrían extendido luego a ofrecer a Juan Abelló “datos de negocios en Marruecos del falso Príncipe Tchokotua, con Mohamed VI y el propio SM (Su Majestad). Zourab Tchokotoua es conocido por su amistad con el rey y por haber mediado para la cesión del palacio de Marivent, la residencia de verano de la familia real en Mallorca.
La información manejada por el comisario indica que Abelló habría errado al dar por hecho un apoyo del rey y, a pesar de no tenerlo, presentarse ante los demás protagonistas de la operación (entre otros, Emilio Botín o Miguel Sebastián) “como un enviado” de Felipe González y el monarca.
BBVA CONTROLÓ REUNIONES DE LOS EXPRESIDENTES
Los expresidentes Mariano Rajoy, José Luis Rodríguez Zapatero, José María Aznar y Felipe González en un acto en el Congreso. Foto: Gtres
González era visto por Villarejo como el padrino de Miguel Sebastián gracias a la intermediación del exministro Carlos Solchaga, al expresidente socialista le atribuye la iniciativa de pedir a los miembros del ‘grupo hostil’ que Solchaga fuese el sustituto de Francisco González.
De Aznar se subrayó que personas de su entorno han sido “detectados” con directivos de Société Generale, el banco francés que se interesó por la operación de Sacyr, y la inmobiliaria Metrovacesa.
Sobre Zapatero, destacó los rumores difundidos por Miguel Sebastián sobre una “intervención personal del Presidente (P) en graves irregularidades económicas sobre abono o condonaciones de deudas referidas a Aerolíneas Argentinas. Datos que dice haber conseguido el pasado mes de octubre, en unos contactos mantenidos en el entorno del actual Presidente de Argentina (Nestor Kichner)”.
El fiscal especialista en criminalidad informática, Jorge Bermúdez, ha alertado sobre los recursos necesarios para perseguir los ataques informáticos. Para ello ha puesto como ejemplo que las empresas eléctricas en España sufren unos 675.000 escaneos diarios de sus puertos informáticos, dos millones en sus picos más altos. Estos escaneos son intentos de acceder a sus sistemas de forma ilícita que deberían ser perseguidos.
En una comparecencia ante diputados y senadores de la comisión mixta de Seguridad Nacional, Bermúdez ha puesto este ejemplo para dar cuenta de la dimensión que deben tener los recursos para perseguir estos delitos y ha mostrado su preocupación por el hecho de que “la Justicia y la Fiscalía no estén invitados” en las medidas tomadas contra el cibercrimen.
Además, ha criticado que la reciente regulación sobre seguridad de las redes y sistemas de información no haga mención a la Justicia y “sólo una, y residual, a la Fiscalía”. Bermúdez ha subrayado que, además de comunicar los incidentes de seguridad informática, hay que perseguir a los responsables.
Este fiscal delegado adscrito al servicio de criminalidad informática de la Fiscalía General del Estado ha advertido que “existe un territorio en el que el Estado no puede extender los tentáculos de su poder”, que es internet.
En este escenario, ha destacado que, cuando se habla de que hace falta reclutar talento para perseguir el cibercrimen, no se tiene en cuenta que en España “el talento está ahí, sólo hay que rascar”, aunque “el talento hay que pagarlo”.
LA VULNERABILIDAD DE LA CIBERSEGURIDAD
En una comparecencia en la que se ha debatido sobre la ciberseguridad en España, Bermúdez ha señalado cómo las grandes empresas del sector, como Google, sí que pueden permitirse pagar el mejor talento. Para subrayar su valor, este fiscal ha afirmado que “las ciberarmas son los informáticos que conocen las vulnerabilidades” de los sistemas informáticos.
Este experto ha advertido del poder de estas empresas, algunas de las cuales tienen ya una facturación superior al PIB de algunos países, y ha llegado a decir que éstas “se están cansando de nosotros como Estados”. También ha recordado que la matriz de Google ya ha iniciado los trámites para convertirse también en entidad financiera.
“La distopía ciberpunk está más cerca”, ha dicho en su relato el fiscal Bermúdez. En su opinión, llegará un momento en el que estas corporaciones decidan desobedecer a los Estados y estos no tengan fuerza para imponerse, “porque es el código informático el que no pueda hacerlo”.
En ese sentido puso como ejemplo el caso ocurrido en Estados Unidos, cuando el FBI vio que no tenía la tecnología para conseguir desencriptar el teléfono móvil de uno de los autores del atentado en San Bernardino que costó la vida a catorce personas.
La respuesta que da el Estado a todo esto es preocupante, según este fiscal, ya que se está produciendo “un proceso de militarización de la red”. Todas las autoridades públicas en el área son militares o policiales. Bermúdez ha anotado un caso que considera aún peor. Una de ellas, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, es una empresa pública. A este fiscal le parece “chocante” que una empresa tenga autoridad.
“Me preocupa que la Justicia y la Fiscalía no estén invitados en esta fiesta”
Además, en lugar de seguir lo establecido por la directiva europea sobre el tema, que exigía estructuras simples y unitarias, en España hay cinco entidades con competencias en este asunto las que tienen que coordinarse.
También ha advertido de que mientras no llega el reglamento que desarrolle este real decreto, las autoridades policiales y militares están distribuyendo guías sobre el tema en el que “se arrogan facultades normativas” con unas competencias que no tienen. “Me preocupa que la Justicia y la Fiscalía no estén invitados en esta fiesta”, ha dicho Bermúdez.
ATAQUES INFORMÁTICOS Y DELINCUENCIA
Este fiscal ha recordado que se habla de ciberguerra, cuando los ataques están siendo realizados a menudo por particulares. En ese caso se trata de actos de delincuencia que deben ser reprimidos por las fuerzas de seguridad del Estado y luego perseguidos por la Justicia.
Por último, este fiscal, adscrito a la fiscalía provincial de Guipúzcoa, ha defendido la necesidad de realizar cambios legales para que los expertos que quieren colaborar con las autoridades puedan hacerlo sin temor a enfrentarse a denuncias.
Esto es así porque quienes descubren las vulnerabilidades de un sistema se ven expuestos a ser denunciados por el atacado. “Estas personas tienen miedo de colaborar”, ha destacado Bermúdez, a la vez que señalaba que se podría haber aprovechado la redacción del Real Decreto para modificar el Código Penal para que la Fiscalía pudiera proteger a los denunciantes de estas vulnerabilidades.
El exmagistrado Baltasar Garzón hace una encendida defensa de la libertad de información en el escrito que el equipo de asesores legales de Julian Assange ha enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pidiendo que Estados Unidos comuniquen los cargos que existen contra él, y que actualmente se encuentran secretos
La petición del creador de la web de filtraciones WikiLeaks consta de 1.172 páginas y en ella también se pide a Ecuador que cese sus actividades de espionaje contra Assange en la embajada de Londres, donde el Gobierno ecuatoriano contrató unos servicios de seguridad especializados que, “lejos de trabajar en defensa del asilado, habrían derivado hacia el espionaje del mismo y el de aquellos que le visitaban”, según el equipo legal de Assange.
Garzón, coordinador de dicho equipo legal, pide en un comunicado “la solidaridad internacional con esta causa en la que la libertad de acceso a la información y de difusión de ésta libremente, está es grave riesgo”, además del pronunciamiento favorable y urgente de la CIDH.
Igualmente, el escrito establece las “graves consecuencias para la libertad de prensa” que representa el proceso judicial secreto abierto en Estados Unidos contra el Sr. Assange y Wikileaks, y lo considera “un ataque sin precedentes al derecho a publicar información veraz”.
Los abogados de Assange liderados por Garzón alegan tener evidencias que acreditan que la Administración Trump intenta presionar a Ecuador para que entregue al activista por las publicaciones que hizo a través de su web WikiLeaks sobre la diplomacia estadounidense, Guantánamo, las guerras de Irak y Afganistán, y los más recientes documentos llamados ‘Vault 7’, que suponen unas de las mayores filtraciones de información clasificada de la CIA.
Igualmente, el equipo legal de Garzón reconoce el esfuerzo de publicación conjunta entre Wikileaks y los numerosos medios internacionales, entre los que se encuentra el New York Times, The Guardian, Al Jazeera, Der Spiegel, Le Monde, Reuters y el medio español El País, así como los numerosos premios periodísticos que obtuvieron gracias a su colaboración. Atañe a estos, en opinión del exmagistrado, la “creación de un modelo colaborativo usado en filtraciones posteriores como las de los Panama Papers”.
Asimismo, la petición indica que Ecuador está obligado a poner fin al régimen de aislamiento impuesto a Assange y suspender la aplicación del llamado “Protocolo Especial y garantizar que sus derechos como asilado son respetados”, ya que este asedio está “dificultando e impidiendo en ocasiones que este tenga acceso a la visita de sus abogados, afectando a su derecho a la defensa”.
GARZÓN PIDE MÁS PROTECCIÓN PARA ASSANGE
De esta manera, se pide para el periodista protección por parte de Ecuador frente a la solicitud de extradición de Estados Unidos, por estar “sustentada en una persecución política” causante del asilo otorgado en agosto de 2012 en la sede diplomática del país sudamericano en Londres, donde aún permanece en la actualidad.
La Administración Trump se niega a revelar detalles sobre los cargos contra Julian Assange, a pesar de que fuentes del Departamento de Justicia de Estados Unidos han confirmado a diferentes medios estadounidenses que ha sido acusado en secreto. “La revelación de que Estados Unidos ha abierto una investigación contra el Sr. Assange ha conmocionado a la comunidad internacional”, alega el escrito presentado a la CIDH. El Gobierno estadounidense “es requerido para que proporcione toda la información sobre los cargos imputados al Sr. Assange”, añade.
La petición revela que, en los últimos meses, los fiscales federales estadounidenses han contactado a personas en Estados Unidos, Alemania e Islandia para presionarles con el objetivo de que testifiquen en contra de Assange a cambio de inmunidad en el proceso.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos respondió que intervendrá si considera que las acciones de Estados Unidos y Ecuador dan lugar a una situación “grave y urgente que causaría un daño irreparable al Sr. Assange”.
El mes pasado, otro organismo internacional, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las Detenciones Arbitrarias y el relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de los Defensores de Derechos Humanos pidieron a todos los Estados que implementaran las conclusiones de comienzos de 2016 para conseguir la liberación de Assange. “Es hora de que el Sr. Assange, quien ya ha pagado un alto precio por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de opinión, expresión e información, y la promoción del de derecho a la verdad en favor del interés público, recobre su libertad”.
El New York Times ya se había hecho eco el pasado mes de diciembre de que Lenin Moreno, presidente de Ecuador, había intentado negociar la entrega de Assange a cambio de una “disminución de la deuda” con Estados Unidos.
La generación del milenio fue definida por el año de nacimiento: quienes hayan nacido a partir de 1980 ya son considerados parte de la generación digital e hiperconectada, con ideologías políticas fuertes. En el caso de Europa, tuvieron un entorno político y social mucho más favorable que el de sus padres, y eso les permitió tener acceso a una mejor educación. Los millenials están altamente calificados en comparación con sus padres o sus abuelos.
Lo cierto es que, si se piensa en generaciones anteriores, no tuvieron que pasar por guerras ni grandes hambrunas. Los derechos democráticos siempre estuvieron -al menos en la mayor parte del continente- desde que tienen memoria, y esta es la razón por la cual se critica la ideología de los “derechos” pero no de las “obligaciones”. Otros críticos dicen que son niños consentidos, narcisistas y poco trabajadores. La realidad es que también hay aspectos positivos. Hay quienes los consideran mucho más comprometidos políticamente que la generación anterior, participativos y con una gran capacidad en lo que respecta al área digital, puesto que han crecido con ella. Esta generación es quien liderará el mundo del mañana.
A pesar de estar calificados, la dificultad que encuentra esta generación está vinculada a la posibilidad de obtener un trabajo de calidad. Con la llegada de la crisis en varias partes del mundo, y el hundimiento de los mercados internacionales, los millenials se ven afectados de manera inminente. La inestabilidad económica ha moldeado el carácter de los jóvenes, quienes ya no planean las cosas a largo plazo sino que van viviendo el día a día.
Una encuesta reciente muestra datos desesperanzadores: solamente un veintinueve por ciento de los trabajadores menores de treinta años posee seguro médico. Además, el cincuenta y seis por ciento (poco más de la mitad) nunca ha solicitado una baja por paternidad o maternidad, y los que lo hicieron, solo fue por menos de doce semanas.
Para paliar la crisis, muchos tienen un segundo ingreso alquilando una habitación o manejando su auto con el patrocinio de empresas como Lyft o Uber, manteniéndose, muchas veces, en la ilegalidad.
La realidad es que una visión pesimista recae sobre la base del pensamiento de esta generación, que ya no confía en grandes líderes ni en recetas económicas pero, sin embargo, tampoco se rinde. Son millones las personas que hoy en día, y a pesar de todo, se movilizan por sus derechos y por el de las demás personas. Esa es, sin dudas, una forma de la esperanza.
El fondo millonario que manejó Francisco González en BBVA para subvencionar a la prensa le sirvió también para apoyar económicamente a personajes de la política española y mundial. El dinero alcanzó para financiar empresas de José Ignacio Wert el mismo año (2011) que asumía el ministerio de Educación y Cultura, subvencionar el informe PISA que pilotaría dicho departamento o ayudar a la Fundación Clinton y, de paso, arremeter contra Donald Trump.
En 2011, amén de regar la prensa nacional con generosidad contraria al grado de audiencia, FG acordó y pagó 70.000 euros a la consultora Inspire Consultores y otros 67.000 euros a Kantar Media, dedicada a la medición de audiencias.
La consultora era y es (en el registro no figuran cambios de accionariado y sale como accionista en las cuentas al menos hasta 2014) propiedad de José Ignacio Wert. Este sociólogo en diciembre de 2011 tomó posesión del cargo de ministro de Educación y Cultura en el Gobierno de Mariano Rajoy.
El 25 de febrero de 2012 Wert renunció formalmente a ser administrador de Inspire Consultores. Dejó como administrador a Javier Zapata, que heredó igual cargo en otras empresas del ya ministro (JIW Madrid).
El pago a esta empresa por el BBVA, aunque la cifra es mínima –67.000 euros– para los dispendios en prensa de FG, suponía más que el total facturado en 2014 por la consultora de Wert, donde sólo ingresó 58.181 euros y 34.927 euros el año precedente.
Inspire Consultores, previamente, había facturado al Partido Popular 453.180 euros desde el año 2006 con la siguiente cadencia: en 2006, 48.140 euros; en 2007, 107.936 euros; en 2008, 64.728 euros; en 2009, 98.785,60 euros; en 2010, 40.240,20 euros y en 2011, 93.361. En ese último año, 2011, coincidieron las inyecciones económicas de PP y FG en la consultora de Wert.
El segundo pago de FG vinculado a Wert en 2011 tiene que ver con Kantar Media, cuyo consejo de administración presidió hasta abril de 2012. Esta empresa cobró 67.000 euros ese año de FG, pero también en años anteriores. Por ejemplo, en 2008, bajo la denominación de su matriz, TNS Sofres. Otros 61.742 euros que fueron del fondo de comunicación de FG al bolsillo de su antiguo subordinado y adjunto como responsable de relaciones relaciones corporativas del BBVA entre 2003 y 2005.
El camino de Wert fue de ida y vuelta: en 2003 le fichó FG cuando era presidente de la empresa de medición de audiencias Sofres A.M, embrión de Kantar Media, y ahí regresó cuando dejó el banco en 2005. Eso no le impidió captar contratos de FG para dicha empresa y su consultora, que fundó al salir del banco en 2005.
Pero la biografía de Wert y los pagos FG parecen entrecruzarse por más caminos. Ese año FG destina 545.000 euros a subvencionar el informe PISA. El Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, conocido como la prueba PISA, tiene el propósito de medir el nivel de habilidades necesarias que han adquirido los estudiantes para participar plenamente en la sociedad actual.
PISA se realiza por encargo de la OCDE y con cooperación de diversas comisiones asesoras de un consorcio de la industria examinadora. En los países participantes colaboran también centros nacionales relacionados con la educación en el caso de España, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), perteneciente al Ministerio de Educación y Cultura (MECD).
Quiso la casualidad que la generosa ayuda de FG para el informe Pisa se desembolsará el mismo año en que Wert asumía la competencia de Cultura. Y quiso la casualidad que su siguiente destino, embajador ante la OCDE, tuviera que ver con la entidad que gestiona el informe PISA que fue ayudado por su amigo y mecenas, el presidente de BBVA. Este diario solicitó ayer sin éxito detalle de los pagos (fecha y justificación) a las dos empresas vinculadas con Wert, Inspire Consultores y Kantar Media, así como a BBVA.
A pesar de haber dejado el puesto de adjunto a FG en septiembre de 2005, Wert seguía vinculado al BBVA mientras recibía contratos del banco. Desde octubre de 2003 a 2010 presidió –en representación de BBVA- la European Foundation for Quality Management (EFQM), la fundación empresarial de referencia en Europa para la promoción de la excelencia empresarial.
Pero el fondo de armario de ayudas del BBVA daba para más sorpresas políticas. Mientras en España daba oxígeno a la derecha mediática más radical, FG halló fondos para financiar con 20.000 euros la Clinton Global Iniciative en 2011.
Creada en 2005 por el presidente Bill Clinton, la Iniciativa Global Clinton (CGI) reunió a líderes globales y emergentes para implementar soluciones a los desafíos más apremiantes del mundo.
La fundación describe así su labor: «CGI reunió a más de 200 jefes de estado y antiguos, más de 20 premios Nobel, y cientos de directores ejecutivos corporativos, líderes, presidentes de fundaciones, directores ejecutivos de los más destacados ONG eficaces y grandes filántropos que se comprometen a tomar medidas contra estos desafíos.
EL APOYO DE FG A HILLARY CLINTON
«Desde 2005-2016, los miembros de CGI han realizado», añade su web, «más de 3.600 Compromisos para la Acción, que están mejorando la vida de más de 435 millones de personas en 180 países. ¿Pero el filántropo FG buscaba combatir el hambre o a losrepublicanos? Porque el entonces presidente de BBVA se mojó en favor de Hillary Clinton como candidata a la presidencia de EEUU.
BBVA Research, el servicio de Estudios de la entidad, proclamó que la candidatura de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos generaba «más incertidumbre», también en la economía española, que la de su rival Hillary Clinton, por las medidas «proteccionistas» anunciadas y algunos elementos de su política económica.
El cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, no ha presentado alegaciones en el procedimiento de exhumación de los restos de Francisco Franco. El Gobierno envió una notificación al arzobispado para que presentara alegaciones en el marco del procedimiento oficial para entrar en la basílica donde está enterrado el dictador.
El escrito del Ministerio de Justicia llegó al arzobispado en los primeros días de enero, pero éste considera que no tiene nada que alegar en el procedimiento. La posición del arzobispado sigue siendo la de apelar a que el Gobierno y la familia del dictador lleguen a un acuerdo. De esta manera, el cardenal sigue dejando el asunto en manos del prior del Valle de los Caídos, que ha negado la entrada en la basílica para realizar la exhumación.
El Ejecutivo envió notificaciones en el mes de diciembre, además de al arzobispado de Madrid y al prior de la abadía del Valle de los Caídos, al abad de la abadía de Santo Domingo de Silos y al representante legal de la congregación de Solesmes en España, que tienen bajo su paraguas la abadía del este lugar.
Igualmente, el Ministerio de Justicia envió la comunicación a la Nunciatura Apostólica de Su Santidad y a otros interesados, como podrían ser la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos. La respuesta del prior en la que no autorizó la entrada en la basílica se produjo el 26 de diciembre, con lo que el arzobispado la recibió después de esta posición contraria a la exhumación.
El Gobierno necesita que la autorización del prior del Valle de los Caídos porque la basílica es un lugar de culto y, por lo tanto, es inviolable. Esto es así según el Acuerdo del Estado con la Santa Sede. Por esa razón el Ejecutivo envió también el requerimiento de alegaciones a la Nunciatura.
Tras el impedimento del prior, el Gobierno anunció que apelaría a las autoridades superiores al mismo para conseguir superarlo. Sin embargo, el arzobispo de Madrid no es el superior jerárquico de este prior.
SIN IMPEDIMENTOS A LA INHUMACIÓN
La Iglesia católica siempre ha esgrimido sobre la exhumación de los restos de Francisco Franco que la autorización dependía del prior del Valle y que este tendría en cuenta si la familia del dictador estaba de acuerdo. Posteriormente, la Conferencia Episcopal Española transmitió al Gobierno que no pondría impedimentos a la exhumación, aunque insistió en la necesidad de un acuerdo.
Esta postura fue la misma que comunicó el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, en la visita que realizó a la Santa Sede la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. En este viaje se produjo un desencuentro entre las partes, ya que Calvo comunicó que Parolin se comprometió a trabajar conjuntamente para que los restos del dictador no terminaran en la catedral de la Almudena, lo que fue posteriormente desmentido por el Vaticano.
La vicepresidenta Carmen Calvo, con Pietro Parolin. Foto: La Moncloa
Por otra parte, la Fundación Nacional Francisco Franco ha presentado su escrito de alegaciones al procedimiento en el que solicita, entre otras cosas, que sean llamados a declarar como testigos en este procedimiento cinco directivos de la administración del Estado, además del presidente de Patrimonio Nacional, Alfredo Pérez de Armiñán.
Este organismo público es el dueño y gestor de los bienes del Valle de los Caídos. Sus técnicos serían los encargados de los trabajos necesarios para la exhumación. La Fundación Francisco Franco considera que es fundamental para conocer cómo se realizó el encargo, así como la redacción y firma de la memoria de esos trabajos.
La Fundación Franco también ha solicitado que sean llamados como testigos el subsecretario del Ministerio de la Presidencia, Antonio Hidalgo López, al que considera “decisivo y determinante alto cargo” de este departamento. Hidalgo acompañó a la subsecretaria del Ministerio de Justicia (instructora del expediente de exhumación) en la visita al Valle de los Caídos, que la Fundación Francisco Franco considera que fue un intento de presionar al prior de la comunidad benedictina.
Además de estos altos cargos, la Fundación también pretende que se cite como testigos a otros funcionarios públicos para aclarar los que considera como “continuos y sospechosos” cambios en los cargos públicos encargados de tomar decisiones sobre los trabajos de exhumación.
Las alegaciones presentadas por esta entidad coinciden en su mayor parte con las presentadas por la familia del dictador. Además señala que, en su opinión, no se han respetado los plazos y considera que el expediente “trata de dar aparente formalidad a una decisión ya tomada con anterioridad” por el Gobierno.
EXHUMACIÓN INCONSTITUCIONAL
Igualmente, sostiene que el decreto ley que da paso a la exhumación de los restos de Franco es inconstitucional porque no existe una situación de extraordinaria y urgente necesidad que justifique su tramitación como tal.
También considera que es inconstitucional debido a que este decreto supone una disposición de caso único (ya que sólo se refiere a los restos de Franco), que infringe el principio de igualdad, y por infracción del Derecho de la Unión Europea, ya que afecta al convenio europeo de derechos humanos.
Por último, las alegaciones también señalan que la Administración no tiene jurisdicción sobre la basílica, ya que se trata como lugar de culto. La Fundación se queja además de que no le haya sido comunicada ninguna de las gestiones realizadas ante el ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial para la obtención de la licencia de obras.
